Intervención de la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, para hablar a favor del dictamen de las comisiones unidas de Bienestar, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de Estudios Legislativos Primera, que reforma la fracción II y adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ciudad de México, a 15 de abril de 2026
Versión de la intervención de la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, para hablar a favor del dictamen de las comisiones unidas de Bienestar, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de Estudios Legislativos Primera, que reforma la fracción II y adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Con su venia, presidenta.
Compañeras y compañeros senadores.
Hoy estamos aquí no sólo para discutir una reforma que, aunque breve en su redacción, es más que nada un profundo impacto para toda la sociedad, no es de que nos obliguen a simular, sino hablar de inclusión; no es colocar una rampa, es garantizar que esa rampa funcione, que sirva y que garantice que esté siempre disponible para quien la necesita.
La iniciativa que hoy se pone a nuestra consideración reforma el artículo 17 de la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer que las medidas de accesibilidad no sólo deben de existir, sino que se deben de estar verificando a diario para asegurar su correcto funcionamiento.
Hoy en México tenemos una deuda pendiente con millones de personas, con las que enfrentan diariamente barreras sociales, físicas e institucionales; personas que ven limitado su acceso al transporte, a la educación, al trabajo, entre otros espacios, no porque la ley no exista, sino porque muchas veces la infraestructura no funciona, porque las rampas están en malas condiciones, mal diseñadas, porque los elevadores no sirven, porque la accesibilidad se instala, pero no se mantiene, y eso es lo que esta reforma busca corregir.
Las senadoras y los senadores del PAN acompañamos esta propuesta y votaremos a favor, porque entendemos que la inclusión no puede ser un discurso, debe ser una realidad tangible, debe sentirse en las calles, debe vivirse en los espacios públicos, debe reflejarse en la vida diaria de las personas.
Sin embargo, también debemos hablar con responsabilidad porque si bien esta reforma introduce un elemento fundamental, la supervisión periódica, también es cierto que deja pendientes importantes. Por ejemplo, no define con claridad a las autoridades responsables, no se establecen mecanismos específicos de verificación y no se contemplan sanciones para el incumplimiento.
Esto significa que el verdadero reto no está en la aprobación de la reforma, está en su implementación y en la obligación de contar con una política pública efectiva.
De nada sirve legislar, si no garantizamos que lo aprobado se cumpla.
Compañeras y compañeros, esta reforma nos recuerda algo muy importante: que la inclusión no se decreta, se construye, se supervisa y se garantiza todos los días.
Hoy damos un paso necesario para reconocer que la accesibilidad no es estática, que requiere mantenimiento, que requiere vigilancia y que requiere compromiso permanente de todo el Estado.
Debemos asumir que esta reforma debe ir acompañada de acciones concretas, coordinación y voluntades políticas, y recursos suficientes para lograr su objetivo. Porque al final del día, no estamos legislando una infraestructura, estamos legislando sobre la dignidad, sobre la igualdad, pero sobre todo el derecho de las personas a moverse, a acceder, a participar y a vivir en condiciones de igualdad y por un México verdaderamente incluyente.
Es cuanto, presidenta.
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