jueves, marzo 28, 2024

Como nunca, estados resienten embates de una autoridad central que por decreto se aparta de la legalidad, de la Constitución y del Pacto Federal: Julen Rementería

  • México enfrenta grandes retos en materia de federalismo fiscal; inversión pública; combate al centralismo y violencia e inseguridad
  • Hay que revisar el pacto fiscal a través de una Convención Nacional Hacendaria en donde lejos de destruirlo, se reforme buscando una fórmula que distribuya mejor los ingresos entre los estados
  • Todas las fuerzas políticas tenemos el compromiso con el país; debemos aspirar a una mayor colaboración, más allá de las diferencias ideológicas

Hoy en día, los estados resienten los embates de una autoridad central que por decreto se aparta de la legalidad, de la Constitución y del pacto federal, alertó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, al tiempo que hizo un llamado a construir contrapesos institucionales y medios que permitan una distribución más equitativa de las responsabilidades entre la Federación y los estados, pues pareciera que la condición irrenunciable de la 4T es ser centralista; “es decir, andresmanuelista, si no, no funciona”.

“Tenemos el reto del fortalecimiento de las instituciones y el combate al centralismo. Se necesita: uno, fortalecer las instituciones; dos, descentralizar; tres, respetar la división de poderes, la soberanía de estados y municipios; y, por último, establecer claramente las responsabilidades de la Federación, y los estados”, enfatizó al participar en el Seminario Virtual “El Futuro del Federalismo”.

En ese sentido, el líder de la bancada panista en la Cámara alta resaltó que es necesario revisar el pacto fiscal a través de una Convención Nacional Hacendaria, en la que, lejos de destruirlo, se reforme buscando una fórmula que distribuya mejor los ingresos entre los estados.

El senador por Veracruz indicó el futuro del federalismo evoca al menos cuatro grandes retos que México enfrenta: federalismo fiscal; inversión pública; combate al centralismo y violencia e inseguridad.

Respecto al tema del federalismo fiscal, insistió en que la revisión del pacto fiscal es una necesidad urgente y apremiante.

El objetivo de reducir y equilibrar las diferencias entre norte, centro y sur del país sigue más vigente que nunca, pues se requiere incorporar la justicia redistributiva a las reglas de asignación de los recursos fiscales, ya que el problema no es sólo que la distribución del gasto federal, en relación con las aportaciones que efectúan las entidades, sino que los recursos extra obtenidos por los estados y municipios deberían poder dirigirse a asumir mayores responsabilidades en ciertos ámbitos que siguen centralizados, dijo.

“No se trata de destruir el pacto fiscal o de abandonarlo, sino de actualizar y mejorar el acuerdo y las competencias entre Federación, estados y municipios tanto respecto a ingresos como a gastos”, agregó.

El segundo reto, explicó, tiene que ver con la inversión pública.

Los estados deben destinar más recursos a la inversión y menos a la deuda, y para ello se necesita trabajar en dos vías: evitar el despilfarro y el desvío, y a la par, ser más equitativos con ellos para que no tengan que endeudarse, destacó.

“Una triste realidad es que la mitad de los gobiernos estatales del país gasta más en el pago de sus deudas que en inversión pública. Si consideramos que un importante detonante de la inversión privada es la inversión pública, debemos reconocer que estamos frente a un problema de fondo”, aseguró el legislador veracruzano.

En conjunto, explicó, 15 estados tienen etiquetados más de 48 mil 983 millones de pesos para deuda pública, lo que incluye pago de intereses, comisiones y gastos financieros y en contrate, su presupuesto para inversión pública asciende a menos de 17 mil 500 millones comprendiendo esta cifra construcción de obras, hospitales, escuelas, entre otras áreas públicas. Sin duda, la distribución inequitativa de las participaciones federales ha agudizado las desigualdades regionales en lugar de atenuarlas.

Asociado inversión pública, añadió, debo señalar que tenemos el reto del fortalecimiento de las instituciones y el combate al centralismo.

Quizá nunca como ahora, afirmó, los estados resienten los embates de una autoridad central que por decreto se aparta de la legalidad, de la Constitución y del pacto federal.

“Para muestra de lo anterior, véase el decreto, mal llamado ‘acuerdo’, para blindar los proyectos de infraestructura cuya realización esté a cargo del Ejecutivo considerándolos asuntos interés público y de seguridad nacional. En efecto, como dice el ‘decretazo’, México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas detonando el desarrollo y el turismo”, expuso el coordinador de las y los senadores del PAN.

El reto de fondo, detalló el legislador federal, es construir contrapesos institucionales y medios que permitan una distribución más equitativa de las responsabilidades entre la Federación y los estados.

En materia de seguridad, dijo que hay que reconocer que no hemos encontrado los medios idóneos de coordinación entre las corporaciones federales y las locales.

