Intervención de la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, al participar en la discusión de un dictamen de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, por el que se exhorta a diversos congresos de las entidades federativas a expedir sus leyes de movilidad.
15 de noviembre de 2022
Versión de la intervención de la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, al participar en la discusión de un dictamen de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, por el que se exhorta a diversos congresos de las entidades federativas a expedir sus leyes de movilidad
Gracias, presidente.
Gracias, presidenta Paty.
Senadoras y senadores, el tema de la movilidad es de la mayor relevancia para el bienestar y desarrollo de las personas y se refiere al libre desplazamiento en condiciones óptimas entre medio ambiente, espacio público e infraestructura, cuyo cumplimiento permite que las personas alcancen diversos fines en materia individual y colectiva.
Por ello, la movilidad representa una oportunidad para brindar una mejor calidad de vida a las personas, especialmente a las más vulnerables; sus beneficios son rutas de transporte mejor estructuradas, eficiencia de los sistemas de transporte público, acceso universal a este a través de medios tecnológicos, uso de vehículos de transporte masivo con baja o cero emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera.
Como verán, es una gama de beneficios el legislar en el tema de movilidad. La movilidad como un derecho humano es novedoso en nuestra Constitución General, con su incorporación en 2020 toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Derivado de ello se expidió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial publicada el 17 de mayo, en donde se delimitan perfectamente las facultades de la Federación, los estados y los municipios, o sea se pone orden en esta materia.
Uno de los puntos medulares de esta nueva Ley General, es establecer que las legislaturas de las entidades federativas, dentro de un plazo de 180 días a partir de su entrada en vigor, este 18 de noviembre, deberán expedir sus leyes locales de movilidad y seguridad vial o actualizar sus leyes vigentes, como ya lo compartía aquí la Senadora Paty Mercado.
La mayoría, la mayoría de las entidades federativas ya han legislado en esta materia, mediante leyes nuevas o armonizado sus leyes actuales; sin embargo, y por eso este punto de acuerdo, este exhorto, 13 entidades federativas aún no cumplen con esta disposición, a pesar de que en unos días ya se cumplirá el plazo señalado.
Entre los estados que aún no cumplen, que aún no lo han hecho se encuentra mi estado Baja California Sur que cuenta con una Ley de Transporte desde 1997, la cual obviamente es totalmente obsoleta. Por esa causa, existen problemas gravísimos, muy fuertes en materia, en esta materia en la entidad, como el de las plataformas de transporte originados, en gran parte, de la falta de regulación al respecto; porque intereses económicos y políticos lo han obstaculizado en detrimento de la sociedad sudcaliforniana.
Hemos tenido persecuciones a transportes de Uber, bloqueos, hemos impedido a los trabajadores de la industria turística a que se trasladen en estos transportes, porque la autoridad local, con el compromiso de intereses particulares han perseguido a estos transportes que sirven a la población, en especial de Los Cabos.
Por eso estamos exhortando a que se regule el tema para que el ciudadano común, el ciudadano de a pie tenga la libertad de elegir el transporte que le pueda dar mayor seguridad, economía para ir a su centro laboral.
El hecho de que se legisle en materia de movilidad no implica precisamente que se esté afectando a un sector de la sociedad, ese es un discurso alejado de la realidad y es un falso debate que atiende a la defensa de intereses particulares en algunos municipios de mi estado y que, por supuesto perjudican, de manera muy grave, a la generalidad, a ese pueblo de trabajadoras y trabajadores de nuestro estado.
No debe ser voluntad de unos cuantos la razón por la cual Baja California Sur carezca de una Ley Estatal de Movilidad.
Por todo lo anterior, esas tres entidades señaladas en el dictamen requieren una Ley de Movilidad que regule, ordene este tema de movilidad y el transporte de las personas para garantizar la seguridad peatonal como máxima prioridad, así como asegurar la elección de medio de transporte que les permita el desplazamiento en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad, sustentabilidad, mejor economía en beneficio de toda la sociedad.
Por todo lo anterior, nuestro voto es a favor de este dictamen de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.
Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, Asamblea.
ooOoo