25 de septiembre de 2019
Versión de la intervención de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, al presentar reservas a un dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa
Gracias, Presidenta.
Con su venia.
Compañeras senadoras y senadores:
Todos coincidimos en que el futuro de cualquier país se encuentra en la educación, y todos sabemos que es el desarrollo pleno de las niñas y los niños de quien depende el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización misma.
Los esfuerzos por fortalecer la educación pública del país deben de estar orientados en todo momento a contar con mejores espacios formativos, mejores maestros y mejores contenidos educativos.
Con la abrogación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se reitera que esta administración no se guía con una visión de Estado, ya que sus decisiones carentes de diagnósticos serios tienden a erosionar las instituciones, a cancelar proyectos con enfoques de largo plazo, a cerrar oficinas y dependencias sin obedecer a criterios técnicos, y que, como en otros ámbitos de gobierno, esto tendrá consecuencias devastadoras para todos, y en este caso para el futuro y pleno desarrollo de las niñas y los niños de México.
La ley que Morena y sus aliados están a punto de eliminar contempla una estructura definida de obligaciones y responsabilidades, así como de concurrencias para la regulación de la infraestructura educativa dentro del Sistema Educativo Nacional, impulsa la creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, y desarrolla la innovación en la gestión pública, el desarrollo humano y la informática y la asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes y diagnósticos técnicos.
La ley que pretende abrogar considera que la infraestructura física, educativa del país debe cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, todo esto con el objetivo de potencializar las habilidades y capacidades en el sector educativo en su conjunto.
Este ordenamiento tiene el respaldo del Instituto Nacional de Infraestructura Física, Educativa, el cual es el encargado de emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios proyectos, la creación y actualización del Sistema de Información del Estado Físico de las Instalaciones que conforman la Infraestructura Física Educativa, en colaboración y coordinación con las autoridades locales.
Dicho instituto también realiza acciones de certificación, diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura física, así como la definición de acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento. También dentro de sus responsabilidades está la de formular y proponer programas de inversión para la construcción y rehabilitación de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias.
Este órgano colegiado lo preside el Secretario de Educación y lo conforman diversos funcionarios de la Administración Pública Federal, titulares de los ejecutivos estatales y de los ayuntamientos.
La ley que se pretende abrogar considera la participación de sectores sociales con la finalidad de optimizar y elevar la calidad de la infraestructura física-educativa.
Asimismo, participan en la planeación, construcción y mantenimiento de dichos espacios. Y uno de los objetivos principales de este ordenamiento es la coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de Gobierno Federal, de las entidades federativas y municipal, incluyendo a los sectores de la sociedad.
No podemos dejar que esta ley con estructura, instituciones, programas, participación social, evaluación, capacitación y políticas de desarrollo desparezcan por un capricho político sin sustento y sin diagnóstico, motivado por compromisos políticos hacia un pequeño grupo clientelar que tiene secuestrada la educación de nuestras niñas y niños en algunos territorios, y que ahora busca una tajada más grande del control de los recursos y las plazas para manejarlos a su antojo
Senadoras y senadores:
La retrógrada Ley de Educación que estamos analizando contempla, del artículo 98 al artículo 106, el capítulo denominado: “De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el cual considera que la infraestructura educativa se lleve en un proceso discrecional por medio de un comité escolar de administración participativa con un presupuesto asignado que se gastará sin mecanismos de rendición de cuentas, sin objetivos medibles, en detrimento del espacio de desarrollo, de calidad de la infraestructura educativa y, principalmente, en contra de la educación y del futuro de México”.
Por lo antes mencionado, acudo a esta soberanía a proponer que no se abrogue la Ley General de Infraestructura Física-Educativa, ya que al eliminar el instituto a cargo, el cual ha demostrado su capacidad de garantizar que la construcción de espacios educativos cumpla con los estándares de calidad, seguridad, costos y tiempo mediante la aplicación de normas y especificaciones de construcción en una estructura jerárquica que involucra a los tres niveles de gobierno, la participación de la sociedad civil y, sobre todo, el involucramiento de los objetivos locales.
Asimismo, propongo se elimine el capítulo I del Título Quinto que contiene, de los artículos, del 98 al 106, recorriéndose la numeración subsecuente.
Es cuanto, Presidenta.
ooOoo