Intervención en tribuna del senador Francisco Javier Ramírez Acuña para presentar el posicionamiento del GPPAN al dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que reforma la Constitución en materia de Guardia Nacional.
24 de septiembre de 2024
Versión de la intervención en tribuna del senador Francisco Javier Ramírez Acuña, para presentar el posicionamiento del GPPAN al dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que reforma la Constitución en materia de Guardia Nacional
Con su permiso señor Presidente.
Senadoras y senadores.
Acción Nacional está a favor de un país en paz, donde podamos convivir las y los mexicanos, y que el Estado nos garantice vivir con tranquilidad, pero sin delegar a las Fuerzas Armadas responsabilidades que les corresponden a las instituciones civiles y a los gobiernos federal y locales.
Hago un reconocimiento a nombre de la bancada de Acción Nacional, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Guardia Nacional, respetamos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas por su patriotismo y lealtad, pero su rol debe estar claro en proteger al país, no en ser los responsables directos de la seguridad pública.
El reconocimiento a las fuerzas armadas no solo debe de mencionarse, debe de protegerse, exaltarse en cualquier momento. Por eso hoy, que corre peligro, debemos advertirlo, no llevemos a nuestros elementos militares a que manejen la seguridad pública, porque eso les provocará alejamiento de la sociedad, acusaciones, quejas o decepciones en su actuar y suelen multiplicarse éstas.
Lo que se pretende aprobar el día de hoy ha sido ya estudiado, analizado, comentado y confrontado por conocedores de la seguridad ciudadana, por académicos, estudiosos expertos en la materia, por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos e incluso por servidores públicos en la materia, en la totalidad de estas discusiones y análisis ha quedado claro, que pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es militarización de una seguridad pública.
Por ello, por más malabares que se intenten hacer para negarlo, esta es una militarización del país, en 18 años han transcurrido desde que se tomó la decisión de llevar al ejército mexicano a las calles para apoyar a los estados en tema de seguridad.
En estos 18 años, la estrategia ha demostrado su rotundo fracaso, no ha dado resultados, no debemos olvidar que esa solicitud de incorporar al Ejército en temas de seguridad pública vino por petición de los gobiernos estatales porque éstos fueron ineficientes en materia de seguridad estatal dejando sin respuesta y atención a los mexicanos.
Hoy pretendemos hacer constitucional lo inconstitucional, incorporar al texto de nuestra Carta Magna que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y estar bajo un mando militar que sea la encargada de la seguridad pública en México.
Hoy se pretende caer en la falacia de que al haberse incorporado dentro del texto constitucional, ello hace texto supremo, exento de escrutinio legal y constitucional, desconociendo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el sentido de que el uso de las fuerzas militares se permita para atender problemas de seguridad ciudadana, siempre y cuando siga una lógica de último recurso de protección, limita por ciertos parámetros donde se atiendan requisitos de estricta proporcionalidad en la restricción de un derecho que respondan a criterios estrictos de excepcionalidad y debidas diligencias en la salvaguarda de las garantías convencionales.
Si queremos una verdadera solución, debemos de proponer una reforma que vuelva a las manos civiles la seguridad pública con recursos suficientes para los estados y municipios.
Queremos que se reintegren los fondos de FORTASEG que este gobierno eliminó y que dejó a estados y municipios sin recursos para prestar la seguridad pública.
Y saben, señores gobernadores, hoy senadores, que hubo una restricción de los recursos para seguridad pública en todos los estados de la República. Al inicio del gobierno del presidente López Obrador, él planteó una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, integrada por efectivos provenientes de la Policía Militar, de la Policía Naval y la Policía Federal, misma que se extinguió.
En esta iniciativa fue participe la oposición, participó con el presidente y con el partido gobernante para crear la Guardia Civil. Como bien se ha dicho ya en esta tribuna, faltaron a su palabra y no se cumplieron los acuerdos para poder llevar la Guardia Nacional a manos de los civiles. Esta nueva reforma deja ver el rotundo fracaso de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Esfuerzos que se hicieron por todos lados para intentar sacar adelante el capricho de militarizar al país. Intentos que con absoluta claridad el Poder Judicial de la Federación echó abajo en diversos momentos por razones de legalidad y protección a los derechos humanos.
El dictamen que hoy nos ocupa carece de argumentos porque no trae consigo ningún tipo de investigación intermultidisciplinaria que aporte información y compruebe la necesidad de la reforma. Solo comentarios simples, agresivos,agrediendo a otros gobiernos, pero no se trata el fondo del problema.
No se analiza con profundidad por qué razón en el sexenio de Felipe Calderón se tuvieron 120 mil homicidios dolosos en el sexenio de Peña Nieto, 170 mil y en elde López Obrador más de 200 mil. Pero si a eso sumamos el número de desaparecidos desafortunadamente del 2006 al 2012 hubo 17 mil y en el actual sexenio más de 51 mil.
Podemos observar que en ninguno de los casos el tener militarizada la seguridad pública ha sido lo más adecuado y con buenos resultados. La historia y los datos nos indican que no es lo mejor que se puede esperar para un país como México, llevar a rango constitucional la militarización de la Guardia Nacional, no se justifica por ningún aspecto el traslado de la Guardia Nacional a SEDENA, y menos cuando su instrumento institucional no reúne las condiciones para generar su creación.
Se creó otro mecanismo de diseño institucional enfocado en mayor medida a la prevención y evitar la comisión de delitos y faltas administrativas. Sobre todo,salvaguardar la integridad de las personas de sus patrimonios, así como garantizar y mantener así establecer la paz social como actividad propia de la seguridad ciudadana.
En el dictamen que se propone elevar a rango constitucional la atribución de la Guardia Nacional de realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los delitos cometidos.
Esta propuesta está en contra del derecho internacional que señala que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en acciones propias de la persecución de delitos y administración de justicia, ya que se ha establecido por diversos ordenamientos y criterios en materia de seguridad pública, que deben ser las Fuerzas Armadas subordinadas y complementarias a las labores de las corporaciones civiles.
La formación de los militares está basada en la lógica de combate al enemigo, no la prevención del delito o su investigación, como ahora se pretende.
El gran fracaso de Morena es la inseguridad, la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos no les funcionó, les falló, 200 mil homicidios dolosos, más de 50 mil desaparecidos, el incremento del crimen organizado, el cobro de piso a comerciantes y productores, extorsiones, reclutamiento forzoso a nuestros jóvenes más necesitados. La inseguridad total en las carreteras lo demuestra.
Es hora de cambiar el rumbo y hacer la tarea que nos corresponde a todas y a todos los mexicanos.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará en contra de este dictamen porque no cree que con la demagogia se contenga el problema de la inseguridad. Votaremos en contra porque no estamos de acuerdo en que las autoridades civiles responsables de la seguridad pública trasladen la solución de los problemas a nuestras Fuerzas Armadas.
Votaremos en contra del dictamen.
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