Senadora Guadalupe Murguía: Extinción de dominio… ¿una amenaza?

La publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio ha provocado preocupación entre académicos, analistas y la sociedad en general, particularmente en lo que se refiere a la posibilidad de que los bienes asegurados puedan ser enajenados, aún sin sentencia firme. La venta anticipada de bienes en diversos supuestos, como por ejemplo, cuando su mantenimiento o conservación resulte costoso al erario, es considerada por algunos como una violación al derecho a la propiedad.

De igual manera, no queda claro el destino que se dará a la venta de los bienes enajenados, ya que podrán ser asignados por el Gabinete Social del Ejecutivo a los programas sociales prioritarios de este gobierno. Surge el cuestionamiento de que esta figura sea utilizada como instrumento a modo para financiar el alto costo de los programas sociales, con un claro objetivo de clientelismo electoral.

Estos aspectos fueron motivo de reservas del Grupo Parlamentario del PAN durante la discusión de la ley, sin embargo no contaron con la aprobación de la mayoría legislativa de MORENA para incluirlos.

Hay que reconocer que en nuestra sociedad existe una enorme desconfianza en las instituciones de procuración de justicia, y al tratarse de un proceso que busca asegurar bienes obtenidos presuntamente de manera ilícita, surge el temor de que pueda pervertirse y ser utilizado arbitrariamente en contra de adversarios o críticos del gobierno en turno.

Lo que también es cierto es que la sociedad ha exigido reiteradamente a sus gobiernos y representantes populares que se combata la delincuencia, la corrupción, que los hechos no queden impunes, y lo que es más, que sean privados de los bienes obtenidos ilícitamente.

Esto es lo que busca la extinción de dominio, pegarle a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a la corrupción, en donde más le duele, es decir, en sus bienes, en el patrimonio obtenido ilícitamente.

Este proceso ha sido implementado en países latinoamericanos como Colombia y otros países europeos, y está basado en diversos convenios internacionales para combatir la corrupción, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de estupefacientes, así como en la ley modelo de las Naciones Unidas que propone las líneas fundamentales para hacer eficaz esta herramienta jurídica.

En nuestro país esta figura se estableció desde el 2008, pero por su vinculación al proceso penal no dio los resultados esperados, de ahí la necesidad de expedir un nuevo ordenamiento.

Como legisladores estamos comprometidos en dotar al gobierno federal de los instrumentos legales para combatir estos problemas, pero también estamos obligados a preservar la seguridad y la tranquilidad de las personas y de las familias, de tal manera que tengan la confianza de que no serán privados en sus posesiones o propiedades, salvo cuando exista una resolución judicial, donde fueron escuchados y manifestaron su oposición.

Es por ello que los senadores y diputados del PAN presentamos en la Comisión Permanente una iniciativa que reforma diversas disposiciones de esta ley, para tales propósitos.

Es muy importante erradicar la corrupción y la impunidad, pero es todavía más importante brindar certeza, seguridad y tranquilidad a las personas y a las familias.

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Publicado por El Diario de Querétaro, 21 de Agosto de 2019

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