Versión de la intervención de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución.
Muchas gracias, Presidenta.
La justicia y la democracia se autosustentan; no hay democracia sin justicia, pero tampoco puede florecer la justicia en un ambiente poco o nada democrático.
Por ello, todas las reformas que se propongan para las instituciones y normas que nos brindan justicia deben ser ampliamente analizadas y consensadas.
Hay que reformar con mucho cuidado y paciencia un ámbito tan delicado, porque una leve equivocación puede crear cientos de miles de injusticias para aquellos que más necesitan una defensa adecuada de sus intereses.
Lo que hemos atestiguado es una serie de opiniones a favor y en contra de una reforma que ha sido ampliamente criticada por propios y extraños, la premura nunca es buena consejera cuando se habla de cambiar profundamente la forma en que dirimimos nuestros conflictos como sociedad.
La justicia tiene dos planos, el general, al que siempre salud en textos jurídicos y filosóficos y la que siempre se busca con las grandes reformas a los sistemas institucionales que la procuran y la imparten, y el plano concreto, particular, personal, es ahí donde está el verdadero anhelo no satisfecho, cuando la gente se enfrenta a un intrincado sistema burocrático que la limita o la impide, es ahí donde hace falta una mayor intervención, supervisión constante, capacitación al personal, sensibilización, y eso se logrará cuando haya un verdadero interés de los titulares de las instituciones que procuran y administran justicia; una reforma por sí sola no resolverá ni los rezagos ni las desigualdades.
Les quiero contar una historia, una historia que ocurrió en el año de 2003, la Secretaría de Finanzas, mediante oficio, informó a la Delegación Miguel Hidalgo un recorte de 107 millones de pesos al presupuesto que en diciembre de 2002 había sido aprobado por la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal.
La Secretaría de Finanzas manifestó que el recorte obedecía a que no sería posible alcanzar las metas de recaudación previstas si no se quitaban los recursos a diversas demarcaciones, entre ellas la Miguel Hidalgo.
Los 15 jefes delegacionales restantes, incluidos cinco del PAN, acataron la disposición de la Secretaría de Finanzas; en febrero de 2003, un valiente delegado, que por cierto sería mi city manager, el jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Arne Aus den Ruthen Haag, interpuso una controversia constitucional en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para tratar de revertir un recorte presupuestal a esa demarcación.
La Suprema Corte de Justicia resolvió que una delegación, sin ser un municipio, podía interponer una controversia constitucional; dos, sólo la Asamblea, que es la que aprueba el decreto de presupuesto es a facultada para hacerlo, el Jefe de Gobierno no pude hacerlo mediante un oficio. “El Gobierno del Distrito Federal debe dejar intacto el presupuesto de la Delegación Miguel Hidalgo en los términos aprobados por la Asamblea.”
El subsecretario de Egresos de ese Gobierno del Distrito Federal, mediante oficio informó a la Delegación Miguel Hidalgo que no devolvería los recursos, sustentando la negativa en una supuesta opinión del procurador fiscal del Distrito Federal, previa revisión de las instrucciones de la Suprema Corte de Justicia.
Ante el desacato de la orden de la Suprema Corte de Justicia, el subsecretario de Egresos fue detenido por así haberlo denunciado la Corte. De persistir el desacato hubiera sido detenido el secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, y posteriormente el Jefe de Gobierno, hoy presidente de la República.
De manera inmediata fueron liberados recursos que ilegalmente le habían sido retenidos a la Delegación Miguel Hidalgo.
El resto del presupuesto, el que correspondía a las otras 15 delegaciones no se ejerció en ese año, Finanzas lo declaró como ahorros y los depositó en el fideicomiso para construir los segundos pisos del Periférico.
Esta historia es una historia de la vida real, es una historia que cuando un municipio le es retirado su presupuesto recurre a la Suprema Corte.
He escuchado aquí dos versiones, yo aclaro ser ingeniera y no ser experta en temas legales, pero he escuchado a personajes que dominan el campo de las leyes y debo decir que en un caso de legalidad como este, que no es una invasión directa o una controversia directa, puede la Suprema Corte o no jalar esta controversia.
El problema es que si ese párrafo no existía y no se pretende eliminarla, ¿para qué lo ponen? Algo quieren hacer, seguro.
Voy a proponer una reserva para que se elimine y entonces les voy a creer que no quieren dejar indefensos a los municipios, por eso voy a votar en contra, porque después de haber escuchado en el Parlamento Abierto con mucha atención a distintos especialistas encuentro que esta reforma tiene muchas inconsistencias.
También encuentro que los (inaudible) regionales no atienden la justicia o atenderán la justicia más local.
Por otro lado, la jurisprudencia por precedentes es algo inexplorado en México y conociendo el sistema puede ocasionar severos retrocesos.
Y voy a votar en contra porque le quita al municipio una vía de defensa.
Muchas gracias.
ooOoo