Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, para presentar iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso General

Intervención de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 40 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

11 de noviembre de 2020 

Versión de la intervención de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 40 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Muchas gracias, presidente, con su venia.

Acátese, pero no se cumpla.

Esta fórmula del derecho colonia parece vigente hasta el día de hoy aquí en nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores, nuestro país enfrenta hoy un muy serio problema de leyes e instituciones. Desde que el presidente López se encontraba en campaña comenzó a realizar una serie de actos y consultas con las que se violaba de forma lamentable nuestro orden constitucional y legal, tal fue el caso de la fallida consulta al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un triste ejercicio de simulación, con la consulta solo se dio legitimidad aparente a una decisión ya tomada.

Lo mismo pasó con la consulta para cancelar la planta Constellation Brands en mi estado Baja California, al organizarse precisamente un ejercicio vergonzoso que violó, de nueva cuenta, nuestro orden jurídico.

Esta forma sistemática de violar la Constitución y las leyes la hemos visto una y otra vez a lo largo de este sexenio, nuestros principales socios comerciales y los grandes inversionistas ven hoy, con temor, a este gobierno, no confían en él porque saben que en cualquier momento decisiones unilaterales de quien hoy vive en el Palacio, pueden destruir grandes proyectos de infraestructura y ahuyentar inversiones y proyectos productivos.

Este gobierno está dando señales claras de que la ley y las instituciones no importan y que ambas se les deja a un lado y la ley radica en la voz de una sola persona.

La iniciativa que hoy presento es parte de un paquete que tiene como objetivo limitar los abusos del poder y generar un sistema eficaz de contrapesos que evite que lo que está sucediendo no vuelva a pasar; no más cancelación de inversiones para financiar delirios presidenciales.

El juicio político es una de esas figuras que están en nuestro orden jurídico que solo se usa como amenaza contra opositores al régimen o como medida extrema ante casos penales graves. El proceso de juicio político es complejo, ya que involucra a ambas cámaras, cuyas comisiones jurisdiccionales tienen la más alta responsabilidad para evitar que el poder se convierta en un pretexto para violar de forma sistemática y reiterada la ley.

Las y los servidores públicos hemos jurado acatar la Constitución y las leyes que de ella emanan, por lo que cualquier acto contrario a nuestro orden jurídico, debe ser sancionado ejemplarmente.

Este gobierno ha dicho que lucha contra la corrupción, pero en esta materia no ha dado pasos firmes ni resultados, todo lo contario, siguen proliferando por todas partes casos lamentables, como el más reciente del vocero de la Presidencia, quien contrató a una empresa fantasma y se sigue enviando un mensaje de impunidad al mantener en su cargo a Manuel Bartlett y hacerse de la vista gorda con los cuantiosos fondos oscuros que manejó Pío López Obrador, por solo decir un par de ejemplos.

Este patrón de corrupción ya es conocido por todos y el antecedente más inmediato precisamente es la trama de la llamada “estafa maestra”. Lo que preocupa, en casos como Éste, es que el gobierno garantizará absolución e impunidad para los suyos, mientras que castiga y amenaza a los opositores y a los que señalamos actos de corrupción.

El uso faccioso de la ley y de las instituciones es lamentable y grave, ya que, ante la corrupción actual, las autoridades no dicen ni “pío”, todo lo atribuyen a las administraciones anteriores; bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción se están destruyendo nuestras leyes e instituciones y se están cancelando programas y sacrificando a la población más vulnerable.

Los discursos a favor de los pobres y contra la corrupción son solo cortinas de humo para tapar la ineptitud e incompetencia de nuestras autoridades. Mientras no hagamos nada por acabar con la impunidad, el discurso sobre la corrupción no será más que una fábula, la impunidad es lo que le da incentivos a nuestras autoridades para violar la ley, desviar recursos y vulnerar derechos.

Debemos poner un alto a cualquier conducta criminal, y para ello contamos con la figura del juicio político, pero debemos generar los mecanismos para que el juicio político sea eficaz y deje de ser una simple simulación, una ficción jurídica.

Es por ello que propongo acabar con la inactividad de las comisiones jurisdiccionales de ambas cámaras, cuya competencia en el juicio político es fundamental. No es posible que los expedientes del juicio político duerman un anhelo tan importante durante varias legislaturas.

Por eso estoy proponiendo que en el caso de la inactividad de las comisiones jurisdiccionales y teniendo expedientes por resolver, no puede ser que quien robe o dañe patrimonialmente a México no reciba el castigo que le corresponde y que siga permaneciendo como un patrimonio mal habido.

Senadores y Senadoras, hagamos de la lucha contra la corrupción una realidad y no nada más una bandera demagógica para destruir leyes e instituciones.

Por último, es la hora de luchar para terminar precisamente con este cáncer que nos corroe, debemos encontrar una cura y ésta debe ser que la ley se obedezca y se acate en forma ejemplar.

Defendamos, compañeros, el Estado de derecho, que nadie esté por encima en el margen de la ley.

Es cuanto, presidente.

ooOoo

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