Intervención de la senadora del GPPAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, para presentar voto particular, al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Ciudad de México, a 21 de abril de 2026.
Intervención de la senadora del GPPAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, para presentar voto particular, al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Senadoras y senadores, vengo a posicionar nuestro voto en contra del dictamen que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Esta reforma no le ha gustado a nadie. A la Cámara de Diputados tampoco le convenció.
La oposición votó en contra y los grupos oficialistas le hicieron modificaciones, por lo que hoy la tenemos aquí de vuelta.
De última hora y con prisas, como ya es su costumbre, las comisiones la volvieron a modificar.
Estamos llegando al último escalón de nuestro proceso legislativo y si los diputados la rechazan, podríamos tener la suerte de que quede totalmente congelada.
Pero más allá de las modificaciones que intentan evitar que sea un desastre total, el centro de la reforma es totalmente perverso.
Su espíritu es fortalecer al gobierno y a los servidores públicos en perjuicio de la ciudadanía.
El problema de esta reforma radica en su diseño integral, que en lugar de fortalecer al Tribunal de Justicia Administrativa como un equilibrio entre las partes, lo coloca del lado del gobierno.
Busca construir un Estado fuerte frente a un ciudadano débil, como ya es su costumbre también.
La justicia administrativa en las democracias busca proteger al ciudadano de los excesos, ineptitudes o errores de la administración pública, mediante procesos racionales que otorguen certeza jurídica a ambas partes.
Pero esta pésima reforma rompe ese equilibrio, afecta la certeza jurídica y refleja la vocación autoritaria de Morena en el gobierno.
Cada vez cuesta más abrir un negocio sin tener que dar sobornos. Incluso para investigar se pide dinero, como ocurrió con la Fiscalía de la Ciudad de México.
La justicia administrativa debe ser una herramienta del ciudadano frente al poder mal aplicado, no una herramienta del poder para aplastar al ciudadano.
Ya lo dijo Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Morena ha destruido los contrapesos, ha anulado las instituciones que velan por los derechos humanos, debilitó la transparencia, afectó el amparo y convirtió al Poder Judicial en un poder torpe y sumiso, porque son autoritarios y buscan el poder absoluto.
Y sí, han hecho de la corrupción el aceite de su gobierno, de la mentira la base de su propaganda y del cinismo su burla hacia los ciudadanos.
Debería darles vergüenza. Ojalá que esta reforma quede congelada, porque no es para el bien de los ciudadanos.
En Acción Nacional votaremos en contra, porque estamos del lado de las familias, de los emprendedores y de la ciudadanía, porque queremos que el país tenga desarrollo, certeza jurídica y justicia.
Y este desastre de dictamen no lo cumple, por lo contrario, lo amenaza. Es cuanto, senadoras y senadores.
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