Intervención de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, al presentar una iniciativa por la que se expide la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y que reforma el artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
3 de diciembre de 2020
Versión de la intervención de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, al presentar una iniciativa por la que se expide la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y que reforma el artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Muchas gracias, Presidenta.
Celebro la declaración de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, pero, perdón, la reforma constitucional en materia de movilidad.
Este tema que voy a abordar tiene que ver con un pendiente de este Senado de la República. Hace un año su servidora presentó una reforma a la Constitución para que pudiéramos tener una Ley de Consulta General.
Hemos esperado la iniciativa del presidente de la República, no ha llegado esta iniciativa, es una agenda pendiente, y el primer tema de compromiso del presidente, y voy a repetir lo que dijo el 1 de diciembre: “En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México”.
Es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas, pues resulta que este Senado no ha legislado en materia de reformar la Constitución para que podamos hacer una ley general.
Yo lamento muchísimo que desde hace nueve meses no tengamos una reunión en la Comisión de Asuntos Indígenas. Claro que la pandemia nos ha evitado podernos reunir de manera permanente, pero hay otras comisiones, justamente como la Comisión de Asuntos Metropolitanos donde sí hemos podido avanzar a pesar de la pandemia en varios temas.
Así es que no hay excusa para no legislar en materia de derechos a la consulta y el consentimiento libre, previo e informar de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Es un reclamo de años, un derecho basado en la tradición comunitaria, de consultar sobre los asuntos que nos atañen y nos afectan, un derecho que fortalece la participación, el diálogo entre comunidades e instituciones; es una deuda desde que México suscribió el Convenio 169 de la Organización del Trabajo en 1991 y desde la reforma constitucional de 2011.
En materia de derechos humanos posibilitó que los pueblos indígenas promovieran juicios de amparo para exigir el cumplimiento de sus derechos a la consulta, mediante el cual han obtenido la protección de la justicia federal y obligado a las autoridades a detener proyectos de infraestructura.
Ya en abril pasado presenté una iniciativa para reformar artículos de la Constitución pertinentes para reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, sobre todo a las acciones administrativas o legislativas que les pudieran afectar.
Modificar sus derechos colectivos y a participar de los beneficios que dichas acciones generen, pero no es la única, existen otras veinte iniciativas de ley de consulta a pueblos y comunidades indígenas promovidas por Diputados y Senadores que no han sido aprobadas y discutidas.
En las legislaciones estatales hay diferentes grados de avance y alcance del derecho a la consulta, pero no existe una ley federal en la materia.
En junio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, con base en el amparo 144/219 en la sesión ordinaria del 10 de junio de 2020, que el Congreso de la Unión debe regular el derecho de consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Más aún, el reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México ha hecho observaciones y recomendaciones sobre las consultas en México, y es que recientemente los pueblos indígenas han expresado su inconformidad por la forma en que el gobierno ha llevado a cabo las consultas respecto al Tren Maya, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán; el Corredor Transístmico en Oaxaca y Veracruz; la Termoeléctrica de la Huexca, en Morelos; los gaseoductos de Chihuahua, Sonora y Veracruz; los acueductos en Sonora y Morelos; la construcción de la presa Los Pilares, en Sonora; las concesiones de proyectos mineros; el cultivo de soya transgénica en la Península de Yucatán.
Está pasando el tiempo y nos corresponde a las legisladoras de aprobar ya la iniciativa con proyecto de decreto para la expedición de la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y la reforma al artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Esta ley sienta las bases para el diálogo abierto y la justa participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para poder expresarse sobre los proyectos que se realicen en sus territorios y que pudieran afectar sus identidades o culturas.
Es su derecho, es una obligación del Estado escuchar a los pueblos y comunidades indígenas. Es absolutamente falso que con sólo transferencias económicas se vaya a resolver el tema de la ancestral pobreza de los pueblos indígenas, es un tema de derechos económicos, derechos políticos, derechos ambientales, derechos sociales, pero, sobre todo, el derecho a la consulta.
Esta reforma constitucional de veras marcaría un antes y un después, es un pendiente de hace veinte años.
Yo, me gustaría animar a que ya legislemos la reforma constitucional y de ser posible sacar la Ley General de Consulta. Pero si esto no es posible, al menos que con esta iniciativa saquemos una ley federal como mínimo, que no es lo que los pueblos indígenas han planteado, pero es lo que podemos hacer de acuerdo a lo que tenemos en la Constitución.
De verdad, muchas gracias y ojalá exista ese ánimo de justicia hacia los pueblos y comunidades indígenas reconociéndoles sus derechos, reconociéndolos como sujetos de derecho y no sólo viéndolos como sujetos de asistencia.
Muchas gracias.
ooOoo