Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar una iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con su venia, Presidente.
En Acción Nacional estamos convencidos que debe darse una lucha frontal contra la corrupción, este mal que aqueja al gobierno y a la sociedad en el siglo XXI.
La corrupción, senadores, tiene causas multifactoriales y su combate requiere un enfoque integral a través del diseño de políticas públicas efectivas, de instituciones sólidas, de rendición de cuentas y, en especial, de mostrar tolerancia cero hacia la impunidad.
En la ruta que parte de la corrupción y llega hasta la impunidad, el lavado de dinero o blanqueo de capitales juega un papel determinante para conductas delictivas, como son el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.
Fue en la Evaluación Nacional de Riesgo de 2016 donde se reconoció que son más de 10 mil millones de dólares los que pueden estar involucrados en lavado de activos, cifra que, insisto, consolidaría un complejo de delitos como delincuencia organizada, defraudación fiscal y, por supuesto, los de corrupción.
En el último informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en enero de 2018 se estableció que nuestra Procuraduría no ha considerado como una prioridad la identificación e investigación de lavado de activos, este lavado no es investigado ni perseguido plenamente de manera proactiva y sistemática, también advirtió que la cantidad de acciones penales y condenas por lavado de activos es demasiado baja y que raramente se persigue penalmente como un delito autónomo.
Hoy y en días pasados amanecimos con la noticia de que en tres años y medio Duarte podrá disfrutar de lo que su esposa cree que es merecida abundancia pero en realidad es fruto de la corrupción.
Y lo mismo sucede con los casos de Odebrecht, la estafa maestra o de desvío documentados por la Auditoría Superior de la Federación en Sedatu y Sedesol, donde usaron empresas fantasma, pagos al extranjero, compra de dólares y transferencias a países como China, Pakistán o también como está la descarada dispersión de recursos públicos, mediante entregas en efectivo por más de 700 millones de pesos por parte de los sospechosos comunes Sedatu y Sedesol.
En estos ejemplos, la corrupción institucional siguió al pie de la letra el manual del experto lavador de dinero, al grado que seguramente casi lo utilizará como contraejemplo de sus 40 recomendaciones.
Pareciera que en este país la ruta del dinero es corrupción, lavado e impunidad, porque estos escándalos nacieron y crecieron ante la vista de funcionarios que tienen nombre y apellido, comenzando por Lozoya, Rosario Robles y Javier Duarte porque, si existiera un compromiso institucional con la investigación y persecución de lavado de dinero, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera bien pueden comenzar con investigar las redes de corrupción y de lavado construidas con el beneplácito y protección de Lozoya, de Robles o de Duarte.
Sin embargo, la política pública de prevención de lavado no se ha reflejado en un número importante de condenas en materia penal ni de procedimientos de extinción de dominio, o de recuperación o decomiso de activos producto de diversos delitos, algunos por corrupción.
Ante la inoperancia e ineficiencia que el Presidente Peña ha mostrado en este tema, desde el Congreso de la Unión tenemos que establecer los mecanismos de control y de rendición de cuentas en la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tal virtud, la iniciativa que hoy nos ocupa propone que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sea considerado como un empleado superior de Hacienda, para que su nombramiento sea ratificado por este Senado de la República; además, establecer como obligación del secretario de Hacienda y del titular de la UIF su comparecencia conjunta ante la Cámara de Diputados para exponer los resultados de la política pública en materia de detección y prevención de lavado de dinero, así como de la recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción.
Además, otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera y, por último, fortalecer la inteligencia financiera de las entidades federativas y establecer mecanismos de coordinación a nivel nacional no sólo para que existan reglas comunes en cuanto a la prevención de lavado de dinero, sino también para que se avance en materia, especialmente, de la recuperación de los activos para esta nación.
Es cuanto, senador Presidente.
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