- El acuerdo de López Obrador es una política de opacidad para seguir favoreciendo a la corrupción
El coordinador de senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, declaró que el decreto emitido por el Presidente de la República es una política de opacidad, además de violar la Constitución para construir sus obras faraónicas, mismas que han sido denunciadas.
“Con el pretexto de la seguridad nacional, se busca blindar todos los proyectos de infraestructura. Y cuando digo todos los proyectos de infraestructura, porque así lo reza el acuerdo, se habla incluso hasta de las pequeñas carreteras. Que alguien diga si una carretera que conecta una comunidad con otra puede ser un asunto de seguridad nacional”, expuso el senador.
Esto en el marco del acuerdo emitido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de declarar asuntos de seguridad nacional los megaproyectos de infraestructura, con lo que no podría revelarse detalles como contratos y licitaciones por ser considerada información que pondría en riesgo la seguridad nacional.
“En realidad, lo que están ocultando son todas aquellas implicaciones que tienen estos proyectos y todos en general, como los que atentan contra el medio ambiente, los derechos humanos, la eficiencia gubernamental, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, y contra el patrimonio de los mexicanos”, remarcó.
Rementería del Puerto, acompañado de senadoras y senadores de su bancada, hizo un llamado a todas las instancias para presentar una acción de inconstitucionalidad, y así detener el decreto que emitió el Presidente en el que califica a los megaproyectos y obras de este gobierno como asuntos de seguridad nacional.
“Empiezo por la Presidencia de esta Cámara de Senadores, por la senadora Olga Sánchez Cordero, ella tiene la facultad, la posibilidad y la obligación de hacerlo ante la evidente inconstitucionalidad que tiene este acuerdo, y que no debe de permitirse”, apuntó.
Asimismo, refirió que nadie que realmente quiera a México puede estar conforme con lo que se plantea en el llamado “decretazo”, que no sólo circunscribe al ámbito del gobierno, afecta a toda la población, y además de que generará mucha más opacidad de la que ya existe en nuestro país.
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Ciudad de México, 23 de noviembre de 2021
Comunicado de la oficina del senador Julen Rementería del Puerto
Intervención inicial del coordinador de las senadoras y senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, en conferencia de prensa.
Conferencia de prensa ofrecida por las y los senadores del GPPAN, encabezados por su Coordinador, Julen Rementería del Puerto, antes del inicio de la sesión ordinaria.
23 de noviembre de 2021
Versión de la conferencia de prensa ofrecida por las y los senadores del GPPAN, encabezados por su Coordinador, Julen Rementería del Puerto, antes del inicio de la sesión ordinaria
SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO (JRP): Muy buenos días. Esta mañana teníamos preparado hablar de otros temas, muy relevantes para nuestro país.
Pero a raíz de la publicación del Diario Oficial de la Federación del día de ayer no queda más queda más que la obligación de pronunciarse sobre ese verdaderamente e inconstitucional acuerdo que publica el presidente junto con los secretarios del gobierno de México.
En ese acuerdo se habla de cosa que realmente ocultan su verdadera motivación. Con el pretexto de la seguridad nacional, se busca blindar todos los proyectos de infraestructura. Y cuando digo todos los proyectos de infraestructura, porque así lo reza el acuerdo, se habla incluso hasta de las pequeñas carreteras. Que alguien diga si una carretera que conecta una comunidad con otra puede ser un asunto de seguridad nacional.
En realidad, lo que están ocultando es todas aquellas implicaciones que tienen estos proyectos y todos en general, unos en general, otros menos, atentan contra el medio ambiente. Por supuesto, contra los derechos humanos, contra la eficiencia gubernamental, contra la transparencia ye le acceso a la información. Contra la rendición de cuentas. Contra el patrimonio de los mexicanos. Da autorización prácticamente inmediata para que se puedan iniciar los trabajos.
Y suponiendo, vamos a imaginar que se quiere abrir un camino, como el que están abriendo precisamente por donde pasaría el Tren Maya. En donde no han logrado todavía los permisos. Pues con este acuerdo, publicado el Diario Oficial el día de ayer, podrían simplemente emplazar a la autoridad responsable a que en cinco días les den los permisos, cosa que es materialmente imposible. Tampoco tienen los derechos de vía, pero lo van a invocar como seguridad nacional.
