Palabras de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez durante su participación en la inauguración de la exposición fotográfica temporal “Desaparición Forzada. Vivos los llevaron, vivos los queremos”
El caso de Iguala es un hecho que es todavía una herida abierta en la conciencia de nuestro país y un referente aquí en nuestro país y a nivel internacional de la grave violación de derechos humanos que vivimos.
Efectivamente: a cuatro años de estos hechos, en donde tenemos muy presentes a los 43 estudiantes que fueron desaparecidos ―¡sí!, desaparición forzada, un delito de lesa humanidad―, también hay que tomar en cuenta que hubo seis personas que fallecieron, más de 40 heridos, algunos de ellos estudiantes de Ayotzinapa, heridos de gravedad.
Pero además, en los ataques que se dieron en la ciudad de Iguala entre las 9 y media y las 12 y media de la noche de esos 26 casi 27 de septiembre, 120 personas, entre estudiantes que los acompañaban, maestros, personas que circulaban, un equipo de deportistas de los Avispones fueron gravemente agredidos y, finalmente, afortunadamente no pusieron en riesgo su vida.
Desde el inicio de las averiguaciones hubo discrepancias importantísimas, contradicciones entre la verdad histórica de la PGR y las conclusiones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante estas contradicciones de fondo fundamentales, los padres de familia, la sociedad con frustración, con dolor, con angustia han exigido la verdad, la verdad de los hechos y el gobierno mexicano ha dicho: “Corresponde a los tribunales mexicanos pronunciarse sobre los hechos de Ayotzinapa”. Y ¿qué creen? Ya lo han hecho.
Recientemente el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, ha dicho: “Hay discrepancias, hay inconsistencias graves en las conclusiones de la PGR que no actuó ni de manera expedita ni de manera objetiva”.
Existen indicios claros de posibles actos de tortura por lo menos en 34 detenidos clave para seguir el proceso.
Exigimos que se reponga el procedimiento, que se cree una comisión de justicia y de verdad, sí, con la participación del Ministerio Público, pero también con participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes de los padres de familia y pondero la importancia que tuvo la participación del GIEI para poner en evidencia la verdad sobre estos hechos.
Actualmente esta decisión ha sido muy comentada, es polémica, está en análisis por parte de la Suprema Corte, pero establece una resolución sin precedentes en la historia jurídica de nuestro país, en donde se señalan las inconsistencias que tuvo, las contradicciones, la falta de objetividad en las conclusiones y determinaciones de la Procuraduría General de la República y ordena reponer el procedimiento.
Ante esta posibilidad, los padres de familia, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general piden justicia. Justicia y verdad.
Estamos hartos de injusticia, de tolerancia, de simulación a la impunidad.
¡Ya no más!
¡Ya basta!
Gracias.
ooOoo