- Se debe velar por garantizar la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la estabilidad laboral y devolver dignidad a los miembros de corporaciones policiacas
El senador Marco Antonio Gama Basarte propuso que por ley todo aquel miembro de una institución policiaca que enfrente un juicio, pero que no se demuestre que cometió algún ilícito, pueda ser reinstalado y ocupar el cargo que desempeñaba antes de ser cesado.
La propuesta del legislador por San Luis Potosí, que busca reformar el segundo párrafo de la fracción treceava apartado B del artículo 123 constitucional, establece la obligación del Estado mexicano de pagar sueldos caídos y reinstalar en sus funciones a los agentes del ministerio público, peritos o miembros de cuerpos policiales, federal, estatales o municipales que hayan sido separados de su cargo y se compruebe que no cometieron ilícito alguno.
Hoy debemos buscar que nuevamente las corporaciones policíacas retomen su dignidad, debemos buscar que ser policía en nuestro país vuelva a ser motivo de honor, para lo cual tenemos que brindar las condiciones laborales básicas para exigir un buen desempeño de todo aquel elemento que desempeñe un cargo policial, indicó al presentar sus iniciativa.
Gama Basarte expuso que la actual norma constitucional, en ese apartado, se reformó 1999 para acabar con la corrupción en el país y brindar seguridad a toda la población.
“Actualmente nos podemos dar cuenta que la medida no ha sido eficaz, pues ni se ha acabado la corrupción, ni se garantiza la seguridad de todo mexicano al no permitir que cualquier miembro de las fuerzas policíacas que resulten inocentes en un juicio pueda reinstalarse en su cargo”, señaló.
Además, dijo, la norma no ha sido analizada a la luz del nuevo esquema de derechos humanos, en el cual se debe velar por garantizar la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y la estabilidad laboral.
Del mismo modo, agregó, es violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, de igualdad ante la ley, estabilidad laboral y presunción de inocencia.
A la luz del nuevo paradigma de derechos humanos adoptado por México a partir del año 2011, nuestro país estableció que en todo momento se debe velar por los derechos de todos los ciudadanos y verificar que toda ley, federal, estatal o municipal cumpla con los requisitos de garantizar los derechos fundamentales de toda persona, concluyó.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.
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