Intervención de la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, al presentar el posicionamiento del GPPAN respecto a un dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución, en materia de pueblos indígenas y afromexicanos.
24 de septiembre de 2024
Versión de la intervención de la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, al presentar el posicionamiento del GPPAN respecto a un dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución, en materia de pueblos indígenas y afromexicanos
Con la venia de la Presidencia.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República está a favor de reformas que amplíen derechos, que corrijan desigualdades, que empoderen a grupos vulnerables y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de las comunidades, calidad de vida que históricamente condenadas a la marginación.
En consecuencia, votaremos a favor de esta reforma puesto que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, porque promueve el uso y preservación de las lenguas indígenas, eleva el rango constitucional, el derecho de los miembros de estos pueblos y comunidades, a ser asistidas por intérpretes, porque incorpora el derecho a la consulta indígena y el de asignación y ejercicio directo de presupuestos, porque reconoce los sistemas normativos que ejercen las autoridades comunitarias, exigiendo en todo momento la observancia de la Constitución y de las leyes y porque postula fortalecer la educación indígena, interactual y multilingüe, así como el acceso a medios de comunicación.
Sin duda se trata de una importante contribución al avance de estos derechos y un paso relevante hacia un reconocimiento integral de la composición pluricultural de la nación mexicana.
Conviene recordar que fue ne 2001, durante la administración del presidente Fox, cuando el Congreso llevó a cabo la primera gran reforma indígena para llevar a la Constitución algunos de los más importantes compromisos institucionales y los principios reconocidos por el gobierno en los acuerdos de San Andrés Laranzay en 2011.
También bajo un gobierno panista, los pueblos y las comunidades indígenas se vieron directamente beneficiados con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Es evidente que a lo largo de nuestra historia el PAN se ha manifestado siempre en apoyo de estas causas y las ha impulsado de manera clara y contundente.
Y hoy lo hacemos de nuevo, de frente a la nación, comprometidos con resarcir la deuda histórica del país, tiene con los más de 23 millones de mexicanos que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas y, desde luego, con los 2.5 millones de afromexicanos. Sabemos que los rezagos sociales que aún enfrentan comenzarán a ser resarcidos cuando puedan ejercer plenamente sus derechos como individuos y como comunidades, cuando puedan tener acceso a la propiedad intelectual colectiva, cuando disfruten del ejercicio de la libre determinación y la autonomía dentro de los márgenes que fija la Constitución, cuando dejen de ser sujetos de interés público y se vuelvan sujetos de derecho público, cuando tengan medios para preservar su lengua, cuando participen activamente de todas las decisiones públicas, cuando tengan acceso justo y equitativo a la tierra y al desarrollo.
Esta reforma sienta las bases para ello y para empezar a dar cumplimiento a acuerdos, resoluciones y recomendaciones que nuestro país ha asumido en el contexto internacional.
Si bien nuestro voto será a favor y vayan estas líneas en reconocimiento a sus alcances, también identificamos y lamentamos sus límites.
Poco queda en esta reforma de lo mucho que se avanzó en la iniciativa de reforma constitucional que preparó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas recogiendo las inquietudes, necesidades y propuestas, más reclamos en numerosos foros regionales de consulta a lolargo y ancho del país entre el 2019 y el 2020.
Tampoco se incorporó a esta reforma propuestas que la oposición presentó en este Senado durante la pasada Legislatura y que habrían contribuido decisivamente a que los colectivos indígenas respaldaran de manera unánime y entusiasta esta reforma.
Mucho se ganaría en este tema si dejáramos a un lado las militancias partidistas, los sesgos ideológicos y la mezquindad política.
Recoger las buenas ideas de donde provengan y aplaudir los aciertos así provengan del adversario, esa es la generosidad nuestra, pero no la de todos los involucrados en este proceso legislativo.
Con todo y aunque creemos que es una reforma insuficiente y limitada frente a los enormes desafíos relacionados con el bienestar, el desarrollo, la protección y el empoderamiento de las comunidades y pueblos indígenas y de los afromexicanos, nuestro voto será a favor, no en lo general.
Presentaremos, como siempre lo hacemos, propuestas de reserva, disposiciones específicas de la reforma con el ánimo de mejorarla y complementarla.
Esta reforma y su mejoría continúa, resulta indispensable para seguir construyendo este país donde cabemos todos y donde los pueblos y comunidades indígenas son motivo no sólo de orgullo y de admiración, sino que deben también ser sujetos de respeto, compromiso, reconocimiento y trabajo.
Muchas gracias.
ooOoo