¿Y qué va a pasar dentro de un año, cuando este permiso provisional haya sido concedido o no? Y en el caso de que no se conceda qué va a pasar con la autorización y con el daño que ya se hizo, en donde ya, si hablamos de materia ambiental ya la zona ya estará impactada y ya no tendrá remedio. Nos parece algo verdaderamente de escándalo algo brutalmente contraproducente para el país. El acuerdo a todas luces es inconstitucional.
Aquí quiero hacer un llamado a todas aquellas instancias que tiene la posibilidad y la obligación a la luz de la evidencia de intentar de detenerlo, plantearlo una controversia constitucional.
Y empiezo por la presidencia de esta Cámara de Senadores, por la senadora Olga Sánchez Cordero, ella tiene la facultad, la posibilidad y la obligación de hacerlo ante la evidente inconstitucionalidad que tiene este acuerdo, y que no debe de permitirse.
Nadie que realmente que quiera a México puede estar conforme con o que aquí se plantea. En donde se va generar mucha más opacidad de la que ya existe en nuestro país.
Lo que tenemos es que hacer el llamado a todas aquellas instancias que tienen esta posibilidad de plantearla. Nosotros, por nuestra parte, aquí en el Senado, intentaremos desde luego la vía de la acción de inconstitucionalidad.
Sabemos que es un camino que de repente no es fácil. Pero estamos obligados a hacerlo y por eso lo vamos a intentar. Y hay argumentación que permite sostener que sí es procedente la vía, porque aquí hay una afectación con este acuerdo.
No se circunscribe solamente al ámbito del gobierno, afecta a toda la población.
Lo que hoy está pasando en México, con este acuerdo, es una muestra más, una terrible muestra más de la gran, pues digamos que capacidad de autoritarismo que hay en este gobierno. No están conformes con cumplir la ley.
El desprecio, el desdén que se tiene por cumplir por cumplir las leyes. Para poder realizar estos proyectos se requiere planeación. Se requiere un gobierno que sea eficiente, que pueda tener en consideración todos aquellos requisitos que necesita obtener para desarrollar el proyecto. Y como este es un gobierno absolutamente incompetente, que no tiene planeación, que no conoce de estrategias, que no conoce de los tiempos, lo que hace con este acuerdo materialmente es eliminar todos los requisitos para poder, a su antojo, arrancar cualquier obra que le dé la gana, y eso no lo debemos de permitir los mexicanos.
Eso no es lo que se ofreció en campaña, el respetar la ley, el hacer las cosas conforme lo establecen los procedimientos.
Hoy estamos verdaderamente asombrados de esta capacidad, de este desdén por las leyes, por no cumplir lo que en ellas se establece.
Quiero decir que con este acuerdo este gobierno va a pasar a la historia como el más opaco que haya tenido este país y, desde luego, con ello, seguramente el más corrupto.
No podemos permitir los mexicanos, que queremos lo mejor para esta nación, que se sigan atropellando las decisiones que tienen que pasar necesariamente por la legalidad.
Hoy estamos ante esta circunstancia, una disyuntiva, permitimos que este acuerdo camine u obligamos al gobierno a que cumpla con las leyes y las disposiciones, para hacer los proyectos de infraestructura, sí, que son muy necesarios, pero que requieren cumplimiento de todas las disposiciones reglamentarias que están previstas en el marco normativo
No pedimos que no se haga las obras, queremos que se hagan, pero que se hagan bien, pero que se cumpla con la norma, eso es exactamente lo que merece el pueblo de México y eso es lo que estamos pidiendo cada uno de los senadores del Partido Acción Nacional.
Y no solamente nosotros, en toda la sociedad civil ha habido una gran cantidad de manifestaciones, en donde, asombrados por el alcance de este acto de autoritarismo, se pretende dejar de lado toda la legislación de este país.
Es cuanto.
PREGUNTA (P): Buenos días, senadoras, senadores.
Quisiera saber cuál es el acuerdo que tiene el PAN en torno al nombramiento de la persona que ocupará un asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entiendo que hoy lo analizaron y quisiera saber cuál es su posición.
