Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar el posicionamiento del GPPAN en relación con un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
5 de marzo de 2019
Versión de la intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar el posicionamiento del GPPAN en relación con un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Con su venia, presidente.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional creemos en que deben establecerse e impulsarse las mejores prácticas de buen gobierno en la administración pública.
Quienes pertenecemos a Acción Nacional estamos convencidos de que el buen gobierno no sólo debe ser transparente, sino que debe comprometerse con la rendición de cuentas y con la obtención de resultados que sean medidos en función del mayor beneficio para la población.
Las y los senadores de Acción Nacional sostenemos nuestro compromiso con el combate a la corrupción y a la impunidad. Insistimos en que México no puede permitirse, ni mucho menos tolerarse ni el abuso del poder, ni su centralización y ejercicio discrecional. Los contrapesos constitucionales e institucionales son indispensables para nuestra vida democrática.
En este contexto, reconocemos la pertinencia de las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que son materia del dictamen que hoy nos ocupa; consideramos adecuado que se haya corregido la técnica legislativa, que se hayan actualizado términos como la UMA, Ciudad de México o los nombres de algunas instituciones públicas.
De igual forma, convenimos en que fue apropiada la modificación a las diversas remisiones legislativas y la ampliación de considerar también como ámbito de aplicación a los “servidores públicos” de entidades, dependencias, empresas productivas del Estado, etcétera.
Sin embargo, tampoco podemos dejar de advertir que al igual que sucedió al inicio de esta 64 Legislatura con la dictaminación y aprobación de esta Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se hizo en forma sumamente apresurada, está sucediendo exactamente lo mismo con estas reformas.
Y esto no pasaría a mayores, de no ser porque está pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas tanto por legisladores de oposición, como por órganos constitucionales autónomos.
Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es de suma importancia que este Senado de la República envíe un mensaje de absoluto respeto a la independencia de la función jurisdiccional que nuestra Suprema Corte está realizando al respecto.
Así como esta soberanía tiene sus propios tiempos y momentos para el desarrollo de sus actividades legislativas, asimismo sucede con el máximo tribunal del país; no podemos, desde este Senado, avanzar con la aprobación de una ley cuyos diversos aspectos de constitucionalidad están apenas siendo estudiados y analizados por los Ministros de la Corte, pues estamos corriendo el riesgo de que pudieran reiterarse algunos vicios de inconstitucionalidad que, en todo caso, ocasionarían la interposición de nuevos medios de defensa para reclamar su desapego a la Constitución.
Los senadores del PAN nos pronunciamos desde ahora por propiciar un clima de absoluto respeto al ejercicio de las funciones que realiza el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia en un tema en el que se está cuestionando la constitucionalidad de esta Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Y aunado a esto, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que los cambios propuestos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal requieren de mayor análisis y discusión adecuada por esta soberanía, a fin de que los servidores públicos tengan mayor certidumbre jurídica en cuanto al marco jurídico de su actuación.
Afirmamos lo anterior porque, a manera de ejemplo, en la Ley de Responsabilidades Administrativas se está considerando como “cohecho” una conducta que no tiene relación con los elementos que han sido definidos en Convenciones Internacionales Anticohecho de las que México es parte.
Otro botón de muestra está en las reformas al Código Penal Federal, pues con el tipo penal de “delito de remuneración ilícita” que se está aprobando se vulneran los principios de las leyes penales relativos a proporcionalidad, legalidad y de taxatividad.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PAN votará en abstención el presente dictamen.
Es cuanto, senador presidente.
ooOoo