AN respalda simplificación administrativa y digitalización, pero exige mecanismos de rendición de cuentas y transparencia

  • No permitiremos que esta reforma sea utilizada para justificar el despido masivo de servidores públicos sin alternativas laborales: Verónica Rodríguez.
  • Demandó que no sea un pretexto para el control gubernamental, ni para la manipulación de la información pública. La agencia de transformación digital y telecomunicaciones debe operar con independencia y bajo estrictos mecanismos de supervisión.
  • Algunas de las omisiones preocupantes que deben corregirse son: la falta de mecanismos claros para garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos y la centralización de la información en una sola plataforma.

Acción Nacional respalda la simplificación administrativa y la digitalización de trámites, pero exige que se establezcan mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia. “No aceptaremos una digitalización que excluya a quienes no tienen acceso a la tecnología”, señaló la senadora Verónica Rodríguez Hernández.

En Acción Nacional, lanzó, no daremos un cheque en blanco, vigilaremos que esta reforma se traduzca en beneficios reales para los ciudadanos y no en un mecanismo más de centralización y control.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora expuso que la implementación de esta reforma debe ir acompañada de estrategias concretas de inclusión digital y acceso equitativo a los servicios.

“No permitiremos que esta reforma sea utilizada para justificar el despido masivo de servidores públicos sin alternativas laborales. La digitalización debe servir para mejorar los servicios, no para dejar sin empleo a miles de trabajadores”, pidió.

También demandó que esta reforma no sea un pretexto para el control gubernamental, ni para la manipulación de la información pública. La agencia de transformación digital y telecomunicaciones debe operar con independencia y bajo estrictos mecanismos de supervisión.

“México necesita modernizar su administración pública, pero lo debe hacer de manera responsable, con controles efectivos y con una visión que realmente incluya a toda la ciudadanía”, dijo.

Rodríguez Hernández manifestó que cualquier reforma de esta magnitud debe garantizar que su implementación sea transparente, equitativa y funcional para todas y todos los mexicanos.

“No podemos ignorar que este gobierno ha mostrado un historial preocupante en materia de transparencia y rendición de cuentas. Ha debilitado a los organismos autónomos, ha eliminado contrapesos institucionales y ha centralizado el poder en el Ejecutivo”.

Algunas de las omisiones preocupantes que deben corregirse son: la falta de mecanismos claros para garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos y la centralización de la información en una sola plataforma pues puede ser vulnerable si no se establecen protocolos adecuados de ciberseguridad y acceso a la información pública, “la digitalización debe estar al servicio de la ciudadanía, no del gobierno en turno”.

Finalmente, propuso que antes de la expedición de la ley que regule la simplificación y digitalización se lleve a cabo un parlamento abierto, donde expertos, sociedad civil y ciudadanos puedan contribuir a la construcción de un marco normativo sólido y confiable.

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Intervención de la senadora Verónica Rodríguez Hernández para fijar posicionamiento al proyecto de decreto, en materia de simplificación administrativa y digitalización gubernamental.

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2025.

Intervención de la senadora Verónica Rodríguez Hernández para fijar posicionamiento al proyecto de decreto, en materia de simplificación administrativa y digitalización gubernamental.

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros senadores, México necesita avanzar hacia la modernización. Gracias, y aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar la administración pública.

No hay duda de que la digitalización de los servicios gubernamentales representa una oportunidad para agilizar trámites, reducir costos y mejorar la calidad de la atención ciudadana.

Sin embargo, también es cierto que cualquier reforma de esta magnitud debe garantizar que su implementación sea transparente, equitativa y funcional para todas y todos los mexicanos.

Desde el Partido Acción Nacional respaldamos la idea de un gobierno más eficiente, que reduzca la burocracia y haga más accesibles los trámites administrativos. Pero lo hacemos desde una postura crítica y responsable.

No podemos ignorar que este gobierno ha mostrado un historial preocupante en materia de transparencia y rendición de cuentas. Ha debilitado a los organismos autónomos, ha eliminado contrapesos institucionales y ha centralizado el poder en el Ejecutivo.

Por ello, si bien acompañamos este dictamen, lo hacemos con reservas, exigiendo medidas concretas que eviten que esta digitalización se convierta en un instrumento de control en lugar de una herramienta de modernización.

Esta reforma constitucional propone la simplificación administrativa y digitalización gubernamental, que sentará las bases para la transición hacia un gobierno más ágil y menos burocrático.

Sin embargo, esta propuesta presenta omisiones preocupantes que deben corregirse. Una de ellas es la falta de mecanismos claros para garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos.

La centralización de la información en una sola plataforma puede convertirse en una vulnerabilidad si no se establecen protocolos adecuados de ciberseguridad y acceso a la información pública.

La digitalización debe estar al servicio de la ciudadanía, no del gobierno en turno.

Es fundamental que el uso de las tecnologías en la administración pública se haga con base en principios de transparencia y acceso equitativo.

