Intervención en tribuna del senador Julen Rementería del Puerto, al presentar punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el Estado de derecho en el país.
Muchas gracias, Presidenta.
A ver si reconocen estas dos frases.
“Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.
Y ésta otra.
“Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.
Estoy totalmente de acuerdo con estas dos frases y las ha repetido muchísimas veces el Presidente de México, lamentablemente no se llevan a la práctica.
Y me explico.
En el estado de Michoacán hace 20 días están tomadas las vías federales de comunicación. La vigencia del Estado de derecho ahí no se está manifestando, hemos estado como espectadores de una actitud pasiva, complaciente y sí contraria a estas afirmaciones, porque ahí hay gente al margen de la ley.
No estamos discutiendo en ningún caso aquello que puedan ser los derechos de los maestros afiliados a la CNTE, ellos tendrán que por las vías que correspondan luchar por sus causas, puedan ser justas o no, pero ese no es el debate, el asunto aquí es que se está afectando a terceros.
Y no me refiero solamente a los dueños de las mercancías o de los dueños de los trenes, se está afectando a millones de mexicanos porque al afectar la economía de muchísimas empresas en los estados del Pacífico y del Centro de nuestro país se afecta a millones de personas.
Se habla de una afectación de más de mil millones de pesos diarios y se permite que continúe.
Se habla de acuerdos, se dice que se llegaron a ellos.
No se le cumple al gobierno y el gobierno no hace nada, no toma las medidas necesarias para ver que esto cambie, que cobre vigencia al Estado de derecho.
Y no estamos haciendo una petición graciosa.
Miren, el artículo 167, fracción III del Código Penal Federal, establece una sanción de uno a cinco años de prisión y de cien días a diez mil de multa por ataque a las vías de comunicación, y dice: “al que para detener los vehículos en un camino público o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar a los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, o ponga algún estorbo o cualquier obstáculo adecuado para esos fines”.
Dice el artículo 131 del mismo código: “se tipifica el delito de motín con una sanción de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de 5 mil pesos a quienes por hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.
Pero ahí no para, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos establece el deber jurídico de denunciar a quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que señale la ley como delito.
Y, finalmente, con fundamento en los artículos 87 y 128 de la Constitución Federal, tanto el Presidente de la República como el resto de los funcionarios de la Federación, a cargo de quienes están la administración y salvaguarda de las vías de comunicación ferroviarias, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Es evidente que estas acciones de protesta trascienden al ámbito educativo, y lo que estamos o solicitando, exigiendo es que se cumpla, precisamente con lo que reza en las dos primeras frases que mencioné, que nadie esté por encima de la ley.
Y hoy más allá de la protesta, y más allá de lo legítimas que puedan ser sus manifestaciones se está transgrediendo la ley, se está afectando a los mexicanos que no tienen nada que ver con ese conflicto.
Por lo tanto, estamos solicitando que el gobierno federal deje de complacer a quienes están transgrediendo la ley, y estamos solicitando en un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que pido que así se pueda someter a esta soberanía, Senadora Presidenta, el siguiente texto:
“El Senado de la República exhorta al Fiscal General a iniciar de oficio las carpetas de investigación contra quienes resulten responsables con motivo de las afectaciones a las vías generales de comunicación en el estado de Michoacán”.
Además, también proponemos, el Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a hacer uso de la fuerza pública para liberar las vías generales de comunicación en el estado de Michoacán, y a presentar las denuncias de quienes resulten responsables.
El Presidente fue electo por mayoría en este país para hacer cumplir la ley, no tuvimos más, pero no aceptamos menos.
Es cuanto, Senadora.