Intervención en tribuna del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Primera, que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, en materia de muerte civil de funcionarios corruptos.
Gracias.
Con el permiso de la Presidencia.
Definitivamente este es un tema muy importante, creo que todos de una u otra forma en campaña fue una promesa de decir “vamos empezando a terminar con la corrupción”.
Si bien es cierto coincido en parte con quienes me han antecedido de que ha habido, ha existido avances, pero todavía esto no es suficiente, todavía tenemos que meter leyes más rígida para evitar lo que es la corrupción, y el día de hoy nos da muchísimo gusto el que se esté en unos minutos más, ojalá que aprobando por unanimidad, lo que hemos denominado esa muerte civil.
Pero antes que nada quiero felicitar tanto a los integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, así como la de Estudios Legislativos, así también a su equipo técnico, quienes han presentado ese dictamen en positivo para incluir modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal, en materia de lo que es la muerte civil.
Ante el momento que estamos viviendo precisamente que es un tema de corrupción e impunidad en nuestro país y preocupado por los pocos avances que se han dado en el combate en esto, es por eso que el día 23 de octubre del 2018 presentamos, con el aval del grupo parlamentario, esta iniciativa que pretende precisamente detener lo que es la corrupción.
Y es y consiste en poder inhabilitar todo aquel servidor público, porque cuando hablamos de corrupción es de dos partes: es del servidor público que pide precisamente ese moche o esa mordida, como se dice; pero también existen de aquel empresario que da precisamente esa mordida.
Por lo tanto, hoy se tiene que hacer una inhabilitación definitiva, como está en la ley actualmente es de que si una persona es sancionada pasa a la Contraloría, y si es del ámbito municipal está inhabilitado por cierto tiempo en materia municipal, pero puede trabajar en el ámbito estatal o federal. Eso es cosa ilógica.
Con esta iniciativa y con este dictamen se trata de que ya no pueda trabajar en ningún órgano de lo que es el gobierno.
Asimismo, también para aquellos o aquellas personas y empresarios que de manera irregular han participado en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, tanto personas físicas como personales morales, y que se ven involucrados en actos de corrupción, también esas empresas puedan ser inhabilitadas de lo que es el ámbito gubernamental.
La corrupción menoscaba la capacidad de los gobiernos para proporcionar a los ciudadanos recursos y servicios básicos.
Si bien es cierto no se cuenta con los datos o cifras al cien por ciento sobre el costo de la corrupción en un país como lo es México, pero sí sabemos que tiene costos monetarios muy altos. Y eso se traduce en otros costos que son de carácter social y en materia de libertades civiles y políticas.
La corrupción es un mal que afecta a todos los sectores del gobierno y a muchos de la sociedad; sin embargo, las instituciones no son corruptas como tal, son los servidores públicos, sin generalizar, los que llevan a cabo malas prácticas en el ejercicio de sus funciones y que concluyen en actos de corrupción.
Por ello, espero que todos votemos a favor de este dictamen ya que contribuirá a fortalecer el combate de la corrupción que se lleva a cabo hoy en día, teniendo en cuenta que se eliminarán precisamente de forma definitiva a esos funcionarios públicos que son corruptos, garantizando una disminución en los altos índices de impunidad existentes actualmente de estos ilícitos.
La aprobación de este dictamen solamente es un pequeño paso de una gran trayectoria que nos queda precisamente por recorrer.
La corrupción y la impunidad dañan y seguirá dañando nuestras instituciones y nuestra sociedad. Nuestro deber será seguir fortaleciendo nuestro marco normativo y garantizar con ello un aumento con una mayor certidumbre jurídica de mayor transparencia de justicia social para cada una de las y los mexicanos.
También quiero comentar y decirle a quien me antecedió, al Senador Cristóbal, que por supuesto que estamos de acuerdo en que se tiene que combatir lo que es la corrupción. Y si también ha existido malos manejos, como se comentó, en otras legislaturas, pues hagámoslo, para eso estamos nosotros aquí, porque es el tiempo, es el momento, porque si nosotros nos quedamos callados somos parte precisamente de esa corrupción.
Adelante y aceptamos ese reto.
Gracias, con permiso.