- Propone reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, para fortalecer el principio de igualdad entre las partes dentro del sistema de justicia penal
- También pide modificar la Ley del IVA para dar permanencia legal al IVA del 8% en la región fronteriza
Pongo a consideración de este Pleno dos iniciativas distintas en su materia, pero unidas por un mismo principio: que el ciudadano tenga reglas justas, claras y equitativas frente al Estado, aseguró el senador panista José Máximo García López, desde la tribuna de la Cámara alta.
En la sesión ordinaria, el legislador por Baja California precisó que la primera de sus propuestas reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales; y la segunda, modifica la Ley del IVA.
“Estas iniciativas parten de una convicción muy sencilla: el Estado debe dar certeza, no incertidumbre; certeza para quien enfrenta un proceso judicial, certeza para las víctimas que buscan justicia y certeza para las familias, los trabajadores y las empresas, que todos los días hacen producir a nuestra frontera”, acotó.
Planteamos, explicó, diversos cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, con un propósito muy concreto: fortalecer el principio de igualdad entre las partes dentro del sistema de justicia penal.
“La llamada igualdad de armas significa que ninguna de las partes debe enfrentar un proceso en condiciones de desventaja sustancial. Se trata de garantizar que la defensa, la víctima y la acusación cuenten con oportunidades procesales efectivas, para hacer valer sus derechos”, resaltó García López.
Destacó que esta iniciativa “recoge el trabajo y la visión de un amigo, del senador Gustavo Sánchez Vásquez, que en paz descanse, quien fue uno de los principales impulsores, junto con integrantes de la comunidad jurídica de Mexicali”.
Reconozco especialmente, continuó, la aportación de su hijo, Gustavo Sánchez Flores, y de la licenciada Miriam López Ortega, así como de las abogadas y abogados que participan en su construcción.
“Un abrazo hasta el cielo, amigo Gustavo, tu trabajo, tus ideas y tu compromiso con la justicia siguen dejando un legado en favor de nuestra nación”, afirmó.
García López subrayó que las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales contienen seis modificaciones principales:
Fortalecer las reglas de imparcialidad de jueces y magistrados; permitir que la defensa pueda desahogar medios de prueba desde la audiencia inicial; ampliar de dos a cinco horas el receso que pueda decretar el juez en un asunto de extrema complejidad antes de resolver la situación jurídica del imputado; afianzar los derechos de las víctimas, ampliando de tres a diez días hábiles el plazo para ejercer la coadyuvancia en la acusación.
Asimismo, agregó, se proponen plazos más razonables para la deliberación de los tribunales y para la presentación de recursos de apelación, buscando que las resoluciones sean producto de análisis suficientemente fundado y no de la premura procesal.
El senador de Acción Nacional dijo que la segunda iniciativa tiene que ver directamente con la economía de millones de mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en la frontera.
“Proponemos dar permanencia legal al IVA del 8 por ciento en la región fronteriza. No estamos pidiendo un privilegio para la frontera, estamos reconociendo su realidad económica”, refirió.
Competimos todos los días, prosiguió, con el mercado de Estados Unidos, y cuando de este lado tenemos una tasa al 16 por ciento y del otro lado existe una tasa cercana al 8 por ciento ocurre algo muy sencillo: el consumidor cruza la frontera, el comercio mexicano pierde ventas y los empleos locales se ponen en riesgo.
Apuntó que el IVA al 8 por ciento funciona en la frontera desde el 2019, aunque aún depende de decretos presidenciales temporales, y la vigencia actual concluye el 31 de diciembre del 2026.
“La frontera no puede estar preguntándose periódicamente si este esquema continuará o si va a desaparecer. Por eso, proponemos llevar este esquema a la ley. No buscamos crear una excepción improvisada, sino dar certeza jurídica”, concluyó García López.
–000–
Intervención del senador José Máximo García López, al presentar dos iniciativas: una, que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales; y la segunda, que modifica la Ley del IVA.
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2026
Versión de la intervención del senador José Máximo García López, al presentar dos iniciativas: una, que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales; y la segunda, que modifica la Ley del IVA
Gracias, presidenta.
El día de hoy, compañeras y compañeros senadores, senadoras, propongo a consideración de este Pleno dos iniciativas distintas de su materia, pero unidas por un mismo principio: que el ciudadano tenga reglas justas, claras y equitativas frente al Estado.
