El congelamiento de cuentas, las investigaciones y las actuaciones en EE.UU. exhiben una posible red de protección política
Los recientes hechos relacionados con Rubén Rocha Moya y exfuncionarios de su administración “están derrumbando la narrativa oficial de que nada estaba pasando en Sinaloa”, señaló el senador Mario Vázquez del Partido Acción Nacional.
Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara cuentas, además de acciones e investigaciones que involucraron a exmiembros del aparato de seguridad estatal, el legislador insistió en que “es cada vez más difícil sostener que no había indicios, denuncias o señales de advertencia sobre lo que estaba sucediendo en Sinaloa”.
“El asunto ya no se puede reducir a un individuo. “Estamos presenciando el tejido político-criminal que funcionó durante años bajo el amparo de la protección política y que dejó al pueblo de Sinaloa atrapado entre la violencia y la impunidad”, dijo el legislador de Chihuahua.
Fue en esos años —y especialmente durante y después de las elecciones de 2021— que hubo acusaciones públicas, investigaciones periodísticas y denuncias relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado, también recordó.
Asimismo, precisó que desde hace años existían señalamientos públicos, investigaciones periodísticas y denuncias relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado, particularmente durante y después del proceso electoral de 2021.
Mario Vázquez consideró que los recientes movimientos demuestran que “la tesis de que no había evidencia se está desmoronando”, ya que renuncias, investigaciones, incautaciones financieras y procesos relacionados con autoridades estadounidenses comenzaron a acumularse.
El senador también afirmó que el Gobierno de México debe actuar con responsabilidad institucional y cumplir con los mecanismos de cooperación y tratados internacionales vigentes.
El senador también mencionó que el Gobierno de México debe rendir cuentas a las instituciones y adherirse a la cooperación en los tratados de cooperación e internacionales existentes.
“Lo que la gente quiere y espera, es justicia. Que el poder político nunca más esté por encima de la ley o al servicio de intereses criminales”, dijo. Finalmente, recordó que Sinaloa necesita recuperar la estabilidad y la confianza en sus instituciones, y advirtió que “el país no puede normalizar ningún nivel de complicidad entre autoridades y grupos criminales”.
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