Versión de la intervención en tribuna de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, para referirse al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos
Coincido en varios de los conceptos de fondo del grupo parlamentario de Morena, pero me parece que la forma de implementarlo hace que esta reforma se vuelva inconstitucional.
En comisiones insistí en una serie de modificaciones, no sobre el fondo del concepto, sino de la forma para que pudieran cumplirlo.
No le bastó a la Presidencia de la República que su iniciativa de reforma a la Ley de Electricidad fuera suspendida por la cantidad de amparos que la declaran inconstitucional.
Próximamente será el caso de esta iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos.
Aclaro que no soy una defensora del petróleo, entre más pronto se acabe, mejor para el planeta.
En el afán de lograr una contrarreforma energética, intentar recuperar el control del Estado, el dominio pleno de la industria eléctrica y del petróleo, aparentemente no importa presentar modificaciones a leyes contrarias a lo ya establecido en la Constitución.
Quiero decirle al grupo parlamentario mayoritario, efectivamente, el pueblo de México les dio la facultad de hacer las leyes que quieran porque tienen mayoría, pero no se las dio en la Constitución; no les dio la mayoría constitucional y es por eso que no han podido cambiar la Constitución.
Claro que se podrían hacer estas reformas, siempre y cuando tuvieran los votos para cambiar la Constitución.
Es también lamentable que una vez más, por no moverle ni una coma, los legisladores de Morena y sus aliados aprueben una ley que terminará en la Corte, porque, así como está la iniciativa, más tardará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que en llegar a la Corte y luego ser letra muerta.
No estamos en contra de mejor regulación para combatir el huachicoleo, el contrabando ni el comercio ilícito de petrolíferos, ni en contra de combate a la corrupción que hay en la industria petrolera, también estamos a favor de fortalecer los procedimientos para sancionar y erradicar el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad, medición de hidrocarburos y petrolíferos mediante la revocación del permiso; pero de ninguna manera podemos aprobar la suspensión de permisos ya expedidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía.
Consideren que existe un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, porque da lugar a la discrecionalidad de instituciones que no se han caracterizado por su imparcialidad.
Sin duda que contar con más y mejor infraestructura de almacenamiento de gasolina y diésel es importante, pero no como lo plantea la adición al artículo 51, que está anteponiendo la existencia del almacenamiento para otorgar el permiso.
Nada más ilógico, primero levantan la casa y luego te doy el permiso de construcción.
Yo les pregunto: ¿Qué persona va a financiar almacenamiento si no hay permiso? Eso se pudiera redactar mucho mejor con una reserva que les voy a presentar.
Una medida abiertamente destinada para sacar a los permisionarios del mercado, díganlo claro, porque el artículo cuarto transitorio es claro al establecer que quienes no cuenten con esa capacidad de almacenamiento al momento de entrar en vigor el decreto, sufrirá la cancelación de sus permisos. Esto no existía en ninguna ley, era una sugerencia de la Secretaría.
Con ello, se otorgan efectos retroactivos a esta reforma y viola los principios de libre competencia económica consagrados en la Constitución.
Por ello, también debe proponerse crear un plazo para que los permisionarios puedan regularizar su situación. También se los voy a proponer en una reserva.
De otra manera, incentivos y confianza para la inversión privada, con esas condiciones quedan pocos. Si bien es necesario poner orden y regular en la materia de permisos, pero no establecer candados para eliminar la competencia.
Existen infinidad de experiencias exitosas de colaboración público-privada, más cuando la competencia beneficia a los consumidores.
En el sector energético la empresa privada puede financiar lo que el gobierno no tiene: recursos para pagar.
Ya pasaron los tiempos del monopolio del Estado sobre la economía y el desarrollo. Esto estaba bien para los años setenta del siglo pasado.
Pareciera que ustedes quieren seguir en el siglo pasado.
Ya vieron cuál fue el destino de la Ley de Datos para que tengamos un celular, ya se otorgaron los amparos.
Y les tengo una noticia, ya viene el concepto de eSIM, que ya ni siquiera vas a tener que ir a buscar un SIM, te va a llegar de manera digital a tu celular.
Entonces parece que aquí estamos regulando para los años setenta, cuando el mundo está en el siglo XXI.
Muchas gracias, presidenta.
ooOoo