Intervención de la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, en la comparecencia de María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar, para referirse al análisis del I Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política social.
10 de octubre de 2019
Versión de la intervención de la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, en la comparecencia de María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar, para referirse al análisis del I Informe de Gobierno del presidente de la República, en materia de política social
Con su permiso, señora presidenta.
Secretaria María Luisa Albores, sea usted bienvenida al Senado de la República.
De acuerdo con el Coneval, la pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con la condición de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.
Este enfoque reconoce que la población pobre padece insuficiencia de recursos económicos y al mismo tiempo se ve vulnerada en el ejercicio de sus derechos fundamentales debido a la falta de acceso a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social o a una vivienda digna.
De este modo, el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social enumera al menos nueve indicadores que deben ser evaluados por las dependencias encargadas de la conducción de la política de desarrollo social.
Esos nueve indicadores son los siguientes: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa, acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
En el Informe de Gobierno se afirma que la estructura programática del primer año de gobierno responde a un enfoque que considera a la población mexicana sujeta de derechos humanos y sociales y en el que el gobierno debe ser garante de su efectividad considerando las características de universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos y sociales, el ciclo de vida de la persona, la participación social y comunitaria, así como la perspectiva territorial.
Y se mencionan los programas prioritarios para el gobierno, ¿cuáles son?: bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, becas para el bienestar Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, y sembrando vida.
Mi primera pregunta es sobre estos programas, ¿por qué algunos tienen reglas de operación, secretaria, y algunos sólo cuentan con lineamientos?
Y quiero resaltar ahí precisamente que dos de los programas principales, uno que se encuentra en el segundo lugar y el otro en el tercero de los más importantes, de acuerdo al monto presupuestado, es Sembrando Vida con 25 millones de pesos, y apoyo de personas con discapacidad y justamente estos dos programas no cuentan con reglas de operación.
Todos estos programas se caracterizan por transferencias directas y de dinero a los beneficiarios y son muy loables, en el sentido de que atienden al indicador de ingreso per cápita y quizá el rezago educativo, pero no se enfocan en atender el resto de indicadores de la pobreza.
En ese sentido, la segunda pregunta es: ¿nos podría decir cuál es la estrategia programática de la dependencia a su cargo para mejorar los indicadores de acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vida digna y decorosa, acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carrera pavimentada?
En el mismo sentido de la pregunta anterior, nos podría usted decir, y ésta es una tercera pregunta, ¿nos podría indicar el vínculo que existe entre los programas sociales de este gobierno y las zonas de atención prioritarias previstas en la Ley General de Desarrollo Social?
De acuerdo a la última medición de la pobreza que tenemos en Coneval, reveló que, en el año 2018, y aquí ya reiteradamente lo explicaban, el 25.5 de la población mexicana tiene carencia por acceso a la alimentación; la pasada administración implementó la Cruzada contra el Hambre, en donde específicamente se tenía el programa de los “Comedores comunitarios”.
Esta administración desapareció el programa y, aparentemente, nos quedamos sin una política pública enfocada a atender esta grave carencia; también quiero hacer énfasis que usted ya lo explicó; sin embargo la explicación que usted nos dio hace unos momentos no responde a la siguiente pregunta: ¿qué política, programa o estrategia estarán llevando a cabo para el combate de esta carencia social?, resaltando que cabe señalar en la agenda 2030, o la agenda 2030 de la ONU establece que de aquí al 2030 se pondrá fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de un año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Secretaria, la última pregunta: los apoyos a las organizaciones de migrantes han sido suspendidos y existe la inquietud si hay un programa sobre la construcción de alguna casa para migrantes en Baja California, derivado de la problemática que se tiene y que se ha generado por los centroamericanos, nuestros hermanos centroamericanos y, de ser así, en dónde estaría la construcción de esta casa.
Por sus respuestas y su atención, muchas gracias.
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