Intervención del senador Francisco Ramírez Acuña para hablar en contra del dictamen de las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Primera, que reforma la Ley de Vivienda, en materia de vivienda adecuada.
Ciudad de México, a 21 de abril de 2026.
Intervención del senador Francisco Ramírez Acuña para hablar en contra del dictamen de las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Primera, que reforma la Ley de Vivienda, en materia de vivienda adecuada.
Señora Presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy discutimos un dictamen que en apariencia busca garantizar un derecho legítimo: el acceso a una vivienda adecuada en lo que nadie en esta asamblea podemos estar en desacuerdo o oponernos a ese objetivo.
Sin embargo, el problema no está en el propósito, sino en los medios que este dictamen propone para alcanzarlo.
Desde el Partido Acción Nacional lo decimos siempre con claridad, no podemos acompañar una reforma que bajo el discurso de derechos pone en riesgo la legalidad, la transparencia y sobre todo el patrimonio de millones de trabajadores y trabajadoras de este país.
Es cierto que la minuta armoniza la ley con la Reforma Constitucional del 2024 y adopta el concepto de vivienda adecuada e incorpora estándares internacionales y siete elementos que dan contenido a este derecho. Eso es positivo, pero no basta, no basta con buenas definiciones cuando el diseño institucional es profundamente riesgoso.
El dictamen otorga facultades amplísimas al INFONAVIT y al FOVISSSTE para adquirir, construir, demoler, urbanizar, arrendar y hasta enajenar viviendas con recursos de sus fondos, es decir, deja de verlos como instituciones financieras al servicio de las y los trabajadores para convertirlos en desarrolladores inmobiliarios del Estado.
Y aquí es el primer problema de fondos, ¿con qué recursos se pretende hacer todo esto?
El propósito y el propio dictamen establece que no habrá ampliaciones presupuestales.
Entonces la pregunta, compañeras y compañeros senadores, es inevitable, ¿se utilizarán los ahorros de las y los trabajadores?
No obstante, hablando de recursos públicos discrecionales, estamos hablando del patrimonio de millones de mexicanos, de sus subcuentas de vivienda, de recursos que tienen un destino claro y una naturaleza jurídica específica.
Este dictamen abre la puerta a que estos recursos se utilicen para fines distintos, sin candados suficientes, con disposiciones ambiguas que no garantizan plenamente su protección.
Y esto es inaceptable. Segundo, se amplía el universo de beneficiarios sin una fuente clara de financiamiento. Ahora se permite que estos organismos atiendan no sólo a derechohabientes, sino a cualquier persona.
Puede sonar socialmente atractivo, pero financieramente es irresponsable. Es prometer más derechos sin respaldo presupuestal, comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
Tercero, se debilita el modelo tripartito de INFONAVIT. Este modelo ha sido una garantía de equilibrio entre trabajadoras, trabajadores, empresarios y gobierno. Alterarlo implica concentrar decisiones en el Ejecutivo y reducir los contrapesos institucionales. Y cuando se eliminan contrapesos, se debilita el Estado de Derecho.
Hace apenas una semana, esta soberanía aprobamos la Ley de Fomento de Infraestructura. Derecho en él se establece que recurrirán hasta el 30% de las Afores, una vez más, a las Afores.
Sin esta intervención, se pondría en riesgo todo el recurso de todas nuestras compañeras y compañeros trabajadores.
El PAN está a favor de una política de vivienda moderna, eficaz y con enfoque de derechos, pero también estamos a favor de la responsabilidad fiscal, de la certeza jurídica y de la protección del patrimonio de las familias mexicanas.
Este dictamen como está, no garantiza ninguna de estas cosas. No podemos respaldar una reforma que sustituya reglas claras por discrecionalidad, que sustituye financiamiento responsable por incertidumbre y que pone en riesgo los recursos que no le pertenecen al Gobierno.
Por eso, desde esta tribuna reiteramos, sí a la vivienda adecuada como derecho exigible, no al uso indebido de los recursos de las y los trabajadores, no a la discrecionalidad sin controles, no al debilitamiento institucional.
Muchas gracias, Presidenta.
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