- Frente a un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y redefiniciones comerciales, México necesita instituciones fuertes y coordinadas, destaca
El senador panista José Máximo García López afirmó que es necesario actualizar y fortalecer el marco jurídico que regula la intervención del Senado de la República en la aprobación de tratados internacionales en materia económica.
Por ello, impulsó una iniciativa para reformar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica, y para modificar los artículos 4 y 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.
La intención, dijo, es dotar al Senado de herramientas modernas, funcionales y democráticas, acordes con el contexto constitucional vigente y con los retos que enfrenta México en el escenario internacional.
“México se encuentra en un momento estratégico para su futuro económico. La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es un cambio de técnico más, es una etapa determinante para la integración regional, la competitividad nacional, la estabilidad del empleo y la soberanía económica de nuestro país”, expuso.
El T-MEC, agregó el legislador por Baja California, no es únicamente un tratado comercial, es un instrumento que incide en sectores estratégicos, como la innovación tecnológica, la inversión productiva, la propiedad intelectual, la energía, el medio ambiente y los derechos laborales.
“Su revisión exige instituciones sólidas, coordinación entre poderes y procesos democráticos. Desde septiembre de 2024, el gobierno de México ha desarrollado una ruta institucional para preparar su revisión; se han celebrado consultas públicas, foros sectoriales en las entidades federativas y trabajos técnicos en los comités trilaterales; sin embargo, este momento también nos obliga a reflexionar sobre el papel que le corresponde al Senado de la República”, señaló.
Indicó que en 2007 se fortalecieron facultades del Senado en materia de tratados internacionales, ampliando atribuciones no sólo para aprobarlos, sino también para intervenir en su modificación, suspensión o terminación.
No obstante, acotó, la legislación secundaria no ha sido plenamente armonizada con ese rediseño constitucional.
“Hoy proponemos actualizarla, no para obstaculizar la conducción de la política exterior, no para invadir facultades del Ejecutivo, no para generar incertidumbre en la negociación internacional. Lo que proponemos es fortalecer la coordinación institucional, la transparencia y la corresponsabilidad democrática”, remarcó.
Aseveró que esta reforma proporcionaría al Senado herramientas modernas funcionales y democráticas para ejercer con responsabilidad su facultad constitucional, ya que “frente a un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y redefiniciones comerciales, México necesita instituciones fuertes y coordinadas”.
García López detalló que la iniciativa establece mecanismos claros de información al Senado durante el proceso de negociación, informes oportunos sobre el inicio formal de negociaciones y reportes finales que permitan conocer los compromisos asumidos, los beneficios esperados y los ajustes normativos requeridos.
“Esto no es una práctica aislada. Democracias consolidadas como en Estados Unidos, Canadá, Alemania o España cuentan con esquemas de consulta, información o intervención parlamentaria, que fortalecen la legitimidad de sus tratados”, argumentó.
Mencionó que la mejor defensa de la soberanía no es el aislamiento, sino la negociación inteligente respaldada por la legitimidad democrática.
“Esta iniciativa no debilita al Ejecutivo, lo fortalece; no genera obstáculos, genera certidumbre; no polariza, institucionaliza. Hoy, ante la revisión del T-MEC, el Senado tiene la oportunidad de consolidar su papel como órgano garante del equilibrio constitucional y del interés nacional, actuemos con visión de Estado”, pidió.
Por último, concluyó el legislador de Acción Nacional, se armoniza la Ley sobre la Celebración de Tratados, estableciendo que cuando se trate de instrumentos en materia económica deberán observarse los procedimientos previstos en esta ley especializada.
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Intervención del senador José Máximo García López, al presentar una iniciativa que reforma los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12 de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales, en materia económica; y que modifica los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026
Versión de la intervención del senador José Máximo García López, al presentar una iniciativa que reforma los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12 de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica; y que modifica los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados
Con su venia, presidenta.
Compañeras y compañeros senadores.
México se encuentra en un momento estratégico para su futuro económico. La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no es un cambio de técnico más. Es una etapa determinante para la integración regional, la competitividad nacional, la estabilidad del empleo y la soberanía económica de nuestro país.
El T-MEC no es únicamente un tratado comercial, es un instrumento que incide en sectores estratégicos, como la innovación tecnológica, la inversión productiva, la propiedad intelectual, la energía, el medio ambiente y los derechos laborales. Su revisión exige instituciones sólidas, coordinación entre poderes y procesos democráticos.
Desde septiembre de 2024, el gobierno de México ha desarrollado una ruta institucional para preparar su revisión. Se han celebrado consultas públicas, foros sectoriales en las entidades federativas y trabajos técnicos en los comités trilaterales. Sin embargo, este momento también nos obliga a reflexionar sobre el papel que le corresponde al Senado de la República.
La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica, que fue expedida en 2024. Desde entonces el contexto constitucional ha evolucionado. En 2007 se fortalecieron facultades del Senado en materia de tratados internacionales, ampliando nuestras atribuciones no sólo para aprobarlos, sino también para intervenir en su modificación, suspensión o terminación.
No obstante, la legislación secundaria no ha sido plenamente armonizada con ese rediseño constitucional.
Hoy proponemos actualizarla, no para obstaculizar la conducción de la política exterior, no para invadir facultades del Ejecutivo, no para generar incertidumbre en la negociación internacional. Lo que proponemos es fortalecer la coordinación institucional, la transparencia y la corresponsabilidad democrática.
La iniciativa plantea, en primer lugar, reconocer expresamente la facultad constitucional del Senado prevista en el artículo 76, fracción primera, como fundamento de esta ley, superando una visión limitada, centrada únicamente en el intercambio de información.
En segundo término, establece mecanismos claros y razonables de información al Senado durante el proceso de negociación, informes oportunos sobre el inicio formal de negociaciones y reportes finales que permitan conocer los compromisos asumidos, los beneficios esperados y los ajustes normativos requeridos.
Esto no es una práctica aislada. Democracias consolidadas como en Estados Unidos, Canadá, Alemania o España cuentan con esquemas de consulta, información o intervención parlamentaria, que fortalecen la legitimidad de sus tratados.
En tercer lugar, la reforma incorpora criterios de congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los instrumentos de planeación del Estado mexicano, asegurando que los tratados económicos respondan a objetivos estratégicos nacionales.
Asimismo, se fortalece la participación estatal de congresos locales, sectores productivos, académicos y organizaciones sociales mediante audiencias públicas y mecanismos del Parlamento abierto, reconociendo el carácter federal y plural de nuestra República.
También se armoniza la Ley sobre la Celebración de Tratados, estableciendo que cuando se trate de instrumentos en materia económica deberán observarse los procedimientos previstos en esta ley especializada.
En suma, esta reforma dota al Senado de herramientas modernas funcionales y democráticas para ejercer con responsabilidad su facultad constitucional; frente a un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y redefiniciones comerciales, México necesita instituciones fuertes y coordinadas.
La mejor defensa de la soberanía no es el aislamiento, es la negociación inteligente respaldada por la legitimidad democrática.
Esta iniciativa no debilita al Ejecutivo, lo fortalece; no genera obstáculos, genera certidumbre; no polariza, institucionaliza.
Hoy, ante la revisión del T-MEC, el Senado tiene la oportunidad de consolidar su papel como órgano garante del equilibrio constitucional y del interés nacional. Actuemos con visión de Estado.
Es cuando, señora presidenta.
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