Intervención de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, al presentar reservas suyas y de la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros a un dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Versión de la intervención de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, al presentar reservas a un dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior
Gracias, Presidenta.
Con su venia, Presidenta.
Compañeras senadoras y senadores.
El día de hoy presento reservas a los artículos 62, 63, 66, tercero, quinto y séptimo transitorio del dictamen por el que se expide la Ley General de Educación respecto a la asignación de recursos a las instituciones públicas de educación superior. Estas reservas son propuestas por la Senadora Guadalupe Saldaña y por una servidora.
Por virtud de la reforma constitucional en materia educativa se estableció de manera expresa la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior. Evidentemente nadie puede estar en contra de establecer la gratuidad y la obligatoriedad del Estado para prestar este servicio, sin embargo, en el dictamen que hoy nos ocupa existen algunas contradicciones al respecto, pues por un lado la fracción V del transitorio tercero señala que el Fondo Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación deberá contenerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y, por otro lado, el mismo transitorio establece que el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá preverlo, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.
En el mismo sentido se encuentran los artículos 62, 63, 66, tercero, quinto y séptimo, transitorios, que de suyo hacen nugatorio el compromiso del Estado para hacer efectiva la gratuidad de la educación superior al dejar sujeto este derecho constitucional a la disponibilidad presupuestaria y a la gradualidad en su cumplimiento, en el mejor de los casos.
Es evidente que prioridad que no se refleja en el presupuesto es solo una buena intención, es demagogia.
Por lo anterior, el día de hoy presento reserva a los artículos 62, 63, 66, tercero, quinto y séptimo transitorios. Estos artículos condicionan la obligatoriedad del Estado de proporcionar educación gratuita a la disponibilidad presupuestaria, por lo que resulta necesario eliminar la referencia a la misma.
Debemos establecer un compromiso claro con la educación y no dejar a la discrecionalidad de la autoridad en turno la asignación de recursos para implementar estos principios que se establecen por mandato constitucional.
Sabemos que cumplir con la obligación constitucional de universalidad requiere necesariamente llevar a cabo inversiones y ampliar la capacidad instalada en las distintas instituciones de educación superior, adquirir tecnología, equipo, contratar maestros y personal adicional, y desafortunadamente no se cuenta con una estimación financiera de lo que esto puede significar.
Desde luego esta ley es un avance, sin embargo, no señala bases claras y precisas sobre cómo se va a financiar y a hacer frente a los compromisos que significan dar cumplimiento a la disposición constitucional.
La sola reforma del artículo tercero constitucional o la aprobación de esta ley no garantizan la universalidad ni la gratuidad, es necesario que venga acompañada con los recursos presupuestales necesarios para su implementación, porque si no, solo queda en un catálogo de buenos deseos y se convierte en letra muerta.
Estos son algunos de los elementos más importantes contenidos en estas reservas, que esperamos puedan contar con la valoración positiva de ustedes.
Gracias.
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