Intervención en tribuna del senador Marco Antonio Gama Basarte para referirse a un dictamen que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia educativa.
Señoras y señores Senadores.
Hago uso de esta tribuna para argumentar mi voto en contra de la contrarreforma educativa que hoy se propone aprobar, porque, aunque se machaque el falso discurso de la construcción de acuerdos, la realidad es que los términos de la modificación se realizaron para complacer al Presidente, al sindicalismo oficial y al sindicalismo disidente, y a grupo pertrechados de poder a los que hoy en materia educativa se les regala un poder ilimitado.
Gracias a la expropiación que indebidamente han hecho del derecho a la educación de calidad de nuestros hijos.
Señoras y señores Senadores de Morena.
Pueden ustedes tener la mayoría, pero no tienen la razón. Es probable que hoy este atentado contra la niñez mexicana sea consumado. Y esta regresión a esas viejas y nocivas prácticas que tanto dañaron al sistema educativo, como la venta de plazas o las preventas sindicales sigan vigentes.
Pero sepan que no será para siempre y que más temprano que tarde, el pueblo mexicano cobrará conciencia del golpe que le han dado por la espalda, pero que tan sutilmente han disfrazado con demagogia y que pronto ese pueblo recuperará el derecho a la educación de sus hijos.
Pero lo que no puedo permitir, es que para defender esta contrarreforma, se diga que se trata de un ejemplo de práctica parlamentaria, cuando en la realidad dista mucho de serlo; se habla de este proyecto de decreto como resultado de un amplio acuerdo, pero la diferencia entre acuerdo y sometimiento es la presencia notoria del interés público y, con todo respeto, señores Senadores, yo no lo veo como el propósito vital de esta regresión constitucional.
Se habla de este proyecto de decreto como producto de una novedosa herramienta de Parlamento Abierto, pero se omite que durante largas semanas la Cámara de Diputados estuvo secuestrada y amordazada por una organización sindical que no le permitió ejercer su tarea de parlamentar con libertad, que le evitó sesionar en no pocas ocasiones y que le impuso una camisa de fuerza a sus deliberaciones y resoluciones finales.
Hoy se celebra el acuerdo alcanzado y se le quiere presentar como si fuera producto de un ejercicio de libertad política y amplia participación ciudadana, cuando a los ojos de México es inocultable que se trata de la mezcla de una imposición presidencial y las exigencias de un grupo de presión.
Hoy se celebra que se transita correctamente en una reforma constitucional, como su fuera resultado de un impecable funcionamiento de la división de poderes, cuando se omite que el Presidente de la República expidió un memorándum que desconocía la Constitución vigente y, en tanto, sus legisladores adláteres acometían en el cumplimiento de sus instrucciones.
Pero de frente a la República, yo les pregunto: Qué garantiza que esta reforma no será letra muerta ante los memorándums escritos o verbales, publicados o mantenidos en sigilo, con los que el Presidente, ya sea de forma unilateral o autoritaria decida qué partes aplica y cuáles no de nuestro texto fundamental.
Soslayar el precedente que enmarca este proceso de reforma, es indigno para esta soberanía, porque legitima la vulneración de la división de poderes y atenta contra la representatividad política en esta Asamblea.
Por eso, los Senadores y la Senadoras de Acción Nacional hoy decimos: No. Nosotros no vamos a afectar la educación de la niñez mexicana, no estamos de acuerdo en entregar la educación a intereses facciosos y someter las decisiones del estado en materia educativa a la vigencia de negociaciones inconfesables.
Que todo México sepa que en materia educativa se está abriendo la puerta a la discrecionalidad política, que coaligada con cacicazgos sindicales consolida la alianza que viene desde la campaña, entre un gobierno simular y organizaciones sindicales que defienden sus propios intereses.
Que quede claro, la venta de plazas no terminará porque el Presidente diga que confía en la moralidad de sus aliados políticos de la CNTE o en el redimido SNTE. Esa práctica deleznable y profundamente lesiva de la educación de calidad, solo podrá garantizarse si el texto constitucional es claro e inequívoco. Ello, no ocurre en el décimo sexto transitorio y que no es otra cosa que una falencia deliberada para que en el futuro la reforma pueda aplicarse a discreción.
En síntesis, no seremos cómplices de la legalización del chantaje sindical y las facultades extralegales para que el gobierno negocie la ley por debajo de la mesa.
Es cuanto, Senadora Presidenta.