Funcionarios públicos que niegan vacuna a personal médico privado no recibirán su atención bajo la “objeción de conciencia”: Salazar Sáenz

  • El gobierno no está garantizando el derecho constitucional a la protección de la salud de los mexicanos, señaló el abogado laboralista Omar Cerezo
  • El doctor Marco Antonio Vázquez Rosales aseguró que hay una “total anarquía” en la aplicación de la vacuna

El senador Francisco Salazar Sáenz hizo un llamado al personal de salud de hospitales particulares a los que se les está negando la vacuna contra el Covid-19, a que invoquen el principio de “objeción de conciencia” para no dar servicio a los políticos y funcionarios públicos de Morena que les han negado la inoculación –cuando los busquen por sospechas o contagio– y trasladen su atención a los hospitales públicos que han recibido las dosis de inmunidad.

Salazar Sáenz explicó que esta propuesta está sustentada en el derecho que todo el personal de salud tiene de recibir las dosis de vacunación, sin importar si son de instituciones públicas o privadas, “pues todos ellos han estado en la primera línea de batalla en los momentos de mayor crisis de la pandemia e incluso han atendido al propio presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En conferencia de prensa, el abogado laboralista Omar Cerezo Moreno, especialista en la defensa de los derechos laborales del personal médico, y el doctor Marco Antonio Vázquez Rosales, presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, coincidieron con Salazar Sáenz que el propósito de aplicar la “objeción de conciencia” a políticos contagiados de Covid-19 y canalizarlos al sector público es para proteger al personal de salud de instituciones particulares que están quedando fuera de las prioridades del programa de vacunación que diseñó el Gobierno federal.

Omar Cerezo citó el caso de Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky, quienes al verse contagiados acudieron con médicos particulares para recibir las primeras atenciones, y cuestionó el por qué no son atendidos en el sector público.

“Si los funcionarios públicos de alto nivel no quieren trabajar o no quieren proteger al sector privado, pues que se vayan al ISSSTE o al IMSS”, acotó el senador Francisco Salazar y explicó que la legitimidad de la exigencia es por la preocupación de proteger al personal de salud del sector privado el cual está en gran riesgo de contagio por tener el primer contacto con el paciente que ha sido infectado.

“No solamente son los médicos de hospitales particulares a quienes han dejado fuera, hablamos de la desprotección en la que tienen a todos los enfermos, asistentes, trabajadores de limpieza y vigilancia de hospitales, clínicas, consultorios de farmacias, dispensarios de centros religiosos o parroquiales y miles de consultorios populares que también han estado en la primera línea de batalla y que en muchos de los casos son el primer contacto con el paciente infectado de Covid-19 y al no estar protegidos pueden enfermarse y contagiar a sus familias y otros pacientes que acudan con ellos, razón por la cual se sigue extendiendo la cadena de contagios”, remarcó el senador panista.

Por su parte, el especialista Omar Cerezo dijo que “México es uno de los países cuyo personal de salud está más expuesto en todo el mundo, con la cifra más alta de infectados y muertos, en el número de infectados prácticamente estamos llegando al 18 por ciento de la población total infectada”.

También, continuó, hay que tener en cuenta el personal que no está en áreas operativas directamente, sino que hace funciones de intendencia, servicios prehospitalarios e incluso personal administrativo, población que, según el grado de riesgo, el gremio médico está definiendo como “personal de primer contacto”.

Cerezo Moreno aseguró que el grueso de la población implicada en este riesgo consta de 360 mil profesionales de la salud del sector público, según lo que el Gobierno federal informa, sin contemplar al sector privado, y de incluir ambos grupos el número asciende a cerca de un millón y medio de profesionales entre personal médico, de enfermería y personal técnico, de los cuales 400 mil se han infectado.

“Se está manejando con un criterio muy arbitrario en el esquema de vacunación. Se había dicho que se iba a vacunar en primer lugar al personal de salud, después a adultos mayores y a partir de ahí el proceso de vacunación a la población en general. El problema es que el criterio que no se ha acatado, pero mediáticamente se presume que se está avanzando en la vacunación, pero estas se aplican a grupos como los maestros y población rural con riesgo bajo o nulo de contagio”, señaló.

El especialista en derechos laborales del personal médico determinó que el gobierno en turno está “jugando a las declaraciones y no está garantizando el derecho constitucional a la protección de la salud de los mexicanos”.

Por su parte, el doctor Marco Antonio Vázquez Rosales aseguró que hay una “total anarquía” en la aplicación de la vacuna, ya que incluso los estudiantes de medicina que han cursado la materia de epidemiología saben que primero hay que vacunar en las áreas donde hay más enfermos.

Comentó que, en el caso de San Luis Potosí, la capital, que es la que tiene el mayor número de pacientes, es donde se debería haber iniciado la vacunación, pero las autoridades determinaron irse a las comunidades rurales para decir que están avanzando en número de municipios.

Sin embargo, agregó que “hay un dato que no conocemos: cuántas dosis se han echado a perder por esa situación de que se destapó un frasquito de 25 o 50 dosis y la comunidad no acudió a recibir esa vacunación, por lo que esas dosis se perdieron”.

También, dijo que para los recién egresados de la facultad de medicina “ha sido su bautizo de fuego” ir directamente hacia el área Covid-19 de los hospitales confiando en que en teoría “tienen un sistema inmune excelente, a pesar de no haber sido vacunados”.

ooOoo

San Luis Potosí, SLP, 11 de abril de 2021

Comunicado de la oficina del senador Francisco Salazar Sáenz

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