- La iniciativa pretende evitar la pérdida de ingresos por el arribo de mercancías a puertos mexicanos, el desempleo y el aumento del precio en los productos importados.
La Senadora Rosales San Román presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 1ºA de la Ley del Impuesto al Valor agregado, con la finalidad de evitar el doble cobro del IVA en el uso de Depósitos Fiscales y Recintos Fiscalizados Estratégicos en las actividades de comercio exterior, derivado ello de la obligación de retener el IVA en las enajenaciones de mercancía de comercio exterior.
La senadora expuso que actualmente la ley contempla una retención de impuestos que se aplica por la compra venta de productos de comercio exterior, entre un proveedor extranjero y una residente en territorio nacional, esto a la llegada y almacenamiento de mercancías a puertos mexicanos mediante un sistema de Depósitos Fiscales y Recintos Fiscalizados Estratégicos, misma que se refleja en un aumento del precio de los productos y en la fuga de ingresos para el estado.
Explicó que debido a este sistema, dichos proveedores extranjeros han tenido que reconsiderar el uso de bodegas y centro de distribución en Estados Unidos, lo que repercute directamente en la disminución de la llegada de buques a puertos mexicanos, así como una pérdida de ingresos por muellaje, almacenaje, maniobras, transportes, y demás servicios al interior del territorio nacional, lo cual genera desempleo y el incremento del precio final de los productos importados.
En este sentido, la Senadora expuso que la iniciativa pretende evitar la pérdida de ingresos por el arribo de mercancías a puertos mexicanos debido a la retención de impuestos que se da en los Depósitos Fiscales y en los Recintos Fiscalizados Estratégicos, además del cierre de empresas nacionales que generan empleos y divisas para el país, con la inversión extranjera, lo cual implica despidos masivos, estados de quiebra, y demás consecuencias económicas que ello implica.
Detalló que la necesidad de llevar a cabo esta reforma se desprende de la posibilidad de generar más empleos y reducir el costo de los productos para las familias mexicanas, lo cual se traduce en una mejora en su calidad de vida y mayor movilidad económica para los puertos mexicanos y por ende para el país entero.
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