Intervención de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios, y de Estudios Legislativos Primera, por el que se reforman los artículos 8 y 29 de la Ley de Migración, y los artículos 13 y 18 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
24 de noviembre de 2022
Versión de la intervención de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios, y de Estudios Legislativos Primera, por el que se reforman los artículos 8 y 29 de la Ley de Migración, y los artículos 13 y 18 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea:
Los derechos humanos son hoy el tema central en materia de política migratoria, así como el asilo y refugio. Las personas que migran y las que buscan asilo y refugio están protegidas, sin excepción alguna, por el Derecho Internacional.
Nuestra legislación es congruente con estos altos ideales y prevé el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que migran, sea cual sea su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria.
Por mandato constitucional las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Las reformas que hoy discutimos tienen una clara orientación humanitaria y un enfoque de derechos humanos.
Con la reforma se manda que el Estado mexicano, mediante la Secretaría de Gobernación, brinde asistencia institucional a personas solicitantes de asilo y refugiadas con alguna discapacidad. Ese mandato incluye también a las personas que durante su tránsito migratorio por el interior del territorio nacional hayan adquirido alguna discapacidad.
México tiene hoy uno de los más grandes retos en materia de flujos migratorios. Como país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes, México enfrenta una difícil coyuntura y una crisis migratoria sin precedentes.
Ante esta crisis, el gobierno ha tomado decisiones equivocadas ante las crecientes oleadas de personas, algunas de las cuales huyen de sus países por motivos políticos, por violencia, por los efectos del cambio climático o por la pobreza.
El Ejecutivo Federal ha reducido las causas de la migración solo a las motivaciones económicas, dejando de lado otras causas del fenómeno. Se pretende así atender un problema complejo con soluciones simples, que no van más allá de los deseos gubernamentales de que países, como los Estados Unidos de América, inviertan en la región a pesar del pésimo clima de negocios que nuestro mismo gobierno ha generado.
No todos los flujos migratorios obedecen a causas económicas y más allá todavía, mientras no garanticemos la plena transparencia y el cumplimiento de acuerdos y compromisos, no llegarán las inversiones que tanto necesitamos.
El despliegue de la Guardia Nacional ha sido una decisión desafortunada, que no ha ayudado a atender la compleja crisis que enfrentamos y tampoco pudo ayudar a evitar tragedias históricas y lamentables, como la de Chiapas y Texas, en las que murieron un centenar de personas. Es imperativo un giro en nuestra política migratoria, así como la asignación de recursos suficientes para mejorar la infraestructura fronteriza para facilitar la movilidad humana, garantizar la seguridad de las personas que cruzan por territorio nacional y limitar al máximo el crece de drogas y armas.
Los esfuerzos y las inversiones de infraestructura no se deben limitar a un solo país; nos hemos comprometido a invertir mil 500 millones de dólares en la frontera conjunta con los Estados Unidos, esos esfuerzos deben complementarse con el fortalecimiento de las capacidades del Instituto Nacional de Migración, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes y con recursos crecientes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Mientras no se tomen decisiones acertadas y urgentes en materia de política migratoria, cualquier reforma a nuestras leyes, por más bondadosa que esta sea, será insuficiente.
Senadoras y Senadores, la migración es un derecho humano fundamental y una aspiración natural de toda persona. Nuestra política migratoria debe cambiar de manera urgente, no esperemos a otra tragedia para tomar las decisiones correctas.
Votaremos a favor de este dictamen, porque es congruente con nuestra rica tradición humanitaria, pero desde esta alta tribuna alzo la voz para que el gobierno sea congruente en materia migratoria y que ofrezca un trato, al menos igual, al que nosotros esperaríamos que cualquier gobierno dé a nuestros connacionales.
Es cuanto, presidente.
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