Versión de la intervención de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, para presentar reservas a un dictamen de las comisiones unidas de Gobernación, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos
Gracias, Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros senadores:
El cambio en las atribuciones que en este caso se están estableciendo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de la Marina en todo el sector referente a la educación, administración portuaria y operación del comercio y del turismo marítimo, así como la asignación de nuevas tareas para la Semar y la obligación de elaborar nuevas reglas, llevará a todas las empresas estatales y particulares, nacionales y extranjeras con una concesión para la administración integral de los puertos a un estado de incertidumbre jurídica que, de no prevenirse, podría desencadenar una ola de conflictos jurídicos en el ámbito nacional e internacional por incumplimiento de convenios y tratados internacionales con altos riesgos y costos económicos para el país.
Y quiero poner el ejemplo en el caso del estado de Quintana Roo, los puertos turísticos mexicanos reciben anualmente más de mil 900 cruceros. Tan sólo en el 2019 el municipio de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, el principal puerto del país y el tercero en importancia a nivel mundial recibió mil 366 cruceros y, en el caso de Mahahual, 481, lo que representó para Quintana Roo una derrama económica muy importante.
Con la reforma, y ante las dificultades que por cuestiones administrativas pueden representar para los cruceros, estos arribos se ponen evidentemente en riesgo. No es un tema menor, por eso la propuesta ante el riesgo.
Es necesario dar la certeza jurídica que requieran todas las empresas que han contribuido para contar con un comercio marítimo eficiente y ejemplar hoy en México, por todos los empleos que generan o los recursos que ingresan a nuestro país y que contribuyen al crecimiento de nuestra economía.
El comercio marítimo ha sido en los últimos 26 años eficiente y ejemplar a nivel mundial, hagamos lo necesario para continuar así y no permitamos que de un plumazo se derrumbe todo lo que por décadas se ha construido.
Lo dije en mi anterior intervención, hasta hoy no se conoce una situación en las administraciones portuarias que se hable evidentemente de corrupción, estamos hablando de cuestiones totalmente distintas entre las aduanas marítimas y por supuesto las administraciones portuarias.
Por eso, la propuesta que planteo busca garantizar la vigencia y continuación de esas concesiones que han sido otorgadas por la SCT, porque ¿qué va a pasar con aquellas que ya están plenamente otorgadas y que se llevan a cabo a través de licitaciones públicas?
Contrario a lo que hoy está haciendo el Ejecutivo federal, que prácticamente el 80 % de la obra pública hoy es licitación.
En materia portuaria la mayoría de ellas siempre ha sido por licitación pública, y por eso en materia de administración integral portuaria con fines comerciales y turísticos y a todas las empresas que ya cuentan con un título de concesión, garantizando de esa manera el Estado de derecho y el respeto de nuestras leyes de la Constitución Política y de los tratados internacionales firmados por México y ratificados en este Senado de la República.
Por eso es que la propuesta que estoy viniendo a presentar, busca prever todo esto en un transitorio, precisamente para salvaguardar todos estos títulos de concesiones que ya han sido otorgados y que evidentemente a largo plazo y, por supuesto, que esto pone en una incertidumbre jurídica la situación que pudiera tener todo este tipo de concesiones.
Muchísimas gracias.
ooOoo