Intervención de la senadora Indira Rosales San Román, al presentar una iniciativa que reforma los artículos 201 del Código Penal Federal y 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Ley General de Víctimas; y que modifica diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
10 de febrero de 2022
Versión de la intervención de la senadora Indira Rosales San Román, al presentar una iniciativa que reforma los artículos 201 del Código Penal Federal y 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Ley General de Víctimas; y que modifica diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
“Mis víctimas, eran mujeres con hijos, quería que sintieran lo que yo cuando mataron a mi mamá y por eso las mataba frente a los niños”.
Estas fueron las palabras de Susana, una niña de 14 años que, como tantos, fue reclutada por uno de los cárteles más poderosos del país para vender droga y cometer todo tipo de delitos.
Actualmente, en México y el mundo, se vive una grave crisis ante el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes; datos estadísticos de la Red por los Derechos de la Infancia Redin, revelan que son más de 300 mil niñas y niños en el mundo los que pertenecen a las filas de alguna organización criminal.
En México el problema es serio. De acuerdo con una estimación realizada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en 2015 fueron más de 30 mil las niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado, y para el 2018 dicha cifra se elevó a 46 mil, cifra por demás desgarradora.
Pero esto no es todo, si el problema continúa, datos estadísticos del Sistema Nacional de Seguridad establecen que tan solo del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se registraron dos mil 37 homicidios de personas menores de 17 años.
¿En qué momento México se convirtió en un peligro y amenaza latente para nuestros niños?
¿En qué momento nuestros niños se olvidaron de jugar en las calles para formar parte de grupos criminales? No podemos permitir que esto siga ocurriendo, es momento de que tomemos acciones.
Si bien a nivel internacional México ha ratificado diversos instrumentos internacionales, como la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño que prevé no reclutar niños menores de 18 años, tomar todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y desmovilizar menores de 18 años reclutados o utilizados en hostilidades.
Lo cierto es que a nivel nacional la deuda es inmensa, pues aún con recomendaciones internacionales, no existe a la fecha regulación normativa que tipifique este delito y, mucho menos, disposiciones normativas que garanticen los derechos de nuestros niños.
Por lo anterior, mi iniciativa obedece a las recomendaciones por parte de diversas organizaciones de sociedad civil, en el cual el Estado mexicano debe tipificar como delito, de manera explícita, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados o grupos de la delincuencia.
Pero no solo esto, también ha señalado que es necesario garantizar que nuestros niños reclutados ilegalmente tengan acceso a la justica. En este sentido la iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 201 del Código Penal Federal incluyendo como delito de corrupción contra menores, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, de modo que en el mismo artículo se establecerá una pena de prisión de 10 a 20 años y de un mil a 20 mil días para quien incurra en este ilícito.
Ahora bien, de aprobarse esta reforma al Código Federal y en aras de armonizar los ordenamientos normativos, se propone también una adición al artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para sancionar como miembros de la delincuencia organizada a quienes se organicen, de hecho, para organizar el delito de corrupción de menores.
Por otra parte, y también velando por el interés superior del menor, se propone una reforma a la Ley General de Víctimas para reconocer, con el carácter de víctima, a estos niños. Lo anterior, otorgará la más amplia protección a nuestros adolescentes y jóvenes.
Sin embargo, también necesitamos el compromiso del gobierno federal y de los gobiernos estatales para garantizar que esta propuesta sea una realidad.
Por otra parte, y en lo que respecta a las propuestas de reforma y adición a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia y Penal para Adolescentes se propone, entre otras cuestiones, que todas las fiscalías de justicia de los estados y de la Federación cuenten con protocolos de actuación aplicables a detenciones de adolescentes puestos a disposición por delitos relacionados con las actividades de grupos armados.
De igual forma, se propone la creación de un plan de reintegración y desmovilización, con la finalidad principal de que las autoridades estatales y federales realicen acuerdos para asegurar el bienestar de nuestros niños.
Otro aspecto también a destacar de este plan es que se prevé que en aquellos casos en que la reincorporación al entorno social represente un peligro que pueda atentar una vez más contra su integridad, las autoridades federales y estatales otorguen la posibilidad de reubicación del menor a alguno de los centros o albergues del Sistema DIF.
Por otra parte, se propone la creación de un seguimiento postpenitenciario que permita dar un acompañamiento a jóvenes y adolescentes que culminan una medida privativa de libertad.
Finalmente, y no menos importante, también se propone una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para que se inicie una carpeta de investigación por el delito de trata a quienes cometan estos delitos.
Senadores y Senadoras:
La presente propuesta es de gran importancia, tenemos que garantizarles a nuestros niños una infancia feliz, una infancia libre, como legisladores tenemos esta oportunidad, por ello solicito su total apoyo e impulso en las comisiones a las cuales sea turnada esta iniciativa y posteriormente su apoyo en el Pleno de la República.
Hagámoslo por los niños mexicanos.
Es cuanto.
ooOoo