La desaparición de la INAI y la opacidad con la que este gobierno ha manejado información clave sobre contrapesos o sobre las contrataciones y proyectos públicos nos obliga a cuestionar cómo se garantizará que la digitalización de trámites y servicios no sea utilizada para restringir el acceso a la información o para manipular datos en favor del Ejecutivo.

En Acción Nacional proponemos que antes de la expedición de la ley que regule la simplificación y digitalización se lleve a cabo un parlamento abierto, donde expertos, sociedad civil y ciudadanos puedan contribuir a la construcción de un marco normativo sólido y confiable.

Otro punto de preocupación es la inversión que requerirá la implementación de este sistema de digitalización.

Sabemos que este gobierno ha fracasado en la ejecución de grandes proyectos tecnológicos.

La distribución de medicamentos se ha visto afectada por fallas en sus sistemas de información, los programas de Bienestar han presentado múltiples problemas operativos y el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han sido ejemplos de improvisación y sobrecostos.

¿Cómo aseguramos que esta reforma no termine en plataformas obsoletas, mal diseñadas y con sobrecostos injustificados?

Es necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas, auditorías independientes y supervisión constante para garantizar que cada peso destinado a la digitalización se utilice de manera eficiente.

Además, esta reforma ignora una realidad fundamental: No todos los mexicanos tienen acceso a la digitalización; actualmente el 52.4% de la población sigue realizando trámites de manera presencial y solo el 16.2% lo hace en línea.

En muchas comunidades rurales no hay acceso a internet ni a computadoras, lo que significa que, de implementarse sin un plan de inclusión digital, esta reforma podría excluir a los sectores más vulnerables en lugar de beneficiarlos.

Morena insiste en hablar de un gobierno incluyente, pero esta reforma es un claro ejemplo de todo lo contrario.

Si no se acompaña de políticas públicas que garanticen el acceso a la tecnología en todo el país, lejos de simplificar la vida de las personas, generará nuevas barreras de acceso a los servicios públicos.

Por ello es que Acción Nacional exige y está puesto para desarrollar una legislación secundaria que establezca una estrategia clara para garantizar que la digitalización beneficie a todas y todos los mexicanos, sin importar su condición económica o el lugar donde viven.

Otro aspecto que no se ha abordado con seriedad es el impacto laboral de esta reforma.

La digitalización de trámites significa, en muchos casos, eliminación de empleos en el sector público. Hasta ahora, el gobierno no ha planteado ninguna estrategia para reubicar o capacitar a los trabajadores que quedarán desempleados con la automatización de los procesos administrativos.

Se ha pensado en programas de capacitación para que estos trabajadores puedan incorporarse a otros sectores o simplemente se les dejará a su suerte.

Modernizar el gobierno no puede significar el despido masivo de servidores públicos sin ofrecerles alternativas.

También es preocupante la creación y el empoderamiento de la agencia de transformación digital y telecomunicaciones, una instancia que concentrará el control de la digitalización a nivel federal, estatal y municipal.

No hay claridad sobre cómo se garantizará que esta agencia opere con independencia del Ejecutivo, ni qué mecanismos existirán para evitar el mal uso de la información que se recopile.

Si realmente queremos construir un gobierno digital eficiente y confiable, necesitamos que la digitalización de los trámites y servicios esté sujeta a controles estrictos y no a la discrecionalidad de un solo órgano centralizado.

Desde Acción Nacional reiteramos nuestro respaldo a la modernización del Estado y a la digitalización de los servicios gubernamentales, pero exigimos que esta reforma se implemente con transparencia, equidad y respeto a los derechos ciudadanos.

No basta con aprobar una ley sin definir cómo se garantizará su éxito.

Por ello, desde esta tribuna lo decimos claro: respaldamos la simplificación administrativa y la digitalización de trámites, pero exigimos que se establezcan mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia. No aceptaremos una digitalización que excluya a quienes no tienen acceso a la tecnología.

La implementación de esta reforma debe ir acompañada de estrategias concretas de inclusión digital y acceso equitativo a los servicios. No permitiremos que esta reforma sea utilizada para justificar el despido masivo de servidores públicos sin alternativas laborales.

La digitalización debe servir para mejorar los servicios, no para dejar sin empleo a miles de trabajadores.

Exigimos que esta reforma no sea un pretexto para el control gubernamental, ni para la manipulación de la información pública.

La agencia de transformación digital y telecomunicaciones debe operar con independencia y bajo estrictos mecanismos de supervisión.

México necesita modernizar su administración pública, pero lo debe hacer de manera responsable, con controles efectivos y con una visión que realmente incluya a toda la ciudadanía.

En Acción Nacional no daremos un cheque en blanco, vigilaremos que esta reforma se traduzca en beneficios reales para los ciudadanos y no en un mecanismo más de centralización y control.

Es cuanto.

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