Intervención del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, al presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley de la Guardia Nacional.
29 de octubre de 2019
Versión de la intervención en tribuna del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley de la Guardia Nacional, en materia de seguridad social para miembros de instituciones de seguridad pública.
Con el permiso de la Presidencia. Gracias.
Creo que quienes estamos aquí, de una o de otra forma tenemos un compromiso con la sociedad y una de las principales quejas y reclamos es la seguridad pública, definitivamente.
En este Senado hemos aprobado ya varias iniciativas, una de ellas es la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde afortunadamente fue aprobada por unanimidad.
Y otra Ley también en materia de seguridad que hemos aprobado, es la Ley de la Guardia Nacional.
Yo creo que todos de una o de otra forma hemos apostado, precisamente, a tener un marco jurídico que nos dé certeza y que nos dé seguridad.
¿Pero qué es lo que pasa con cada uno de los elementos de seguridad pública? Tristemente cuando se quieren jubilar o pensionar, pues simple o sencillamente los sueldos no son los suficientes para poder tener una vida digna.
Es por eso que estoy proponiendo esta iniciativa para aquellos elementos de seguridad pública de todas las corporaciones policiacas, de la Guardia Nacional, tengan una pensión realmente digna.
¿Por qué? Porque la seguridad pública en la actualidad, uno de los principales retos a resolver, tanto por el gobierno federal, como de los gobiernos de las 32 entidades federativas y de los municipios que conforman el territorio nacional.
Por años se han venido implementando diversas políticas públicas en materia de seguridad pública, que lamentablemente han tenido pocos resultados palpables y que en muchos de los casos simple y sencillamente los índices se han incrementado en base a los datos del Sistema Ejecutivo, del Secretariado Ejecutivo Nacional.
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de Derecho genera las condiciones que permite al individuo realizar sus actividades cotidiana, con la finalidad de que su vida, su patrimonio y todos sus bienes estén exentos de cualquier peligro, daño o riesgo.
Es por ello que una parte fundamental para lograr ese estado de bienestar general, a través de las instituciones encargadas en materia y procurar la seguridad pública en el país, es a través de la mejora continua de las condiciones de trabajo y de seguridad social en las que se desenvuelven los elementos pertenecientes a las diversas instituciones policiacas, tanto a nivel federal, local y municipal.
A partir del 26 de marzo del año 2019, día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se entregó, en vigor, y entró en vigencia la Guardia Nacional, se cambió la naturaleza de la Policía Federal y se estableció un desplazamiento gradual, dando la posibilidad a los integrantes de formar parte de la nueva institución, de modificar su adscripción o de retirarse del servicio con todas las prestaciones que corresponde a la Ley.
En México, existen alrededor de 331 mil personas que son policías y seguramente también lo que es ahora la Guardia Nacional, que en base a los datos del Secretariado de Seguridad Ciudadana, el 30 de junio la Guardia Nacional incorporó un total de 82 mil elementos, de los cuales 71 mil elementos eran de la Secretaría de la Defensa Nacional, 12 mil de la Secretaría de Marina y 17 mil miembros de la Policía Federal, esperando que para el año 2021 aumente a 111 mil el número de elementos que estén precisamente en estas filas.
Las condiciones en las que operan dichos miembros deben de ser de calidad y atendiendo a los riesgos a los que se enfrenta en el ejercicio de sus labores. Es por ello que se requiere una regulación clara y precisa de cuáles son la prestaciones y pensiones en materia de seguridad social a las que tiene acceso, circunstancialmente, en un marco jurídico, en el cual exprese el nivel constitucional o el nivel legal y también el nivel reglamentario.
Por ello, como legislador federal, comprometido no solo con el Estado de derecho, sino también con el mejoramiento continuo de las condiciones en materia de seguridad pública que implica una labor integral en las condiciones de trabajo y seguridad social con las que cuentan los elementos integrantes de estas corporaciones policiacas, es por ello que he tomado la decisión de presentar esta iniciativa que pretende reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal y la Ley de la Guardia Nacional, para incorporar a un sistema de pensiones mínimas que deberá cubrirse con los integrantes de estas instituciones policiacas a nivel federal, estatal y municipal, de las cuales serán pensiones por jubilación, pensiones por vejez, pensiones por invalidez, pensiones por causa de muerte, pensiones por cesantía en edad avanzada, garantizando, así, mejor desempeño en su labor política y, sobre todo, también garantizando una mejor calidad para todos los ciudadanos.
Además de que, para determinar el monto de las cuotas y aportaciones, así como de los montos de las pensiones de tomarse en cuenta no sólo el sueldo base conforme al catálogo y el tabulador de sueldos salariales de la Secretaría de Hacienda, sino también de la compensación por jerarquía que en dicho catálogo se establece para cada puesto, logrando así una protección más amplia a los elementos policiales y su familia.
No podemos seguir permitiendo que nuestras fuerzas policiales, las encargadas del bienestar, de la seguridad y confianza de cada una de las y los integrantes de este país arriesgue su vida sin contar con elementos que le garantice una protección en cada una de sus prestaciones; o inclusive también cuando está en servicio, o incluso hasta ellos mismos han dado la vida por nosotros.
Es por eso que, una vez concluida esa carrera, y retirándose de estas instituciones, se tiene que dar una pensión que les permita disfrutar de su retiro y de su vejez con reconocimiento de los años de labor brindad en favor de la sociedad.
Como legislador, protegemos jurídicamente a quienes nos protegen socialmente, podemos afirmar que hemos dado un gran avance en el verdadero Estado de derecho que garantice las demandas mínimas de seguridad y paz que tanto necesita nuestro país.
Hoy, más que nuca, digamos sí a pensiones justas para todos y cada uno de los elementos de las policías.
Digámosles sí a pensiones justas a los elementos de la Guardia Nacional.
Es cuanto, Presidenta.
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