Senadora Guadalupe Murguía: Guardia Nacional por consenso

Es inobjetable que uno de los principales problemas del país es la grave inseguridad y la violencia que prevalece en muchas regiones, las cuales están bajo el control de la delincuencia organizada.

Lo anterior ha motivado un incremento constante en los índices de homicidios, feminicidios, secuestros, robos y extorsiones, sin que las autoridades de la Federación, estados y municipios puedan contener la violencia.

En nuestro país el 99% de los delitos quedan sin castigo, los delincuentes saben que difícilmente serán aprehendidos y enfrentarán la justicia.

Ante este panorama, todos los grupos parlamentarios en el Congreso reconocieron la necesidad de lograr acuerdos para la conformación de la Guardia Nacional.

Prevaleció el objetivo común de evitar la militarización de la seguridad pública, garantizando que la Guardia Nacional sea auténticamente un cuerpo civil, adscrito y bajo el mando de autoridades civiles, en la que los elementos castrenses que participen se despojen del fuero militar, solicitando licencia o su retiro de las Fuerzas Armadas.

Cabe destacar que en campaña AMLO ofreció sacar al Ejército de las calles; sin embargo, ante la delicada situación del país rectificó su criterio para abrir paso a la participación temporal y transitoria de elementos de las Fuerzas Armadas.

Para la creación de la Guardia Nacional y la aprobación de las leyes secundarias se atendió la opinión de la ciudadanía, de los expertos en seguridad y de las instancias internacionales de derechos humanos, así como las mejores prácticas de seguridad pública en los países democráticos.

En las naciones democráticas las corporaciones policiacas son civiles y corresponde propiamente a los regímenes autoritarios o dictatoriales el que los cuerpos de seguridad pública estén militarizados.

Si bien es cierto que se reconoce la honestidad del Ejército y la Marina, que mantienen altos niveles de confianza ciudadana, es importante garantizar que la seguridad esté a cargo de un cuerpo civil.

En México tenemos un buen Ejército, ya que los gobiernos posrevolucionarios acotaron la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de defensa nacional, protección en casos de desastres y combate al narcotráfico.

En este sentido, me permito destacar la opinión del constitucionalista Elisur Arteaga, quien señala que el militarismo que prevaleció en México en el siglo XIX y en los inicios del XX, llevó a los constituyentes de 1917 a someter a las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, lo que sin lugar a dudas significó el fortalecimiento de nuestra democracia.

El Acuerdo de la Guardia Nacional tiene el propósito de preservar este legado, por lo que esperamos que el Presidente y el Gobierno federal den cumplimiento a los lineamientos constitucionales y legales que regirán su actuación.

Queremos una Guardia Nacional capaz de resolver el grave problema de la inseguridad, ahora ya es responsabilidad del gobierno federal su implementación y resultados.

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Publicado por El Diario de Querétaro, 29 de mayo de 2019

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