Intervención de la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores-América Latina y el Caribe, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, por el que se aprueba el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y sus declaraciones interpretativas.
Con su venia, Presidenta.
Compañeras y compañeros senadores:
Desde hace décadas México ha sido un participante activo en cumbres internacionales sobre medio ambiente, derivado de su compromiso como país megadiverso, que lo ha llevado a ser parte de tratados y acuerdos internacionales en la materia, el derecho al medio ambiente sano se encuentra ya en nuestra Constitución y hemos transformado en leyes los diversos acuerdos internacionales.
El ejemplo más significativo es la declaración de Río que, sin ser vinculante, causó un enorme impacto, que se tradujo en 1996 en profundas reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Se introdujeron y modificaron temas tan relevantes como el reconocimiento del derecho al medio ambiente adecuado, del ordenamiento ecológico del territorio, la consulta pública en la evaluación del impacto ambiental.
Las áreas naturales protegidas, el derecho a la información ambiental y a la participación ciudadana, la denuncia ciudadana o el recurso de revisión.
Sin embargo, nos hemos quedado cortos, si bien contamos con instrumentos regulatorios en materia de responsabilidad ambiental, estos quedaron lejos del alcance de todas las personas, haciendo de los derechos a la información, a la participación pública y a la justicia ambientales, privilegios de quienes tienen los medios para ejercerlos, en detrimento de muchas personas que sufren las afectaciones al suelo, al agua, al aire, a la biodiversidad, a su salud a su patrimonio y a su entorno.
Por ello, la trascendencia del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo principal es la lucha contra la desigualdad y la discriminación, así como garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, en materia de protección ambiental y de derechos humanos.
Como lo señala la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el acuerdo de Escazú, se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y lo más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.
Dentro de los aspectos más relevantes del acuerdo están los siguientes:
1.- Establece principios y disposiciones generales a ser observados por los países parte.
2.- Dispone y desarrolla el acceso a la información ambiental en sus dos formas: positiva, accesibilidad y negativa de negación de acceso.
3.- Prevé formas de garantizar la generación y divulgación de la información ambiental.
4.- Regula la participación pública en los procesos de tomas de decisiones ambientales por las autoridades.
5.- Establece la obligación de los estados de garantizar un efectivo acceso a la justicia ambiental en instancias administrativas y judiciales. Y
6.- Ordena la protección efectiva por parte de las autoridades de los estados, de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Asimismo, que el Acuerdo de Escazú coincide con diversos aspectos del T-MEC, y el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre México, los Estados Unidos y Canadá.
Aunque con perspectiva distinta, las agendad de los tratados mencionados coinciden en equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: medio ambiente, salud y economía, pero, y esto es propio del Acuerdo de Escazú e incorporando a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados.
¿Qué sigue después de la aprobación del Acuerdo de Escazú? Bueno, pues revisar nuestra legislación con visión de justicia e igualdad, y al Ejecutivo Federal las modificaciones administrativas pertinentes y, sobre todo, cumplirlos y aplicarlos de forma efectiva, incluyendo la viabilidad de los proyectos de infraestructura que tanto le interesan al gobierno federal.
Este gobierno tiene la oportunidad de ser congruente con su visión social del desarrollo, de las políticas públicas y de los instrumentos que la hacen posible, de lo contrario las personas afectadas, legitimadas por el Acuerdo de Escazú podrán reclamar su cumplimiento por vía administrativa o por vía judicial, o mediante las instancias jurisdiccionales internacionales.
Con este Acuerdo el Senado de la República tiene en sus manos una oportunidad valiosísima y de enorme responsabilidad para establecer las condiciones de una nueva forma de hacer efectiva la sustentabilidad, la que no hemos logrado, que incluya de verdad a los pobres y marginados en el concierto del desarrollo integral, sustentable y competitivo de México.
Por todo lo anterior, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen.
Es cuanto.
Muchas gracias.
ooOoo