Versión de la intervención en tribuna del senador Julen Rementería Del Puerto, al presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Presidente. Con el permiso de la Mesa. Compañeros senadores y senadoras. A los medios de comunicación que nos acompañan, al público, a todo el que nos ve más allá de las paredes de este recinto.
La corrupción es un factor que incide de manera negativa en el crecimiento social, económico y político del país y por supuesto de los estados. Genera pérdida de confianza en las instituciones, demora en la solución de los problemas sociales y en la lucha contra la desigualdad también se fracasa.
Los actos de corrupción sin duda son reprobables en toda sociedad, representan el abuso del poder por parte de aquellos a los que les ha conferido una responsabilidad pública, por lo que es necesario la construcción, un andamiaje jurídico para combatirla y erradicarla.
Las cosas en México, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo en mayo de 2015, específicamente el 27 de mayo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y donde nace el Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de todo ello hay mucho por hacer.
Ya lo han referido aquí algunos de mis compañeros en las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidades Administrativas, como también lo propone esta iniciativa que hoy presento.
En 2016 el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todas ellas buscando el reforzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, al tiempo que las normas secundarias de este sistema la auditoría que transcurría, la Auditoría Superior de la Federación llevaba a cabo la revisión en el año 2015 las cuentas de 2011 y hasta el 2015, y se encontró, precisamente ahí, con una figura que se había venido dando ya en varios estados del país, específicamente se presentó denuncia en ocho estados del país, por esto que se denominó desde la Auditoría Superior de la Federación como simulación de reintegro.
Esto es que observaciones que se tienen a las auditorías en los estados por desviación, o presuntas desviaciones de recursos, de repente lo estados vuelven a depositar en las cuentas de la Federación para así poder solventar las observaciones.
Por supuesto que lo que asusta aquí es la frecuencia con la que esto se empieza a dar en los estados. Y lamentablemente, no se tiene todavía la figura que permitiera, en todo caso, poder sancionar. Algunos de los casos que han sido denunciados precisamente por la Auditoría Superior de la Federación han quedado sin materia, porque no se establece esta, la simulación de los reintegros de los fondos federales desviados, como una posible falta administrativa, mucho menos que pudiera ser grave.
Y lo que ocurre en la práctica es que, en los hechos, cuando viene la revisión y esto se detecta, el dinero se repone y con eso la observación queda solventada, pero en ningún caso pueden desde luego impedir que luego, como lo han hecho en la práctica, las vuelvan a retirar. Y estos recursos o los muevan hacia quién sabe qué lugares.
Por poner un ejemplo, en mi estado, en Veracruz 4 mil 700 millones de pesos fueron observados mediante esto, la simulación de reintegros de recursos ante observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Y por supuesto que qué es lo que pasó, lo que ya dije que aplicó en todos los estados, regresaron ese dinero a una cuenta para poder salvar la observación y luego poderla retirar y esto por supuesto que significa una grave falta.
Aquí por eso nos sumamos hace un rato a la propuesta que también tiene que ver y que complementa esta que hoy hago, del senador Samuel García, en donde él habla de crecer las penas, de llevarlas incluso a la totalidad de la vida el servidor público para que no pueda volver a ser sujeto de un trabajo en el servicio público. Y me parece que aquí de lo que hablamos es de incluir precisamente una forma de otra falta administrativa que no estaba conceptualizada dentro del Sistema Nacional Anticorrupción para que así se pueda hacer, que de esa manera pueda también tocarle –si prospera– en la iniciativa del senador García, poder hacer que esta falta también se considere como una falta grave.
Desde luego que el poder permitir que estás falta sigan lo único que hará es que, tomando en cuenta que los estados su mayor fuente de ingresos, y en todos los estados del país lo es así en unos más en otros menos, son los recursos que provienen de la Federación, principalmente de tres programas, pero en general los recursos de la Federación, son estos los que se concentran, se desvían y cuando vienen descubriendo las faltas simplemente se simula esta reposición de recursos.
Hoy es importante detener esto, esta práctica hasta ahora no ha podido ser eliminada, no tenemos forma de poder descubrir cómo es que se ha venido dando y, sobre todo, el destino de estos recursos desviados, porque eso es lo que son, y que simplemente se simula el reintegro.
Por ello es que someto precisamente a esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo, el 54 bis, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que a la fecha no ha sufrido reforma alguna, por lo que debe considerarse esta propuesta el inicio para que la realidades que vive la sociedad, como la que se expuso se vayan incorporando a las leyes y así mantener un verdadero Estado de derecho y acabar –como ha sido propuesta de Acción Nacional, en la que concurren otras fuerzas políticas– con la corrupción y la impunidad en este país.
Muchas gracias, Presidente.
ooOoo
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