Y dado que, justamente, este tipo de decisiones presidenciales, que pueden terminar en la Corte, pues ahora la Corte va a tener cuatro integrantes nombrados en este gobierno, y con esos cuatro son suficientes para evitar las declaraciones de inconstitucionalidad.
Entonces quisiera saber la valoración del PAN sobre esta persona que debe de llegar y cuál es el sentido de los panistas en torno a esta terna, ¿quién debe ser el ministro o la ministra?
Y dos, el día de hoy el presidente de la República está presentando a ustedes una iniciativa de reforma a la Ley del del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, para que el secretario…, el general, el secretario de la Defensa Nacional pues pueda delegar en comandantes sus funciones militares, dado que ya tiene tantas funciones de administración pública, pues que necesita tener en ley esta posibilidad de atender la administración pública (inaudible) civiles y, por el otro lado, lo militar, lo que es de él, pero ya lo delega a comandantes.
Quisiera saber una valoración, así de botepronto, sobre esta iniciativa que también incluye un nuevo Estado Mayor Presidencial con un poder diferente y para auxiliar al secretario de la Defensa Nacional en estos asuntos que tienen que ver con su dualidad entre funciones civiles, que antes eran civiles, y su función meramente militar.
Gracias.
JRP: Con mucho gusto, Lety.
Yo empezaría por el segundo tema, justo en el planteamiento de tu pregunta viene ya implícita la respuesta que te podría dar, tú misma nos mencionas de que parte de la motivación es porque tiene tantas tareas, tiene tantas cosas que hacer ahora, que no le tocan al Ejército, que no están precisamente en su ley, por eso quiere hacer la modificación, que lo que está es desvirtuando la verdadera función de las Fuerzas Armadas permanentes.
Me parece que es un verdadero despropósito, de inicio, darle todas estas tareas precisamente al Ejército, a la Armada, cuando son tareas para las que no están preparadas, ni siquiera legalmente, como la propia iniciativa reconoce, porque se tiene que modificar la ley para que pueda atender otras responsabilidades, y lo que debíamos de procurar es de darle el prestigio que merece al Ejército, a la Armada, a la Marina Armada de México, el poder tener la oportunidad de que vuelvan a ser justo las tareas para las que han sido creadas y que se establecen en la ley, y no andar buscando cómo todas las actividades civiles, como lo mencionaste, pues ahora tengan cabida en la administración a partir de la actividad que tenga en ellas el Ejército o la Fuerza Armada, en ese caso la Marina Armada de México.
Habrá que conocer a detalle, como mencionas, la iniciativa, pero de entrada yo lo que puedo decir es que de lo que estamos hablando es de volver al Ejército en una dependencia más que administra cosas civiles y que no es su función ni tiene por qué ser.
Respetamos mucho, pero mucho al Ejército y a la Marina Armada de México y lo que queremos es que en ese respeto vaya precisamente en la actuar del gobierno y que al respetarlas pueda reconsiderar todo esto que ha hecho y que pasen a ocupar la labor que siembran ocupado y que debe de seguir ocupando.
Respecto a la primer pregunta, estamos en el proceso de deliberación; como bien lo saben, esta decisión sobre quién recaerá el nombramiento de ministro o ministra de la Suprema Corte para conformar el cuerpo, ahora que se tenga la ausencia, nos parece de la mayor importancia justo por lo que hablábamos hace un momento, porque este tema del acuerdo de hace un rato va caer precisamente en la Corte, va a llegar ahí y requiere de personas que estén conscientes de lo que están resolviendo, que vean que lo que están resolviendo no es la instrucción de alguna persona.
Primero, que la obligación es de actuar conforme a derecho, respetar el marco constitucional y así resolver, pero, segundo, que tengan claro que la actuación que ellos tienen tiene consecuencias en este país y como todos los que estamos aquí tenemos intereses de índole personal, familiares, de hijos, de padres, de parientes que al final requieren un país con orden y lo que se está proponiendo desde este gobierno, prácticamente desde el primer día de la llegada de este gobierno, es solo acciones autoritarias que no promueven el orden y que, por supuesto, no debe de permitir que continúen así.
El llamado, pues, a quién resulte hoy electo por la Cámara de Senadores como ministra o como ministro es a que más allá de quien haya tenido que ver con la posibilidad de que resulte nombrado o nombrada tenga la idea clara de que a quien tiene que atender es a los asuntos de México, lo que le beneficia a México, lo que marque la Constitución.
