Intervención de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, al participar en la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas.
11 de febrero de 2021
Versión de la intervención de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, al participar en la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas
Muchas gracias, presidenta.
El próximo martes se cumplen 25 años que fueron firmados los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, integrado, principalmente por indígenas tzeltales y tzotziles del estado de Chiapas, se levantó en armas en contra del gobierno.
El 16 de febrero de 1996, se firmaron los acuerdos de San Andrés, que fueron la base de la reforma constitucional de 2001, en la que se reconocieron derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Mexicana.
Si bien es cierto, hubo avances, esta reforma fue insuficiente.
Desde entones los pueblos indígenas han reclamado que esos derechos eran insuficientes, pues no se le reconoció como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Hoy los asesores zapatistas, se encuentran frente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y sería muy importante reconocer qué se ha hecho sobre este importante tema.
Ya han pasado 25 años de gobiernos del PRI, del PAN y hoy de Morena, no han concretado en la Constitución, los derechos establecidos en los acuerdos de San Andrés, ni los establecidos en tratados internacionales de la OIT y de la Declaración Universal de las Naciones Unidas.
Muchos de ellos, comprometidos en los discursos del gobierno actual, pero tampoco se han implementado políticas públicas que atiendan de manera adecuada estas viejas demandas.
Siguen pendiente el reconocimiento de los pueblos indígenas, como sujeto de derecho y el derecho a su libre determinación en la Constitución.
Los pueblos indígenas aún no cuentan con mecanismos claros para la participación y representación política y reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Tampoco está garantizado el pleno acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado.
El reconocimiento de sus sistemas normativos internos y mucho menos el derecho a la consulta, los pueblos indígenas siguen sin satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, educación, salud y trabajo.
Por lo anterior, es importante conocer las acciones de gobierno mexicano, en especial del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el avance de sus políticas públicas en el marco de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Les recuerdo que este Congreso reformó la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para darle más facultades en la materia, para ser concreta, se le duplicaron las facultades, pero desafortunadamente este gobierno ha reducido en un 40 % los recursos al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Su servidora ha presentado una iniciativa de reforma constitucional para hacer realidad estos acuerdos de San Andrés Larráinzar, seguimos en espera a que el Presidente de la República mande su propia reforma y de una vez por todas podamos llevar a la Constitución el derecho a la consulta.
La Corte nos ha instruido que debemos legislar en esta materia, que sigue siendo un pendiente, si no vamos a hacer reforma constitucional amplia, al menos deberíamos establecer en la Constitución el derecho pleno a la consulta para que proyectos como el Tren Maya, como el Tren Transístmico, realmente sean sometidos de manera, previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Mi más sincero reconocimiento al Senador José Narro Céspedes por la presentación de este punto de acuerdo.
Muchas gracias.
–ooOoo–