Intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
9 de febrero de 2021
Versión de la intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Con su venia, Senadora presidenta.
Nuestro orden jurídico nacional establece la protección a los consumidores, la cultura del consumidor y la directriz de procurar equidad, certeza y seguridad jurídica entre proveedores de bienes y servicios, y sus consumidores.
La protección efectiva de los derechos de los consumidores se ha inhibido por la asimetría de la información, por los altos costos de transacción y por la débil capacidad de nuestras instituciones para tutelar los derechos de los consumidores.
Con la firme intención de cumplir con el mandato constitucional y legal de protección a los derechos de los consumidores es que propongo una profunda reforma a la ley de la materia, misma que permitirá que el andamiaje legal y el programa institucional de la Profeco caminen en la misma ruta, con el mismo objetivo.
Es conocido que para convencer a los consumidores y vender productos los proveedores no dudan en utilizar todos sus recursos, bombardeo de publicidad, anuncios dirigidos por tendencias de consumo, campañas de colocación de productos en programas de entretenimiento, por señalar algunos, pero ahí no termina, sucede con algunos proveedores que niegan al consumidor la entrega de productos aduciendo que existió un error mínimo en la oferta del producto o que el consumidor se quiere aprovechar de su buena fe, sin que exista un área especializada que brinde atención personalizada con el propósito de solucionar este tipo de controversias previo al inicio del procedimiento legal ante Profeco.
Por tanto, propongo que sea obligación de los proveedores contar con personal capacitado para recibir las quejas o reclamaciones de los consumidores, que en el caso de cancelación de una compra en virtud que el bien presenta fallas o defectos, sea el proveedor quien asuma los costos de flete y del seguro; que para poner un alto a la publicidad engañosa esté prohibido que en la publicidad se aluda a que el producto o servicio haya sido avalado, aprobado o recomendado por asociaciones profesionales.
Requerimos fortalecer las capacidades institucionales de la Profeco en aras de brindar una mayor protección a los derechos de los consumidores. Por ello, propongo establecer, como parte de sus atribuciones, la de emitir una opinión respecto a los contratos de adhesión previo al registro de los mismos, establecer medidas que aseguren la imparcialidad, lealtad, eficacia, probidad, honestidad de los servidores públicos que la integran y garantizar la profesionalidad e idoneidad del perfil que ocupe la titularidad de la Profeco, siendo necesario que su trayectoria profesional haya sido destacada en las materias afines a la protección de los derechos de los consumidores y que acrediten los conocimientos técnico necesarios para el ejercicio del cargo, entre otros.
Además, requerimos establecer mecanismos de rendición de cuentas por parte de Profeco, por lo que propongo que de forma trimestral se envíe al Congreso de la Unión un informe sobre los resultados de la aplicación de su programa institucional dado que este tiene como objetivo los de promover el desarrollo productivo e inclusivo, generar condiciones de certidumbre y estímulo a la inversión, propiciar espacios para la colaboración público-privada, siendo oportuno que el Congreso tenga en su poder información de esta naturaleza para el mejor desempeño de sus funciones legislativas.
Finalmente, para dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que en la planeación democrática del desarrollo económico nacional se recogen las aspiraciones y demandas de la sociedad, estoy proponiendo que para la elaboración de sus planes y del programa institucional la Profeco realice foros y consultas con representantes de los diversos sectores, con instituciones de educación superior y con organizaciones de consumidores a fin de conocer sus opiniones sobre la materia, mismas que se podrán incluir como parte del diagnóstico y de las consideraciones de esos planes y programas.
Propongo también que los grupos y organizaciones de consumidores puedan informar, orientar y educar a los consumidores en el adecuado ejercicio de sus derechos, que puedan brindar asesoría, que puedan proponer a la Profeco medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores, así como opinar respecto a las investigaciones realizadas por esa institución en el área de consumo.
Confiamos que estas reformas implicarán un avance significativo en el derecho fundamental a la protección de los intereses del consumidor que con ellas se contrarresten las diferencias asimétricas entre las partes de una relación de consumo y que al momento de que sean aprobadas por esta soberanía procurarán que en las relaciones entre consumidores y proveedores existe equidad, transparencia y seguridad jurídica.
Es cuanto, Senador presidente.
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