Intervención de la senadora Ivideliza Reyes Hernández, en la discusión del dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Primera, que reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral.
Ciudad de México, a 08 de abril de 2026
Versión de la intervención de la senadora Ivideliza Reyes Hernández, en la discusión del dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Primera, que reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral
Gracias.
Con su venia, presidenta.
El día de hoy discutimos las leyes secundarias de una reforma que hace apenas unas semanas aprobamos en este Pleno y que, con temas todavía perfectibles, busca dignificar las condiciones laborales de millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país a partir de la reducción de su jornada laboral, una tendencia que en los países de mayor desarrollo no sólo se asocia con el avance de los derechos humanos, sino con mayor productividad y la mejora sustantiva de la calidad de vida de la población.
Estas leyes secundarias son muy importantes porque sientan las bases normativas para que lo que se pretendió expresar en el Legislativo sea realidad accesible para los trabajadores, en los que se pensó a la hora de dictaminar y aprobar dicha reforma.
Es importante también porque servirá como base para la elaboración de políticas públicas a nivel federal y, desde luego, en las diferentes entidades federativas que puedan hacer que la reforma aprobada para reducir la jornada laboral sea realidad.
En este punto quisiera hacer una advertencia: no perdamos de vista lo que ocurre en los estados y observemos que los titulares de cada Poder Ejecutivo no utilicen estas reformas como una coyuntura para golpear a los trabajadores en sus estados.
¿Y por qué digo esto?: porque, aprovechando la supuesta armonización de las reformas que en materia laboral hemos aprobado aquí, en el Congreso de Nayarit aprobaron la semana pasada un par de iniciativas, enviadas por el gobernador del estado, mismas que golpean de forma significativa a miles de trabajadoras y trabajadores, y a sus familias; es decir, mientras en este Senado aprobamos iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, en estados como Nayarit se hace exactamente lo contrario.
Las iniciativas propuestas por el gobierno local tienen puntos muy alarmantes, pero destaco apenas tres para que sirvan para abonar a la discusión del presente dictamen: ignoran el principio de la no retroactividad en perjuicio, atentando contra los derechos ya adquiridos de miles de trabajadores que tendrán que acudir a tribunales para defenderse, obligándoles a un desgaste anímico, económico y al deterioro de su salud, pues la mayoría de los afectados son adultos mayores.
Se instalan figuras que son desproporcionadas y que atentan a todas luces contra la Constitución y contra el sentido común. La imposibilidad de que los trabajadores con 20 años de servicio y derechos ganados puedan retirarse con pensiones que no excedan a las de sus superiores jerárquicos, que son casi siempre empleados de confianza, cuyo principal ingreso no es su percepción, sino las sustanciales compensaciones que reciben.
Es totalmente arbitrario, injusto y aberrante desde el punto de vista jurídico. Seguramente, no tardará en que la Corte lo declare inconstitucional, exhibiendo una vez más al gobierno y al Congreso local.
El mismo gobierno de Nayarit ha creado como eje rector del sistema pensionario una figura que, lejos de convertirse en la solución del problema que se tiene en la materia, ha generado una profunda desconfianza e incertidumbre y que, a la vez, en los próximos meses, se convierta en el gran escándalo de corrupción que ponga a Nayarit en la conversación nacional.
Vuelvo al punto de partida: compañeras y compañeros, mientras que en el gobierno y en el Congreso federal se construyen acuerdos para avanzar en materia laboral, protegiendo los derechos de los trabajadores, tal y como lo indica el comunicado 74 del gobierno federal, la reforma no afectará a trabajadores ni tiene que ver con trabajadores con contratos colectivos, lo que es significativo porque especifica, sin lugar a dudas, que las reformas que aquí se han aprobado no tienen el objetivo de lastimar los derechos adquiridos de los trabajadores, tal y como sucede en Nayarit.
Este dictamen que hoy discutimos –por el que adelanto mi voto a favor— no sólo debe ser parte de un proceso legislativo obligado, sino que debe convertirse, además, en una advertencia para que estemos muy atentos a lo que ocurre en los diferentes estados, y que lo que aquí hemos aprobado, pensando por el bien de la clase trabajadora, no se pervierta en cada entidad, que lo que está ocurriendo en Nayarit con los trabajadores no ocurra en ningún otro estado.
Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
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