Intervención en tribuna de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez para referirse al dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud en materia de creación de Instituto de Salud para el Bienestar.
Gracias, Presidenta.
Saludo a mis compañeras Senadoras y Senadores, y saludo también a los papás y las mamás que nos acompañan.
Este gobierno se ha propuesto sustituir el Seguro Popular, para establecer el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, construyendo así un Sistema de Salud Centralista y Vertical. Nadie, nadie, absolutamente nadie puede estar en contra de brindar servicios de salud, medicamentos, insumos a todos los mexicanos de manera totalmente gratuita, a todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social, que desafortunadamente son las personas que menos recursos tiene, pero este excelente propósito quedará solo en buenas intenciones, si no se le asignan los recursos presupuestales suficientes.
Se nos dice que va a haber protección a la salud y que va a quedar garantizada por el Estado, que va a brindar un servicio gratuito, progresivo, oportuno y de calidad; sin embargo, vuelvo a repetir, no se asignan en el presupuesto los recursos suficientes para atender, por un lado, los servicios esenciales de salud.
Y por otro, los de alto costo y complejidad que ya venía proporcionando el Seguro Popular.
Existe una enorme preocupación por padres de familia, algunos de ellos nos acompañan, cuyos hijos han estado recibiendo tratamiento por cáncer, enfermedades consecuencia de cuidados neonatales, enfermedades congénitas y también preocupación de pacientes víctimas de cáncer, de VIH-Sida, Hepatitis C, o quienes son candidatos a recibir un trasplante y que están siendo atendidos ya con los recursos del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Y estas personas le exigen al Insabi que garantice, ya, la continuidad de sus tratamientos y medicamentos. Y esto parece estar en riesgo, toda vez que el PEF del 2020 solo asigna al Seguro Popular un incremento del 1.8, que en términos reales es un crecimiento negativo si tomamos en cuenta que la inflación estimada es del 3 %.
Aún más, la iniciativa del Insabi al analizar el presupuesto, lo único que dispone es que el monto del presupuesto del Insabi no sea inferior al del Ejercicio Fiscal anterior, esto es absolutamente insuficiente y la misma obligación se impone a las entidades federativas.
Esto va a implicar que el próximo año será prácticamente imposible atender mayor número de beneficiarios, mejorar la calidad en el servicio y atender progresivamente un mayor número de padecimientos.
Lo que es todavía más grave, el propio proyecto de ley del Insabi instruye transferir a ese instituto hasta 40 mil millones de pesos que actualmente tiene el Fondo de Gastos Catastróficos y se le indica que puede disponer de ellos el instituto, según lo requiera.
Esto significa que el ahorro que tenía la nación para atender estas enfermedades de alta complejidad, especialidad y también que se presentan por un largo tiempo o con una mayor frecuencia no va a contar con este fondo, se va a ir al Insabi, sí, pero a destinarlo a los gastos operativos que se requieran y no necesariamente para aquellas enfermedades llamadas catastróficas.
Es una magnífica idea proponer servicios de salud totalmente gratuitos a toda la población, pero mientras esto no esté previsto en el Presupuesto es letra muerta.
Si la atención médica a toda la población es realmente una prioridad, esta prioridad requiere verse reflejada en el Presupuesto.
Hay una expresión muy clara que dice: “Prioridad que no se refleja en el Presupuesto es letra muerta, es demagogia, es un engaño”.
Gracias, Presidenta.
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