Intervención del senador Raymundo Bolaños Azocar, para hablar en contra del dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, por el que se propone la ratificación de las personas designadas para ocupar las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ciudad de México, a 15 de octubre de 2025
Versión de la intervención del senador Raymundo Bolaños Azocar, para hablar en contra del dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, por el que se propone la ratificación de las personas designadas para ocupar las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Con su permiso, presidenta.
Ese Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su Sala Superior define, en buena parte, el equilibrio institucional del país. Lo que dirime son controversias entre la administración pública, que es el gobierno, y particulares, así como responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es decir, sanciona a aquel servidor público que incumple con sus funciones.
Revisa contratos de gobierno, licitaciones, adjudicaciones, controversias fiscales y litigios, como el pago de impuestos. Este tribunal existe para dar certeza y para dar seguridad jurídica a la ciudadanía frente a los actos de autoridad.
Para evitar abusos, para evitar ilegalidades en los actos que desde el gobierno se realizan y afectan a quienes sostienen con él algún tipo de relación.
Y los jueces que designa la Presidencia de la República son todos y son todas empleados, exempleadas y exfuncionarios del gobierno del “morenato”.
En ninguno de los casos cuestionamos una trayectoria profesional, porque la tienen; muchos y muchas son juristas, sí, pero son todos los juristas del gobierno, que no tienen posibilidad entonces de ser imparciales. Por ello, no son idóneos porque responden al régimen.
Ariadna Camacho es funcionaria federal actualmente, es la directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Turismo; Selene Cruz es representante del gobierno en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, representa al gobierno en tribunales laborales hoy. Ludmila Albarrán estuvo con la presidenta desde la alcaldía de Tlalpan, cuando era jefa delegacional. La siguió al gobierno de la Ciudad de México, donde estuvo en la Secretaría del Medio Ambiente, cuando fue jefa de gobierno. Y en su carrera –respetable– siempre ha representado los intereses de la administración pública y las autoridades, inclusive en juicios de amparo.
Y las joyas de la corona: Eduardo Santillán, viene de ser el representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, jefe delegacional, diputado local en tres ocasiones; y José Ramona Amieva, que viene de ser alcalde de Mixquiahuala de Juárez, en Hidalgo, y fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México también.
Senadores, senadoras: son cinco impresentables y lo son porque deben su trayectoria completa al “morenato”, al grupo en el poder y eso los hace parciales, con una tremenda carga ideológica y una inseparable carga política, con deudas de lealtad al régimen. Van a ratificar magistrados que, de origen, llegan arrodillados.
Lo que estos perfiles les garantizan los siguientes 15 años es una Sala Superior predecible, predeciblemente parcial en favor del gobierno, desproporcional y que la única verdad jurídica que va a defender es la que dicten desde Palacio Nacional, la que defienda al régimen y sus funcionarios, la que les dé justicia y gracia; y al resto de México, en el mejor de los casos, la ley a secas.
Senadores, senadoras del “morenato”: quienes sirven al poder siempre van a servir al poder, aun cuando éste cambie de dueño.
Y para que se entienda mejor: la alineación que presentan para la Sala Superior equivale a que los dos jueces de línea, el árbitro central y hasta el VAR que revisa sean jugadores y sean exjugadores de uno de los equipos. Así de grave es este arbitraje.
Las propuestas no son idóneas. Las cinco personas juzgadoras llegan arrodilladas ante el poder y la única garantía que les dan es la protección de los intereses del “morenato”. Con esta designación imprudente y esta ratificación irresponsable, con las togas guindas que destruyen por colonización al Tribunal Federal de Justicia Administrativa demuestran nuevamente la aspiración totalitaria del régimen, donde la amistad es sinónimo de indulto; y la disidencia, la peor de las agravantes, y la existencia de criterio como ley se extingue.
Por todo esto, porque la justicia no se hace con perfiles afines, sino con razones justas y porque no hay autonomía en los perfiles de las designaciones, votaremos en contra (inaudible) de la justicia administrativa, votaremos en contra de estas cinco ratificaciones incondicionales del “morenato”.
México necesita tribunales autónomos, técnicos, confiables y capaces de impartir justicia frente al poder.
Es cuanto, presidenta.
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