Senadora Indira Rosales San Román al participar en la discusión de un dictamen sobre los daños a la zona arqueológica Ensenada El Gallo

 

Intervención en tribuna de la senadora Indira Rosales San Román al participar en la discusión de un dictamen de la Comisión de Cultura, con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre la procedencia de la denuncia a los integrantes de la Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., por los daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo II-3, localizado en la isla del Espíritu Santo, Baja California Sur y otro que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar la evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas a cargo del INAH.

 

Con su permiso, senador presidente.

Vengo en nombre del Grupo Parlamentario de Acción nacional a hablar en favor de los dos dictámenes que la Comisión de Cultura ha puesto a consideración de este pleno.

Se trata, en primer lugar, de un asunto que a todos debe llamarnos la atención y que se refiere al cuidado, protección y preservación del patrimonio cultural de nuestro país.

México es un país con un gran legado cultural y como tales contamos con innumerables vestigios de cada uno de los pueblos que habitaron el territorio nacional, de la cultura olmeca, mexica, teotihuacana, maya y zapoteca, entre otras tantas.

Comprometen cada año muchos recursos para el sostenimiento, difusión e investigación de cada uno de estos sitios arqueológicos. El punto de acuerdo que presentó mi compañera Verónica Delgadillo justamente se refiere a este cuidado que debemos poner en cada sitio.

En su proposición, la senadora informa a esta soberanía que en el año 2016 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estableció una estrategia para abatir la presencia de las cabras perales de la Isla Espíritu Santo, ubicada en Baja California Sur, cuyo crecimiento de población puso en riesgo la fauna y flora de dicha isla.

La asociación civil encargada de esa labor fue la denominada Grupo de Ecología y Conservación de Islas, GECI AC., quienes no sólo incumplieron con sus encomiendas, sino también durante sus actividades afectaron la Zona Arqueológica en comento.

Asimismo, señaló que conforme a la información emitida por el INAH el 52 por ciento de esta isla presentó daños irreversibles, que hasta el día de hoy no han sido reparados.

Por ello, el pasado 27 de noviembre los integrantes de la Comisión de Cultura, que preside la senadora Susana Harp, discutimos la presente proposición y coincidimos de manera unánime en las siguientes consideraciones que se deben destacar.

Primero: La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972 establece en el artículo 52 que quien dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Segundo: Informes oficiales del INAH arrojan que los arqueólogos de este organismo desconcentrado acudieron a la isla Espíritu Santo en abril de 2016, un mes antes de que la estrategia participativa fuera puesta en marcha para indicar a los responsables de esta asociación el lugar en donde podían instalar su campamento, a fin de garantizar la integridad de los sitios arqueológicos; el lugar elegido fue la Ensenada Ballena, en un punto donde no existían tales vestigios.

A pesar de ello, cuatro meses después, a finales de septiembre de 2016, especialistas del INAH detectaron que los empleados del Grupo Ecología y Conservación habían mudado el campamento hacia otro punto sin autorización previa. Ese nuevo punto para acampar fue el sitio arqueológico de Ensenada La Raza.

Por lo anterior, en opinión de las y los integrantes de esta Comisión se consideró oportuno, en primer lugar, conocer las razones por las cuales no se han llevado a cabo la denuncia por el daño al sitio arqueológico y las razones por las que no se cuenta con un plan de salvamento que, eventualmente, podrían eximir de la responsabilidad legal a los integrantes de esta asociación.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional estará siempre a favor de la preservación y cuidado de nuestro patrimonio arqueológico y cultural, por ello votaremos a favor del presente dictamen.

Por otra parte, se presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad, implementados en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo.

Lo anterior, con la finalidad de asegurar el mantenimiento y cuidado de sus inmuebles e instalaciones para que no vuelva o para que no ocurra en México un suceso como el ocurrido el 2 de septiembre en Brasil, cuando un incendio destruyó el Museo Nacional.

Estos lamentables acontecimientos constituyen un llamado a la reflexión y a la evaluación. Nuestro país ha sido y es una potencia cultural, ningún país en el continente cuenta con más sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad ni con tantos vestigios, tal diversidad nos enorgullece y nos brinda un sentido de pertenencia a una comunidad milenaria.

Sin embargo, para que nuestras hijas e hijos puedan participar de este sentimiento es necesario tener políticas públicas de gestión y preservación del patrimonio cultural y, precisamente, de esto se trata este punto de acuerdo.

Se trata de realizar un exhorto a las autoridades responsables de los bienes culturales en resguardo en museos para que los recintos que los albergan cuenten con protocolos de seguridad de todo tipo.

La idea es realizar un censo de museos a nivel nacional con la participación de los ejecutivos de cada uno de los estados y la puesta en vigor de protocolo de seguridad y protección.

Es evidente que muchos museos y zonas arqueológicas cuentan con programas de manejo y operación, pero más allá de los programas de Protección Civil no existe una normatividad específica.

En México tenemos museos de todo tipo, tan sólo en mi estado, en Veracruz, contamos con el Museo de Antropología, que es el segundo museo más importante de todo el país y que algo le ocurriera sería terrible para el patrimonio de todos los mexicanos.

Existen mil 332 museos en todo el país y sus colecciones representan de lo más representativo para nuestra historia.

Ya alguna vez perdimos nuestro patrimonio de manera irreparable, cuando en 1982 se acabó con el acervo cinematográfico nacional, o cuando en 1985 también fueron sustraídas piezas invaluables del Museo Antropología e Historia.

Con ello quiero decir que no estamos exentos de contingencias en los museos, y por ello nuestro voto es a favor de que se realice esta evaluación de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales en custodia de los museos públicos, incluyendo los recintos que albergan dichas colecciones.

Es cuánto, señor presidente.

 

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