Intervención del senador José Máximo García López para hablar en contra del proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ciudad de México, 7 de abril de 2026.
Intervención del senador José Máximo García López para hablar en contra del proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Gracias, presidenta, con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros senadores, hoy se nos presenta un dictamen que en apariencia busca detonar la inversión y la infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar. Nadie en este Senado podría oponerse a este objetivo.
Pero el problema del modelo que se propone para lograrlo es el que nos llama la atención, porque detrás de esta nueva ley, una realidad que no podemos ignorar, se está construyendo un esquema sofisticado para comprometer recursos públicos futuros sin llamar la deuda. Y eso en términos de responsabilidad hacendaria es profundamente delicado.
Esta le permite expresamente contratos de inversión estratégica hasta por 40 años. Incorpora pagos diferidos, compromisos plurianuales y abre la puerta a iniciar proyectos sin suficiencia presupuestaria, es decir, obras que se realizarán el día de hoy y pagos hasta por 40 años.
Decisiones hoy, cargas fiscales para los siguientes gobiernos. Y si nos dicen que habrá controles, que habrá evaluación, que habrá transparencia, pero al mismo tiempo el propio dictamen reconoce riesgos claros, pasivos contingentes que pueden ser plenamente visibles al Congreso, Protección Presupuestaria diferente que amarra el gasto futuro, excepciones amplias a la licitación que abren espacios de discreción.
Esto nos preocupa, ya lo estamos viendo en la práctica.
En Baja California tenemos ya este tipo de asociaciones que se han utilizado en esquemas de obra pública plurianual, donde las obras no se pagan de contado, sino a lo largo de varios años, incorporando financiamiento, IVA y costos adicionales.
El resultado es claro, el costo final de las obras pueden duplicarse respecto al monto original.
Estamos hablando que están costando el doble estas obras en Baja California.
Eso no siempre aparece como deuda tradicional, pero los hechos, sí es una obligación financiera para el estado. Y eso exactamente es lo que esta ley viene a escalar a nivel nacional.
Estamos ante prácticamente la aprobación de un cheque en blanco para el propio gobierno.
Además, el modelo concentra decisiones en el Ejecutivo federal. El consejo de planeación estratégica está integrado exclusivamente por funcionarios federales con derecho a voto, no hay contrapesos reales, no hay control legislativo efectivo, se centraliza la decisión, pero se socializa el riesgo.
Se nos dice que esto dará certidumbre, pero lo que realmente genera es rigidez presupuestaria a futuro, dependencia del sector privado, riesgo de captura regulatoria y una complejidad técnica que el propio Estado mexicano históricamente no ha logrado gestionar adecuadamente.
Sabemos que el recurso en infraestructura es detonante para el desarrollo económico. Pero México sí necesita esta inversión en infraestructura, pero también necesita disciplina fiscal, transparencia real y rendición de cuentas efectiva.
No podemos aprobar un modelo que permita comprometer los recursos de generaciones futuras sin los controles suficientes. No podemos normalizar esquemas donde el costo real de los proyectos se difiera y se diluya, ya que en el planteamiento de este proyecto se habla de endeudamiento de hasta por 5 años, pero se puede alargar hasta por 40.
Sobre el fracaso comprobado en Baja California, está claro que la obra pública cuesta más del 80, 70% del proyecto inicial, y sobre todo por el manejo discrecional que se da en estos recursos.
Podemos avalar una legislación que bajo el discurso del desarrollo abre la puerta a nuevas formas de endeudamiento encubierto.
Por eso, desde el grupo parlamentario del PAN votaremos en contra de este dictamen, porque invertir sí, pero no a cualquier costo, no sin controles y no comprometiendo el futuro financiero del país.
Es cuánto, presidenta.
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