Intervención de la senadora Gina Campuzano González, para hablar en contra del dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ciudad de México, a 07 de abril de 2026
Versión de la intervención de la senadora Gina Campuzano González, para hablar en contra del dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Con su permiso, presidenta.
Morena dice que esta reforma es para construir un futuro. Yo digo que es para comprometerlo porque, detrás de esas palabras grandotas y del discurso de inversión, lo que realmente están pidiendo es permiso para disponer del dinero público con menos controles, amarrar contratos por décadas y dejar a México atado a decisiones tomadas desde el poder.
Esta reforma permite iniciar procedimientos de contratación sin contar con suficiencia presupuestaria. Ahí está el primer foco rojo, en el artículo 35 bis de esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Pongamos un ejemplo: primero, comprometen la obra y luego ven cómo la pagan. Eso en una casa sería como apartar una vivienda sin saber si alcanza para la mensualidad. Y eso en un gobierno termina igual: recortes presupuestarios, el dinero de la gente usado para tapar hoyos que ellos mismos siguen abriendo.
Otra mentira que hay que desnudar es que nos hablan de una inversión “histórica”. Sí, el propio gobierno anunció un plan de 5.6 billones de pesos al 2030. Pero una cosa es anunciar cifras gigantes y otra muy distinta es explicar con seriedad quién decide, con qué controles, bajo qué reglas y a qué costo para el país. Porque cuando el dinero no está en caja y aún así se abren contrataciones, lo que están haciendo no es planeación, es patear la cuenta para mañana y dejarle la bomba al que sigue.
Además, esta reforma crea los llamados “vehículos de propósito específico”. Ahí está el segundo foco rojo, en el artículo 116. ¿Qué significa eso en palabras simples?: que una obra pública puede meterse en una especie de cajón aparte, con su propia estructura legal y financiera.
Pongo un ejemplo: anuncian un tren o un hospital y la gente piensa que el gobierno lo va a manejar de manera de manera directa y transparente, pero no, con esta reforma ese proyecto puede terminar dentro de un fideicomiso, una sociedad o una estructura especial. ¿Y qué pasa entonces?: que si la obra cuesta más, se retrasa o sale mal, todo se vuelve más confuso.
Nadie entiende bien dónde quedó el dinero, quién tomó las decisiones y quién tiene que dar la cara. La respuesta ya la conocemos, como siempre, sus ocurrencias la pagan los mexicanos. Nos dicen que esta reforma dará certidumbre. Yo les pregunto: ¿certidumbre, certidumbre para quién? Porque para los estados y municipios no, y tampoco para el federalismo que, una vez más, queda subordinado a decisiones tomadas desde el poder, desde el gobierno de Morena.
Lo disfrazan de una “visión estratégica”, pero lo que en verdad están construyendo es un modelo donde el poder se concentra y los contrapesos se debilitan.
Y hay otra parte que la gente tiene que saberlo muy bien. Esta reforma permite compromisos de hasta 40 años, está en el artículo 120, 40 años. Un niño que hoy nace podría llegar a la adultez, terminar la carrera, empezar a trabajar y el país seguiría pagando decisiones tomadas hoy.
Eso no es una visión a largo plazo, eso es hipotecar el futuro con cargo a gobiernos que ni siquiera han llegado.
Por eso, esta reforma es tan peligrosa porque, primero, gastan sin tener; segundo, deciden sin contrapesos suficientes; tercero, comprometen por décadas recursos públicos, y eso en un país que ya ha visto sobrecostos, subsidios permanentes y megaproyectos que prometieron una cosa y terminaron costando mucho más, debería de prender todas las alertas.
Porque el problema no es sólo que esta reforma sea mala en el papel, el problema es que cae en manos de un gobierno que ya demostró cómo gasta, cómo improvisa y cómo esconde el costo real de sus decisiones.
Y aquí viene la parte más cínica, pero más cínica de todas. Nos dijeron durante años que los fideicomisos eran cajas negras. Nos dijeron que eran un sinónimo de opacidad, de abuso y corrupción. Tres. Tan seguros estaban que, en 2020, Morena desapareció 109 fideicomisos y fondos públicos, y no estamos hablando de cosas menores. Entre ellos estuvieron el Fonden, el Fondo Metropolitano y también fideicomisos vinculados a víctimas, a la protección de periodistas y personas defensoras, y hasta el Fidecine.
Y, para rematar, desde el propio gobierno salieron a decir que con esa extinción se cerraba una página de opacidad, oprobio y corrupción. ¡Qué curioso!, cuando los fideicomisos no los controlan ellos era corrupción, pero ahora que les sirven para sus obras, para sus contratos y para sus proyectos favoritos ya no les parecen tan malos. ¡Qué caray!
No era un problema pues de principios, era un problema de control. Aclaremos algo, aquí aclaremos: todos estamos a favor de la infraestructura, lo venimos pidiendo desde hace años. Claro que México necesita carreteras, hospitales, escuelas, agua, energía, conectividad, pero no con una ley como esta, para que el poder se vigile a sí mismo, se autorice a sí mismo y comprometa el dinero de todos sin controles suficientes.
Por eso, en Acción Nacional no podemos acompañarla porque esto no es un impulso sano a la infraestructura. Morena pide que le creamos a ciegas, que lo firmemos sin suficiencia presupuestaria y que le entreguemos décadas de margen.
Eso no es pedir confianza, eso es pedir un cheque en blanco. Y a Morena hay que decírselo de frente: México necesita obras útiles y necesita un gobierno que no juegue con el futuro de los mexicanos.
Es cuanto, presidenta.
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