Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge presenta iniciativa que reforma y adiciona los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución

Intervención de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, al presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución.


Muchas gracias, Presidente.

Con su venia.

Senadoras y senadores, hago uso de esta tribuna para presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21, 73, 76 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer el Mando Mixto Policial.

El objetivo de la presente iniciativa es reformar la Constitución de la República para establecer en su texto disposiciones que contribuyen a recuperar la seguridad en todo el territorio nacional con policías más capacitadas, coordinadas entre sí.

Queremos que haya policías capaces, honestos, bien pagados y comprometidos con su comunidad, que brinden seguridad y no se alíen a los criminales.

La presente iniciativa integra diversos elementos que constituyen la postura del Partido Acción Nacional sobre este tema. Tomamos en consideración la iniciativa presentada anteriormente por senadores del PAN, así como la opinión de organizaciones civiles, académicas y profesionales expertos en esta materia.

Empezaré por señalar algunos de los antecedentes más relevantes: en 1994 se incorporaron a la Carta Magna las bases constitucionales para la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se argumentaba en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que era urgente mejorar el Sistema de Justicia y la seguridad porque era evidente que las policías estaban al servicio de la delincuencia y eran la misma cosa.

Derivadas de esa reforma se realizaron reformas constitucionales y se expidieron leyes para la evolución y mejora en el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 1999 se publicó la Ley de la Policía Federal Preventiva, reglamentaria el artículo 21 constitucional en materia seguridad pública a cargo de la Federación y su objeto era regular la organización y funcionamiento de la Policía Federal Preventiva.

Desde su a creación y con las transformaciones que ha tenido a través de los años se buscó que la Policía Federal fuera el modelo a seguir en cuanto a la organización y gestión de todas las policías del país. Lamentablemente esto no ocurrió; lo peor de todo es que en la gran mayoría de las policías estatales y municipales se sigue recurriendo a las añejas y viciadas prácticas de lealtad, mérito calificativo únicamente para los jefes y prebendas para la asignación de grados, promociones y ascensos.

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de que es necesario modificar los modelos de policía actual para que la sociedad recupere la confianza en ellos. Por ello consideramos oportuno y adecuado relanzar nuestra propuesta de construir un Mando Mixto Policial cuya premisa fundamental sea el principio de subsidiaridad.

Nuestra propuesta es la mejor opción porque se ha demostrado que el Mando Único no es un remedio infalible contra la infiltración del crimen organizado.

Nuestra iniciativa parte de tres hipótesis principales:

Primera: combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales, que es un problema complejo que requiere soluciones integrales.

Segundo: mantener a las fuerzas policiales federales, estatales y municipales siempre que cumplan con los parámetros mínimos indispensables para el desempeño de su labor.

Tercero: para combatir con eficacia la delincuencia es necesario reconocer todas sus facetas.

Con base en estas hipótesis, proponemos ocho ejes que sustentan nuestro modelo policial: primero, preservar a las corporaciones policiales municipales; segundo, crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública; tercero, diseñar mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las policías de los distintos órdenes de gobierno; cuarto, crear modelos de control interno y externo; quinto, crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses; sexto, establecer un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las instancias de seguridad; séptimo, establecer contrapesos institucionales; octavo, regular la certificación de los agentes policiales.

A continuación, referiré las propuestas concretas que integran nuestra iniciativa:

Primero: se propone una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se constituirá por el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y de administración penitenciaria de los tres órdenes de gobierno.

Se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública como un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propios que tendrán a su cargo la reglamentación, supervisión y evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad pública y administración penitenciaria de los tres órdenes de gobierno.

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria.

Regular los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a las bases de datos.

Mantener actualizada y accesible la información estadística en la materia.

Regular y gestionar el Servicio Nacional de Carrera Policial que se encargará de la selección, ingreso y certificación, entre otros, de las policías de los tres órdenes de gobierno.

Proponer políticas públicas utilizando mecanismos de participación ciudadana.

Determinar las reglas de operación y requisitos para la asignación de recursos provenientes de los fondos de aportaciones federales de seguridad pública y realizar evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.

Iniciar el procedimiento de subrogación de la función de seguridad pública o la disolución de una institución y los procedimientos para determinar el destino de sus recursos.

Tercero: El Instituto Nacional de Seguridad Pública se integrará por cinco consejeros que durarán en su encargo siete años sujetos a reelección. El Consejo elegida de entre sus miembros a su Presidente, el cual durará en su cargo tres años sin posibilidad de reelección inmediata.

El Senado realizará los nombramientos de los consejeros por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

El Ejecutivo podrá objetar los nombramientos.

La iniciativa incorpora mecanismos de control legislativo para poder determinar la disolución de una institución policial.

En los casos de policías municipales, la ratificación de la decisión del Instituto será de los congresos locales. Cuando intervenga la Federación en una entidad federativa, corresponderá ratificarlo el Senado.

Se propone la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que deberá atender necesidades de servicios periciales, ciencias forenses y medicina legal de todas las instituciones de procuración de justicia, defensoría pública, asesoría jurídica de víctimas y protección de derechos humanos del país.

Se faculta al Congreso de la Unión para establecer el desarrollo de las bases institucionales mínimas, los procedimientos y las condiciones en que operaran todas las instituciones de seguridad pública del país.

Se propone establecer un nuevo apartado C en el artículo 123 constitucional en donde se establece el Catálogo de Derechos y Obligaciones Laborales, Prestaciones de Seguridad Social mínimas y específicas para fortalecer el régimen de derechos de personal de las instancias de seguridad del Estado mexicano.

También se propone establecer el compromiso de expedir una ley reglamentaria que deberá contener, primero, el desarrollo de sistemas nacionales de carrera para instituciones policiales; segundo, promover la estabilidad laboral y el desarrollo de un Sistema Nacional de Carrera; tercero, establecer garantías laborales mínimas como jornada máxima, prestaciones mínimas, tabulador homologado nacional, estímulos y recompensas; cuarto, ampliar los requisitos de ingreso, permanencia y ascenso en las instituciones policiales; cinco, formalizar un esquema de portabilidad, movilidad laboral y de prestaciones entre los integrantes de las instituciones policiales; sexto, establecer la atención de las necesidades de seguridad social del personal de las diversas instancias de seguridad.

Concluyo, Presidente.

Establecer mecanismos de protección de las condiciones mínimas de trabajo y derechos del personal de las instituciones de seguridad y, octavo, establecer continuidad y salvaguarda de de los derechos laborales de los policías acreditados en las instituciones en vías de subrogación o disolución.

Senadores y senadores, los invitamos a apoyar esta iniciativa para ofrecer una alternativa que solucione el grave problema de inseguridad y violencia que está afectando a nuestro país.

Es cuanto, senadora Presidenta.

 

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