Senadora Minerva Hernández Ramos, al participar en la discusión de un dictamen sobre la Ley General de Educación Superior

Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

9 de diciembre de 2020

Versión de la intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior

 

Con su venia, senadora Presidenta.

De la Agenda para el Desarrollo 2030 la instrumentación de los objetivos del desarrollo sostenible permitirá a la población disminuir las brechas existentes y participar en la búsqueda de consensos sociales que permitan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al cambio climático sin que nadie se quede atrás.

Precisamente en esa búsqueda de consensos sociales en que se construyó la iniciativa que motiva el dictamen por el que se expide la Ley General de Educación Superior, pues fue producto de muchas reuniones entre los equipos técnicos de las y los Senadores que la suscribimos con los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, así como con especialistas y académicos, donde se privilegiaron las convergencias de opinión y se tuvieron que matizar posturas para llegar a acuerdos que nos permitieran avanzar.

Quiero aprovechar para agradecer al coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, así como a mis compañeros y compañeras, Senadores y Senadoras, la confianza para poder representar sus inquietudes y exponerlas en las mesas de trabajo que se desarrollaron a lo largo de casi diez meses.

Reconozco al Senador Rubén Rocha y a su equipo técnico, en la Comisión de Educación, su dedicación y compromiso para que esta nueva legislación pudiera llegar a un buen puerto.}

Internacionalmente la Unesco ha señalado que la educación es la clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza, que cuando hablamos de educación tenemos que conceptualizarla como un derecho fundamental del que se benefician el individuo y la sociedad, que se trata de un bien público y que, como tal, deben quedar sentadas las bases para que éste pueda ser disfrutado por todo el mundo y en todas partes.

Con estas consideraciones en mente nos abocamos a desarrollar un nuevo marco normativo para la educación superior de alcance nacional, para que la coordinación y regulación del Sistema Nacional de Educación Superior pudiera estar acorde con la reforma constitucional de 2018. Esto es, como ha sido señalado por académicos de la UNAM, que pudiera ser el eslabón adecuado para vincular ese régimen constitucional de derechos y obligaciones relativos a la educación superior, con las normas que conciernen al control de los diversos subsistemas de ese nivel de estudios, como lo son las universidades, las instituciones tecnológicas y las instituciones de formación de docentes.}

En vista que esta legislación de carácter general se ocupa también de los problemas derivados del financiamiento, me congratula que muchos de sus postulados hayan podido ser ajustados para hacerlos congruentes con la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, puesto que ello abonará a dotar de mayor certidumbre a las instituciones de educación superior y reafirmará la rectoría del Estado en cuanto a la planeación, coordinación, regulación y financiamiento de este derecho fundamental.

Aunque no dejamos de advertir que aún hay áreas de oportunidad en esta materia que pueden ser mejoradas, por eso adelanto la presentación de algunas reservas al respecto.

Ahora bien, expertos como don Roberto Rodríguez señalan que con esta nueva Ley General de Educación Superior podrá ser llenado el vacío legal existente desde hace 79 años en que se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública, excluyendo de su aplicación a las universidades e instituciones de educación superior, ya fueran públicas o privadas, lo cual cambia con el marco normativo que se contiene en este dictamen, en el que se incorporan disposiciones que fortalecen los principios de coordinación y de gobernanza del Sistema Nacional de Educación Superior.

No obstante, como todo producto hecho por el ser humano, esta Ley General de Educación Superior que se propone es perfectible y puede ser mejorada, tal como los Senadores de Acción Nacional lo manifestamos en la reunión de la Comisión de Educación y es por esa razón que hemos presentado diversas reservas, con la intención que sea en este Pleno donde podamos hacer converger nuestros criterios en beneficio del derecho fundamental de la educación, de los educandos, los profesores, las universidades e instituciones de educación superior.

En caso contrario, confiamos en que habrá apertura y disposición, que las Diputadas y Diputados puedan plantear cambios diversos que, en caso de ser aprobados, podamos revisar nuevamente nosotros en el Pleno, pues confío que en este espíritu de ir construyendo aproximaciones sucesivas nos permitirá contar con un marco jurídico mucho más sólido y consensuado.

Acción Nacional votará a favor del presente dictamen porque reconocemos la disposición y el diálogo de todos los grupos parlamentarios representados en este Senado para avanzar hacia la construcción plural de un marco jurídico en materia de educación superior.

Es cuanto, senadora Presidenta.

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Senadora Minerva Hernández Ramos presenta reservas al dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

 

 

Versión de la intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar reservas a un dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior

 Con su permiso, senadora Presidenta.

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la educación, el estado, Federación, estado, ciudad de México y municipios, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, media superior y superior.

La educación inicial preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias, la educación superior nos será en términos de la fracción X del presente artículo.

La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Como se puede observar, el precepto constitucional garantiza al ciudadano tener acceso a la educación que será impartida por el Estado, sin embargo, en el presente dictamen, se pretende establecer que la educación superior será considerada como un bien público, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto se requiere una reforma en que la educación  superior que tenga por postulado proponer construir una nueva política de estado educativa distinta, que como punto de partida sea el de sustentar como principio una educación del bien público, social y no de una de tipo comercializable.

Estamos de acuerdo en la importancia y los avances que se podrían generar, y consideramos a la educación como un bien público, sin embargo, no podemos hacer una diferenciación normativa y considerar que únicamente la educación superior tenga este carácter, dejando a un lado el resto de las modalidades de la educación, la inicial, la preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, cuando la Constitución tutela los mismos derechos para el acceso a la educación.

La discusión sobre la necesidad de establecer a la educación como un bien público, comenzó desde el siglo pasado, donde organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales debatieron su intención en los temas de las agendas regionales.

En este sentido, la declaración de Incheon, la educación 2030 hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, reconoce que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza, y se reafirma que es un bien público, un derecho humano, fundamental y la b ase para garantizar la realización de otros derechos.

Así, la modificación que tendría que realizar en el marco constitucional, no en esta nueva ley que aprobaremos hoy.

De hecho, el pasado 27 de noviembre de este año, presenté iniciativa para modificar el artículo 3 de nuestra Carta Magna, para reconocer a la educación como un bien público.

Por lo que hace al artículo 14, se propone modificar la redacción del párrafo quinto de este artículo, toda vez que es erróneo establecer desde el punto de vista jurídico que, en la documentación para acreditar los estudios correspondientes, se otorgará al amparo de este artículo que no hace referencia a una secuela procedimental.

Respecto del párrafo 74… cuarto párrafo del 74, se propone modificar la propuesta, toda vez que el objeto de constituir un fondo tiene como propósito proporcionar recursos adicionales al 1 % del Producto Interno Bruto, establecido en el artículo 119 de la Ley General de la Educación.

Cuando aprobamos la reforma constitucional en materia educativa, en 2019, se estableció en el artículo décimo quinto transitorio de esta reforma que, para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad en educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal de las entidades federativas y de los municipios en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3 de esta Constitución.

Adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial, que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura.

Asimismo, de acuerdo con los criterios generales de política económica, en 2021, atendería a 249 mil .8 millones de pesos a precios del 2021.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, se contemplaron 136 mil 294 mil .8 millones de pesos para la subfunción educación superior, esto es, casi el 55 % del monto determinado por la ley.

Por eso propongo que la asignación de recursos para el fondo referido será anual y se orientará por los criterios de transparencia, inclusión, para proporcionar la prestación de servicio educativo de educación.

Ya no voy a dar lectura a la siguiente reservar, pero pido que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, es respecto a la fracción V del artículo tercero transitorio, por cuestión de tiempo.

Es cuanto, senadora Presidenta.

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