En el ámbito de seguridad hace falta: uno, mucho mayor coordinación entre las corporaciones federales y locales; dos, fortalecer las policías locales en equipamiento, capacitación y salarios; tres, la evaluación del mando único y mando mixto; cuatro, un nuevo pacto de coordinación en seguridad pública revisando a fondo el Sistema de Seguridad Pública y cinco, combate a la corrupción e impunidad, aseveró.

“La seguridad es asunto de los tres niveles de gobierno. No podemos seguir entrampados en el intercambio de culpas o escudados en las facultades que corresponden a unos y a otros, de ahí lo indispensable de un nuevo pacto federal para la seguridad pública que deje de politizar este debate y una revisión a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, completó.

Para cerrar su participación, el senador panista celebró que foros como éste estimulen el debate e intercambio de propuestas para hacer frente a los retos que enfrenta el país.

“Tenemos, todas las fuerzas políticas, el compromiso con el país, con las y los mexicanos que esperan respuesta a sus problemas. Debemos aspirar a una mayor colaboración, más allá de las diferencias ideológicas, de colores, todas y todos queremos un México mejor”, concluyó.

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Ciudad de México, 4 de diciembre de 2021

4 de diciembre de 2021

Intervenciones del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, en el Seminario virtual “El Futuro del Federalismo”

Primera intervención

Agradezco a la Universidad de Guadalajara, al señor Rector Ricardo Villanueva, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y al Dr. Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas por su amable invitación para participar de este panel.

El tema de “El Futuro del Federalismo” evoca al menos cuatro grandes retos que México enfrenta y a los que me quisiera referir: Federalismo fiscal; inversión pública; combate al centralismo y violencia e inseguridad.

En primer lugar, abordaré el tema del federalismo fiscal: La revisión del pacto fiscal es una necesidad urgente y apremiante.

El problema no es sólo que la distribución del gasto federal, en relación con las aportaciones que efectúan los estados, ha quedado rebasada, sino que los recursos extra obtenidos por los estados y municipios deberían poder dirigirse a asumir mayores responsabilidades en ciertos ámbitos que siguen centralizados.

Es urgente convocar a una Convención Nacional Hacendaria especialmente para revisar y valorar el esfuerzo que realizan los estados para la recaudación de impuestos locales y hacer que los gobiernos locales dependan menos de las transferencias.

No se trata de destruir el pacto fiscal o de abandonarlo, sino de actualizar y mejorar el acuerdo y las competencias entre Federación, estados y municipios tanto respecto a ingresos como a gastos.

Desde luego tenemos que cambiar la fórmula -si actualmente de lo recaudado 80 por ciento se va a la Federación y 20 por ciento a las entidades, un 70- 30 por ciento ayudaría muchísimo- pero también pensar un proyecto de más justa distribución de los ingresos entre los estados.

No obstante, insisto, el objetivo no debe ser salirse del pacto fiscal sino contribuir a reformarlo luego de 41 años de no revisarlo.

El objetivo de reducir y equilibrar las diferencias entre norte, centro y sur del país sigue más vigente que nunca. Necesitamos incorporar la justicia redistributiva a las reglas de asignación de los recursos fiscales.

En síntesis: Hay que revisar el pacto fiscal a través de una Convención Nacional Hacendaria en donde lejos de destruir el pacto fiscal, se reforme buscando una fórmula que distribuya mejor los ingresos entre los estados.

Segunda intervención

El segundo reto tiene que ver con la inversión pública. Una triste realidad es que la mitad de los gobiernos estatales del país gasta más en el pago de sus deudas que en inversión pública. Si consideramos que un importante detonante de la inversión privada es la inversión pública, debemos reconocer que estamos frente a un problema de fondo.

En conjunto, 15 estados tienen etiquetados más de 48 mil 983 millones de pesos para deuda pública, lo que incluye pago de intereses, comisiones y gastos financieros y en contraste, su presupuesto para inversión pública asciende a menos de 17 mil 500 millones comprendiendo esta cifra construcción de obras, hospitales, escuelas, entre otras áreas públicas.

¿Qué explica esta disparidad que incide tan negativamente en el desarrollo económico y social? Son muchos los factores, pero sin duda, la distribución inequitativa de las participaciones federales ha agudizado las desigualdades regionales en lugar de atenuarlas.

Esta fórmula de participaciones federales no puede seguir excluyendo criterios como el grado de marginación, la extensión territorial, el nivel de gasto, el rezago industrial, entre otros.

Los correctivos a la creciente desigualdad en y entre las entidades federativas pasa necesariamente por un nuevo acuerdo que combata el despilfarro y el desvío de los recursos públicos, la poca transparencia del gasto y otros problemas asociados a la larga dependencia de los recursos federales, pero también debe poner el acento en una inversión pública para infraestructura cada vez más equitativa.