La primera iniciativa tiene que ver con diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, con un propósito muy concreto: fortalecer el principio de igualdad entre las partes dentro del sistema de justicia penal.
La llamada igualdad de armas significa que ninguna de las partes debe enfrentar un proceso en condiciones de desventaja sustancial.
Se trata de garantizar que la defensa, la víctima y la acusación cuenten con oportunidades procesales efectivas, para hacer valer sus derechos.
La propuesta plantea seis modificaciones principales.
Primero. Fortalecer las reglas de imparcialidad de jueces y magistrados, incorporando como causas de impedimento la amistad o enemistad manifiesta y el compadrazgo, permitiendo acreditar determinados vínculos mediante fotografías, publicaciones en redes sociales u otros elementos digitales.
Segundo. Permitir que la defensa pueda desahogar medios de prueba desde la audiencia inicial, siempre que sean pertinentes para controvertir la vinculación a proceso, o la necesidad de una medida cautelar.
Tercero. Ampliar de dos a cinco horas el receso que pueda decretar el juez en un asunto de extrema complejidad antes de resolver la situación jurídica del imputado.
Cuarto. Fortalecer los derechos de las víctimas, ampliando de tres a diez días hábiles el plazo para ejercer la coadyuvancia en la acusación.
Asimismo, se proponen plazos más razonables para la deliberación de los tribunales y para la presentación de recursos de apelación, buscando que las resoluciones sean producto de análisis suficientemente fundado y no de la premura procesal.
Quiero concluir con una mención especial, significativa: esta iniciativa recoge el trabajo y la visión de un amigo, del senador Gustavo Sánchez Vásquez, que en paz descanse, quien fue uno de los principales impulsores, junto con integrantes de la comunidad jurídica de Mexicali.
Reconozco especialmente la aportación de su hijo, Gustavo Sánchez Flores, y de la licenciada Miriam López Ortega, así como de las abogadas y abogados que participan en su construcción.
Un abrazo hasta el cielo, amigo Gustavo, tu trabajo, tus ideas y tu compromiso con la justicia siguen dejando un legado en favor de nuestra nación.
Que esta iniciativa sea también testimonio de las buenas causas y el trabajo bien realizado, puedan trascender incluso a quienes las iniciaron.
La segunda iniciativa tiene que ver directamente con la economía de millones de mexicanos y mexicanas que vivimos y trabajamos en la frontera.
Proponemos dar permanencia legal al IVA del 8 por ciento en la región fronteriza.
Quiero decirlo con claridad: no estamos pidiendo un privilegio para la frontera, estamos reconociendo su realidad económica.
Quienes vivimos en ciudades fronterizas, sabemos que nuestra competencia no termina en los límites de nuestro municipio ni de nuestro estado. Competimos todos los días con el mercado de Estados Unidos, cuando de este lado tenemos una tasa al 16 por ciento y del otro lado existe una tasa cercana al 8 por ciento, ocurre algo muy sencillo: el consumidor cruza la frontera, el comercio mexicano pierde ventas y los empleos locales se ponen en riesgo.
El IVA al 8 por ciento funciona en la frontera desde el 2019; sin embargo, continúa dependiendo de decretos presidenciales temporales, y la vigencia actual concluye el 31 de diciembre del 2026.
La frontera no puede estar preguntándose periódicamente si este esquema continuará o se va a desaparecer. Los empresarios necesitan certeza para invertir, los comerciantes necesitan certeza para competir y los trabajadores necesitan certeza para conservar y generar empleos.
Por eso, proponemos llevar este esquema a la ley. No buscamos crear una excepción improvisada, buscamos darle certeza jurídica a una política económica que ya forma parte de la realidad de nuestra frontera.
Por tratarse de una contribución, solicitamos que esta iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados para el trámite legislativo correspondiente.
Compañeras y compañeros senadores, senadoras, estas dos iniciativas parten de una convicción muy sencilla: el Estado debe dar certeza, no incertidumbre; certeza para quien enfrenta un proceso judicial, certeza para las víctimas que buscan justicia y certeza para las familias, los trabajadores y las empresas que todos los días hacen producir a nuestra frontera.
Es cuanto, señora presidenta
–000–