Intervención del senador Agustín Dorantes Lambarri, en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que reforma el artículo 127 de la Constitución.
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2026
Versión de la intervención del senador Agustín Dorantes Lambarri, en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que reforma el artículo 127 de la Constitución
Con su venia, presidenta.
¿Tiene sentido que el Estado mexicano pague pensiones de cientos de miles de pesos al mes, mientras millones de familias siguen enfrentando hospitales sin medicamentos, escuelas con rezago y una inseguridad que roba su tranquilidad?: por supuesto que no.
Desde esta tribuna lo digo con claridad: basta ya a las pensiones excesivas pagadas con recursos públicos. El servicio público no puede convertirse en un privilegio financiado por las y los ciudadanos.
Para dimensionar: en México, millones de adultos mayores viven con pensiones que rondan entre los 4 mil y los 7 mil pesos mensuales. Mientras tanto, en algunos regímenes del sector público han existido pensiones que superan los 100 mil, los 200 mil y hasta el millón de pesos.
Esa desigualdad no sólo es injusta, es indignante.
Por eso, es correcto discutir cómo terminar con esos privilegios.
Pero si vamos a hablar de privilegios financiados con dinero del recurso público, hablemos con coherencia. Porque la forma en que se establece el límite en esta reforma, vinculándolo al salario de la presidenta, genera un elemento altísimo de incertidumbre. Si el límite depende del salario presidencial, cualquier modificación impactará directamente en la pensión.
Precisamente por eso sería mucho más adecuado fijar ese límite con la UMA. No tengan miedo de cambiar y legislar y mejorar esta propuesta. Además, el alcance de esta reforma es todavía muy limitado.
La iniciativa se concentra en ciertos organismos públicos y empresas del Estado mexicano, pero deja afuera a amplios sectores públicos, donde también existen regímenes del retiro financiados con impuestos de la gente.
¿Por qué unos sí y otros no? Ninguna pensión pública debería exceder este monto. Esto también es indignante.
Por eso, repito, si vamos a hacer esta reforma tan necesaria, hagámosla de la mejor manera posible, hagámosla bien y, ojo, este debate tampoco es nuevo. En Querétaro, lo vivimos hace más de una década, cuando en 2015 se impulsa una reforma al sistema de jubilaciones del estado de Querétaro. En este momento, se entendió algo fundamental: si no se corrigen los desequilibrios presupuestales, el gasto burocrático termina desplazando las prioridades de las familias.
Por el manejo responsable de Querétaro, tenemos cada fin de sexenio cero deuda. Ojalá pudiéramos decir lo mismo en nuestro país.
La discusión fue difícil, pero el principio era claro: las pensiones deben ser sostenibles y deben ser justas porque, de lo contrario, terminan comprometiendo el futuro de nuestras familias. El verdadero debate no es sólo cuánto se va a recortar, también debemos hablar de certeza, de transparencia y del destino del dinero público, ¿para qué y para quiénes se va a destinar el dinero de estos recortes?
México enfrenta desafíos enormes. El desabasto de medicamentos sigue matando a miles de pacientes. El sistema educativo enfrenta rezagos preocupantes. Y en materia de seguridad, millones de familias viven todos los días con la preocupación de si sus hijos regresarán a su casa.
Además, tenemos servidores públicos, policías y enfermeras que viven y tienen ingresos en condiciones precarias.
Ésas son las verdaderas urgencias de nuestro país, que ese dinero no desaparezca en la opacidad, que no se pierda en las ineficiencias o en proyectos que no tienen ni pies ni cabeza, que ese dinero no se diluya en un gasto burocrático, que llegue directamente a proteger a las familias, en medicinas, en mejores escuelas, en mayor seguridad, porque cuando hablamos de recursos públicos, hablamos del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos que pagan impuestos todos los días, y ese esfuerzo merece respeto.
Por eso, desde esta tribuna quiero decirlo con claridad: debemos eliminar privilegios, pero eliminar privilegios tiene sentido si ese dinero se traduce en mejor calidad de vida para nuestra gente.
El verdadero objetivo de esta discusión debe ser uno solo: que cada peso del presupuesto sirva al interés público, que el dinero de la ciudadanía regrese a ella en forma de derechos en todos los rincones del país, que impacten en la calidad de vida de las familias de México.
Ésa es la meta que debemos exigir y ésa es la meta por la que debemos luchar en este Senado de la República.
Es cuanto, presidenta.
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