- Lo que las reformas plantean: Auditorías obligatorias e inmediatas y prohibición absoluta de reservar información
- Además, se fortalece el papel de la Cámara de Diputados
El senador Mario Vázquez Robles presentó, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, dos iniciativas —una de carácter constitucional y otra legal— para establecer fiscalización en tiempo real y transparencia total en todas las obras públicas financiadas con recursos federales, ante los graves sobrecostos, la opacidad y los accidentes registrados en proyectos de infraestructura.
El legislador explicó que estas propuestas van más allá de una reforma técnica, ya que buscan enfrentar de manera directa la corrupción, la impunidad y las consecuencias reales que la mala fiscalización tiene sobre la vida, la seguridad y el patrimonio de las y los mexicanos.
“Cuando la fiscalización falla no solo se pierden recursos públicos. Se pierden oportunidades, se pierde confianza y, en el peor de los casos, se pierden vidas humanas”, afirmó.
UN DIQUE CON GRIETAS LEGALES
Mario Vázquez recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue creada como el principal contrapeso frente al abuso del poder en el uso del dinero público; sin embargo, hoy enfrenta limitaciones legales que le impiden cumplir plenamente con su función.
Actualmente, la ASF no puede auditar obras en ejecución sin autorización discrecional, no puede acceder a información clasificada como reservada y debe esperar años para revisar proyectos que ya presentan sobrecostos, fallas estructurales o incluso accidentes fatales.
“La fiscalización llega tarde, cuando el daño ya está hecho. Ese es el problema que hoy corregimos”, advirtió.
SOBRECOSTOS, OPACIDAD Y ACCIDENTES
El senador señaló que, desde 2018, el gobierno federal impulsó un modelo basado en grandes obras públicas que absorbieron cientos de miles de millones de pesos. No obstante, muchas de ellas se convirtieron en símbolos de improvisación, opacidad y sobrecostos.
Indicó que los propios informes de la ASF documentan deficiencias reiteradas en la planeación, contratación, ejecución y comprobación del gasto en obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con sobrecostos que en conjunto superan los 670 mil millones de pesos.
A ello se suman contratos modificados de forma constante, pagos en exceso e información fragmentada o clasificada, lo que impide una rendición de cuentas efectiva.
Asimismo, recordó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó personas fallecidas y decenas de lesionados, y advirtió que estos hechos no pueden reducirse a explicaciones parciales sin investigar posibles fallas en la infraestructura.
“Cuando ocurre un accidente en una obra pública financiada con recursos del pueblo, el Estado tiene la obligación de investigarlo todo, no solo lo conveniente”, sostuvo.
EL DINERO PÚBLICO NO ES SECRETO
Las iniciativas reforman los artículos 6 y 79 de la Constitución, así como disposiciones legales, para establecer que en ningún caso pueda reservarse información relacionada con el ejercicio de recursos públicos, ni siquiera bajo el argumento de la seguridad nacional.
Además, se plantea que, ante indicios de corrupción, sobrecostos injustificados o accidentes, la ASF intervenga de inmediato, durante el ejercicio fiscal en curso y también en ejercicios anteriores, sin permisos discrecionales ni pretextos administrativos.
Asimismo, se fortalece el papel de la Cámara de Diputados, al permitir que una quinta parte de sus integrantes pueda solicitar directamente auditorías, con el fin de reforzar el control democrático y el equilibrio entre poderes.
A FAVOR DE LA BUENA OBRA PÚBLICA
El Grupo Parlamentario del PAN subrayó que estas reformas no van contra la obra pública, sino a favor de la buena obra pública: la que se planea con seriedad, se ejecuta con honestidad y cumple su función social sin inflar costos ni ocultar errores.
“La fiscalización oportuna no frena el desarrollo; lo mejora. No detiene proyectos; evita desastres. No genera desconfianza; la reconstruye”, concluyó el senador.
Finalmente, desde Acción Nacional se llama a respaldar estas iniciativas por responsabilidad constitucional, y señala que defender la fiscalización es defender la democracia y que, en México, ninguna obra, por grande que sea, puede estar por encima de la Constitución.
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Intervención del senador Mario Vázquez Robles, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para permitir la fiscalización de obras públicas cuando existan indicios de corrupción, sobrecostos o accidentes eliminando las trabas.
Ciudad de México, a 3 de febrero de 2026.
Intervención del senador Mario Vázquez Robles, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para permitir la fiscalización de obras públicas cuando existan indicios de corrupción, sobrecostos o accidentes eliminando las trabas.
Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, hoy acudimos a esta tribuna para presentar dos iniciativas, una de carácter constitucional y otra de naturaleza legal. Ambas orientadas a un mismo objetivo, la fiscalización en tiempo real y la transparencia total en las obras públicas.
Hablar de esto no es un tema técnico-administrativo, es hablar de corrupción, de opacidad y de impunidad y de las consecuencias reales que todo ello tiene sobre la vida, la seguridad y el patrimonio de las y los mexicanos, porque cuando la fiscalización falla no solo se pierden recursos públicos, se pierden oportunidades, se pierde la confianza y en el peor de los casos se pierden vidas humanas.
La Auditoría Superior de la Federación fue creada para ser el principal dique de contención frente al abuso de poder en el uso del dinero público, para vigilar cada peso del del erario y que se cumpla con el objetivo y el propósito de este, para prevenir, detectar y sancionar irregularidades.
Sin embargo, hoy este dique tiene grietas graves, grietas legales que impiden auditar en tiempo real, que permiten reservar información bajo el pretexto de seguridad nacional y que obligan a esperar años para revisar obras que ya presentan sobrecostos, fallas estructurales e incluso accidentes fatales. Este es el problema que hoy enfrentamos.
Desde el 2018, el Gobierno Federal apostó por un modelo de desarrollo basado en grandes obras públicas, aeropuertos, trenes, corredores logísticos, proyectos que han absorbido cientos de miles de millones de pesos de recursos públicos, pero lejos de convertirse en ejemplo de eficiencia y transparencia, muchas de estas obras se han vuelto símbolo de improvisación, de opacidad y de sobrecostos y no lo dice la oposición.
No lo dicen los medios de comunicación. Lo documentan los propios informes de la Auditoría Superior de la Federación.
Deficiencias reiteradas en la planeación, contratación, ejecución y comprobación del gasto en proyectos como el tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles.
Sobre costos sin explicación, contratos modificados una y otra vez en exceso, información fragmentada o clasificada y cuando se pregunta, cuando se solicita información, la respuesta suele ser el silencio o la reserva, como si el dinero público pudiera gastarse a escondidas, como si la Constitución admitiera zonas oscuras, como si la fiscalización fuera un favor y no una obligación.
Las consecuencias ahí están. Ahí está el caso reciente del tren interoceánico, donde un descarrilamiento dejó personas fallecidas y decenas de lesionados. Un accidente que según las primeras versiones oficiales se pretende reducir a un problema operativo sin revisar a fondo si existieron fallas estructurales, deficiencias en la infraestructura o irregularidades en su construcción. Esto es inaceptable.
Cuando ocurre un accidente en una obra financiada con recursos del pueblo, el Estado tiene la obligación de investigar todo, no solo lo que le conviene. Y ahí está el núcleo del problema que hoy atacamos.
Hoy la Auditoría Superior no puede revisar de inmediato las obras en ejecución, salvo autorización discrecional de su titular.
Hoy no puede exigir información completa si está clasificada como reservada. Hoy la fiscalización llega tarde cuando el daño ya está hecho Eso es lo que la iniciativa puede corregir.
La reforma constitucional y legal que proponemos parte de una idea sencilla, pero poderosa.
El dinero público no puede ser un secreto. Por ello planteamos que en ningún caso pueda reservarse información relativa al ejercicio de recursos públicos. Ni siquiera bajo el argumento de seguridad nacional, porque la seguridad nacional no se protege ocultando contratos, costos o pagos, se protege garantizando legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Además, proponemos que cuando existan indicios de corrupción sobre costos injustificados o accidentes en infraestructura pública, la Auditoría Superior de la Federación esté obligada a revisar de inmediato durante el ejercicio fiscal en curso y también de ejercicios anteriores, sin permisos discrecionales, sin excusas administrativas y sin pretextos políticos.
Fortalecemos también el papel de la Cámara de Diputados, permitiendo que una quinta parte de sus integrantes puedan solicitar directamente estas revisiones, reforzando el equilibrio entre poderes y el control democrático del gasto.
Compañeras y compañeros, México no necesita más obras intocables, necesita instituciones fuertes, necesita contrapesos reales, necesita que la Constitución vuelva a ser el límite del poder y no se escude en ella.
Esta iniciativa envía un mensaje claro, la corrupción no se combate con discursos, se combate con reglas. La transparencia no se promete, sino se garantiza.
Es tanto, presidenta. Gracias.
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