Recapitulando: Los estados deben destinar más recursos a la inversión y menos a la deuda, y para ello se necesita, trabajar en dos vías, evitar el despilfarro y el desvío, y a la par, ser más equitativos con ellos para que no tengan que endeudarse.

Tercera intervención

Asociado al punto que aborde anteriormente, inversión pública, debo señalar que tenemos el reto del fortalecimiento de las instituciones y el combate al centralismo.

Quizá nunca como ahora, los estados resienten los embates de una autoridad central que por decreto se aparta de la legalidad, de la Constitución y del pacto federal.

Para muestra de lo anterior, véase el decreto, mal llamado “acuerdo”, para blindar los proyectos de infraestructura cuya realización esté a cargo del Ejecutivo considerándolos asuntos interés público y de seguridad nacional.

En efecto, como dice el “decretazo”, México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas detonando el desarrollo y el turismo.

No obstante, hacerlo otorgando permisos y licencias para obras, cumplan o no con los requisitos legales y reduciendo los espacios de impugnación que personas afectadas tienen derecho a interponer, habla no sólo de un afán antidemocrático sino también centralista invadiendo las esferas del Congreso, del Poder Judicial pero también de estados y municipios.

El reto de fondo es construir contrapesos institucionales y medios que permitan una distribución más equitativa de las responsabilidades entre la Federación y los estados.

Ahí están por ejemplo los superdelegados, la eliminación de fideicomisos, los recortes de Hacienda a los gobiernos de los estados, la eliminación del Seguro Popular y el nulo apoyo a los estados durante la pandemia.

Pareciera que la condición irrenunciable de la 4T es ser centralista, si no, no funciona.

En conclusión, se necesita: uno, fortalecer las instituciones; dos, descentralizar; tres, respetar la división de poderes, la soberanía de estados y municipios; y por último, establecer claramente las responsabilidades de la Federación, y los estados.

Cuarta intervención

Tenemos también retos enormes en materia de seguridad. Hay que reconocer que no hemos encontrado los medios idóneos de coordinación entre las corporaciones federales y las locales.

Más aún, el proceso de creación de la Guardia Nacional dejó de lado asuntos muy relevantes como: uno, la profesionalización y el fortalecimiento de las policías locales, en términos de equipamiento y salarios; dos, la apuesta y efectividad de las policías de proximidad; y tres, la evaluación del mando único y el mando mixto, que hasta el momento no han demostrado efectividad en la reducción de la incidencia delictiva.

La seguridad es asunto de todos y desde luego de los tres niveles de gobierno. No podemos seguir entrampados en el intercambio de culpas o escudados en las facultades que corresponden a unos y a otros.

De ahí lo indispensable de un nuevo pacto federal para la seguridad pública que deje de politizar este debate y una revisión a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tenemos también grandes retos en materia de combate a la corrupción y a la impunidad, en términos del acceso equitativo a la justicia, la calidad de investigación y la persecución de los delitos a nivel estatal y en la eliminación de disparidades para el funcionamiento óptimo del sistema carcelario en todo el país.

En síntesis. En el ámbito de seguridad hace falta: uno, mucho mayor coordinación entre las corporaciones federales y locales; dos, fortalecer las policías locales en equipamiento, capacitación y salarios; tres, la evaluación del mando único y mando mixto; cuatro, un nuevo pacto de coordinación en seguridad pública revisando a fondo el Sistema de Seguridad Pública y cinco, combate a la corrupción e impunidad.

Quinta intervención

Celebro que foros como éste estimulen el debate y el intercambio de propuestas para hacerles frente.

Tenemos, todas las fuerzas políticas, el compromiso con el país, con las y los mexicanos que esperan respuesta a sus problemas.

La presión que enfrentan las autoridades locales es creciente, y los recursos cada vez son menores; al final, quienes terminan padeciendo son las familias.

Pero estoy convencido, es posible encontrar soluciones cuando dejamos a un lado la soberbia, cuando abrimos el espacio para la reflexión, cuando ponemos por delante los intereses de la gente, y no de los partidos o la visión de un solo hombre.

Es evidente que necesitamos actualizar y mejorar el pacto federal, así como existen brechas de desigualdad entre los mexicanos, también las hay entre la Federación, los estados y los municipios.

Hay brechas no solo en las necesidades, también en las capacidades.

Trabajemos en la autonomía fiscal, en la descentralización, en incentivar la eficiencia recaudatoria de estados y municipios, corrijamos los mecanismos para que haya una mayor coordinación, profesionalización, respeto a la soberanía y a la división de poderes.

Tanto a nivel personal como a nivel gubernamental deberíamos buscar como objetivo el desarrollo sostenible, es decir ser autosuficiente, que cada uno tenga la capacidad de generar sus propios recursos.

Debemos aspirar a una mayor colaboración, más allá de las diferencias ideológicas, de colores, todas y todos queremos un México mejor.

Muchas gracias.

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