No nos interesa a los panistas tener a nadie a modo, lo que queremos es tener a una ministra o a un ministro que respete la Constitución, porque eso es lo que le sirve al país y lo que le sirve a todos los partidos y, desde luego, a cada uno de los ciudadanos de esta nación.
Y eso es lo mínimo que podemos exigir para quién resulte nombrado.
Respecto al nombre específico de la persona eso es algo que está todavía por resolverse en los próximos minutos.
Seguramente, no tardará mucho en saberse, pero también, lo saben ustedes que no es un asunto que resuelva ningún grupo parlamentario, que se genera un acuerdo, se necesita en este caso, por fortuna, dos terceras partes de los votos de la Cámara para poder nombrar a quién resulte electo con esa gran responsabilidad.
MODERADORA: La siguiente pregunta se las envía vía remota Gerardo Segura de Azteca Noticias, él quiere saber si interpondrán denuncias por la corrupción que hay en las obras del aeropuerto de Santa Lucía, y también hasta cuándo acudirán a la Corte Internacional para denunciar casos como estos de corrupción o por los delitos de lesa humanidad por los más de 600 mil muertos por la pandemia o el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue una imposición en esa institución y que ustedes se comprometieron a acudir a la Corte Internacional.
SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN (KLR): Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, en términos en términos de derechos humanos, entiendo que después verán los demás temas.
En términos de derechos humanos es claro que este gobierno sigue aplastando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que la Comisión de Derechos Humanos y específicamente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sigue callada, callada ante medio millón de muertes por Covid; callada ante 100 mil asesinatos; callada ante 25 mil desaparecidos en este gobierno de López Obrador.
Por supuesto que nosotros una vez que concluya el proceso nacional, acudiremos a instancias internacionales ,pero es por eso por lo que urge un poder, una Suprema Corte de Justicia de la Nación autónoma y es ahí a donde hoy justo estamos acudiendo, a que quien sea electo por esta Cámara de Senadores pueda saber que tiene el respaldo no solamente en términos políticos de todos los grupos parlamentarios, sino también que tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución, más allá de favores personales o de historias en algún partido político.
Nosotros hoy seguiremos defendiendo la constitucionalidad y seguiremos, por supuesto, exigiendo a nivel nacional e internacional que los derechos humanos no se conculquen. El decretazo, este decretazo presidencial es una muestra más de cómo el Presidente de la República violenta los derechos humanos y no le importan, porque está obsesionados con sus obras faraónicas, está obsesionado, por cierto, con dar adjudicaciones directas a sus amigos y está obsesionado con violentar la Constitución.
MODERADORA: La siguiente pregunta se las envía Ingrid Sánchez de La Silla Rota, y la pregunta va dirigida a la senadora Kenia, ella le pregunta: ¿qué pasó con el nombramiento de Arturo Herrera como presidente de Banxico? ¿Es cierto que el Gobierno federal retiró el dictamen de comisiones? ¿Esto podría generar inestabilidad en los mercados?
KLR: Bueno, hoy hay una columna publicada a propósito de ese tema. Decir que yo presidía la comisión de dictamen en la Comisión Permanente y efectivamente se retiró el dictamen correspondiente, ya estaba incluso en el orden del día, ustedes lo recordaran, fue transparente y público que se retiró porque no había los votos suficientes para poder aprobarlo en su momento. La decisión posterior, me refiero a las decisiones del gobierno y de su mayoría aplastante aquí en el Senado de la República, pues esas, la respuesta la tendrá que dar el propio partido en el gobierno, solamente un llamado a que las decisiones que el gobierno y sus legisladores tomen aquí en el Senado ojalá y sean las más responsables, porque en medio de una pandemia, ante una crisis económica, ante una brutal inflación, estar en condiciones de incertidumbre me parece terrible, pero devela claramente el desorden que hay en este gobierno y devela claramente cómo el Presidente no sabe gobernar, solamente sabe estar en campaña.
Gracias.
MODERADORA: ¿Alguien más compañeros de los medios que tenga alguna pregunta?
No senadoras, no senadores, no tenemos más preguntas registradas.
JRP: Muchas gracias.
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