Intervención en tribuna del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.
3 de diciembre de 2020
Versión de la intervención en tribuna del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.
Con el permiso de la Presidencia.
Muy buenas tardes, senadoras, senadores.
El día de hoy presento una iniciativa con proyecto con decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda, en materia de acceso a una vivienda digna para la juventud.
El derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho reconocido de toda persona, reconocido en nuestra Constitución a través de mantener un hogar y una comunidad segura en la cual podamos vivir en paz y con dignidad, siendo la condición previa al predisfrute de una gran variedad de derechos, como son el trabajo, la salud, la seguridad social, la privacidad y, por supuesto, la educación.
En núcleo esencial de este derecho refiere a que el Estado debe otorgar, a través de un programa nacional, las condiciones necesarias para que todas las personas puedan obtener los mecanismos financieros que permitan la adquisición o construcción de una vivienda, así como tener también las medidas necesarias para poderse desarrollar, forjar y, sobre todo, erradicar la discriminación, llevar a cabo proyectos y programas que beneficien y que se centren en grupos vulnerables o marginados y garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra para la población que pueda acceder a una vivienda adecuada.
Actualmente nuestro marco jurídico en nuestro país cuenta con una Ley de Vivienda que tiende a garantizar la creación en un plan nacional y diversos planes regionales, estatales y especiales para asegurar el acceso a la población a una vivienda digna a través de diversos mecanismos financieros que permitan el acceso a un crédito hipotecario para adquirir algún bien del mercado inmobiliario o para ser beneficiario de algún tipo de programa de vivienda social.
Estos programas centran sus acciones y estrategias en favor de la población en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad; sin embargo, al tener la probabilidad de modificar el plan nacional y, por consecuencia, los planes regionales, estatales y especiales, cada seis años se corre el riesgo de que algún sector de la sociedad sea segregado al arbitrio de la autoridad del momento.
Tal es el caso del actual plan, en el cual hoy lo tenemos, en el cual se excluyó a la juventud como un sector prioritario para obtener los beneficios de estos programas.
Por ejemplo, en el informe de los jóvenes y lo mercados laborales, elaborado por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, refiere que el 66.5 de las y los jóvenes mexicanos entre 15 a 29 años de edad, que forman parte de la población trabajadora asalariada de México, se encuentran en una situación de desventaja por la carencia de prestaciones de Ley Salarial y por las condiciones laborales. Y el 58 % ni siquiera tiene un contrato laboral.
Voy a poner un ejemplo, si se toma en consideración a las principales ciudades del país, es casi imposible con un salario de 20 mil pesos, por ejemplo, que puedas adquirir una vivienda, y las pocas opciones que existen se remiten o te mandan precisamente a la periferia de las zonas metropolitanas.
Se propone reformar la Ley de Vivienda con la finalidad de crear un programa especial, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, que contemple la creación de mecanismos que permitan a las y los jóvenes conformar un historial crediticio para la compra, renta o mejoramiento de una vivienda digna que no los orille a vivir lejos de sus familias o a realizar largos traslados para llegar a sus centros de trabajo, escuelas o centros de salud.
Además, se pretende que dicho programa contemple un mecanismo de apoyo y subsidios que permitan disminuir la carga económica que implique el acceso a la vivienda de las y los jóvenes, principalmente de aquellos que son jefes de familia o que tienen dependientes económicos, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, el diseño y población de las ciudades en el cual hoy estamos viviendo y, sobre todo, en el cual se desarrollan las y los jóvenes.
Es nuestro deber como legisladores crear mecanismos legales que les permita tener una mayor y mejor desarrollo en nuestro entorno económico y social, a fin de garantizar realmente un ejercicio de sus derechos y, sobre todo, esa gran plenitud.
Por lo tanto, hoy estamos haciendo esta propuesta de modificación y, sobre todo, garantizando una mejor vida para los jóvenes que puedan adquirir una vivienda.
Es cuanto, Presidenta.
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