- Afirmó que las más de 70 mil muertes por Covid-19 registradas en el país, demuestran su incapacidad y fallida política
- También, recalcó que su indolencia y malas decisiones han provocado desigualdad y pobreza en perjuicio de millones de familias mexicanas
- Adelantó que promoverá la creación de una comisión de la verdad integrada por expertos en manejo de emergencias sanitarias, de México y el mundo, que haga una evaluación sobre las políticas implementadas durante la crisis sanitaria
En el marco del análisis de la Glosa del Informe del Segundo año del Gobierno en materia de política social, la senadora por Nayarit, Gloria Núñez Sánchez, aseguró que, en el exhaustivo examen y revisión del trabajo de este gobierno, la conclusión no puede ser otra: “estamos ante el más grande fracaso de una política social en la historia de México”.
Durante su participación en la máxima tribuna del país, la legisladora señaló que después de más de seis meses de pandemia en México, el Gobierno federal ha sido incapaz de garantizar la salud de las familias y proteger la vida de más 70 mil mexicanos muertos a causa de la pandemia por Covid-19.
Este gobierno ha incurrido en graves omisiones y acciones ineficaces que provocaron que la pandemia adquiriera el nivel de catástrofe, afirmó.
También, expresó que la cifra que refleja con toda su crudeza la fallida política del Gobierno federal, máxima autoridad en tiempos de emergencia sanitaria, son los mil 400 médicos, enfermeras y personal de salud, personas que perdieron la vida dando la batalla en la primera línea de defensa contra la enfermedad.
Este gobierno le falló al personal médico del sector de salud al no entregarle el material suficiente para su protección, reprochó.
Por otra parte, la senadora lamentó que, a causa del mal manejo de la pandemia, se hayan perdido más de un millón de empleos formales.
“Con la incipiente reactivación de la economía mexicana, se empieza a vislumbrar un panorama poco prometedor, no se recuperarán en el corto ni mediano plazos los empleos formales perdidos y aumentará la ocupación informal, que carece, entre otras cosas, de seguridad social”, indicó.
En este sentido, citó que, ante la falta de una política social solidaria de este gobierno, se estima que cerca de 10 millones de personas han caído en pobreza y un número similar caerá en la pobreza extrema.
Agregó que en México poco más de 1.3 millones de adolescentes y jóvenes dejarán de estudiar, abandonando su pase al nivel medio superior y superior, en el presente ciclo escolar.
“Como podemos observar, las malas decisiones del gobierno tienen resultados devastadores en la vida de las personas, desigualdad y pobreza”, reiteró.
Tras señalar que el Ejecutivo federal no va reconocer su responsabilidad por la catástrofe de la pandemia, la legisladora adelantó que promoverá, desde el Senado, la creación de una comisión de la verdad, independiente e imparcial, integrada por expertos en manejo de emergencias sanitarias, de México y de mundo, de instituciones de reconocido prestigio, que haga una evaluación exhaustiva sobre las políticas implementadas y la actuación de las autoridades durante la crisis sanitaria.
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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2020
Comunicado de la oficina de la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez
14 de septiembre de 2020
Versión de la intervención en tribuna de la senadora Gloria Núñez Sánchez, para referirse al análisis del Segundo Informe de Gobierno, en materia de política social
Con su venia, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros senadores.
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna.
Adicionalmente, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Repito, los gobiernos, independientemente del signo político que tengan, sean de derecha, sean de izquierda, tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas plasmados en nuestra Constitución.
En su artículo cuarto, nuestra norma fundamental contempla que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Por tanto, la protección de la salud es la garantía que otorga la autoridad para que un ser humano pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud, a través de obtener un acceso adecuado a los servicios en un sistema de salud.
Sin lugar dudas, la pandemia por el coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, es la problemática más importante durante este segundo año del Gobierno federal.
Después de más de seis meses de pandemia en México una cuestión es clara, este gobierno ha sido incapaz de garantizar el derecho humano a la salud de las y los mexicanos.
El Gobierno federal ha sido incapaz de proteger la salud y preservar la vida de más 70 mil mexicanas y mexicanos muertos por la pandemia del Covid-19.
El día de hoy, en este examen y revisión de la política social del segundo año de Gobierno, la conclusión no puede ser otra, estamos ante en más grande fracaso de una política social en la historia de México.
Este gobierno incurrió en graves omisiones y acciones ineficaces que provocaron que la pandemia adquiriera el nivel de catástrofe.
La cifra que refleja con toda su crudeza la fallida política del Gobierno federal, máxima autoridad en tiempos de emergencia sanitaria, son los más de 70 mil mexicanas y mexicanos muertos por Covid-19, cifra que incluye a mil 400 médicos, enfermeras, personal de salud, personas que perdieron la vida dando la batalla en la primera línea de defensa contra la enfermedad.
El Gobierno federal le falló al personal médico, le falló al personal médico, le fallo al sector de salud al no entregarle el material suficiente para su protección.
Por eso, México es el país del mundo donde más personal de la salud ha muerto por Covid-19, superando a países como Estados Unidos y Brasil.
A lo largo de toda la pandemia, han sido recurrentes los reclamos y las denuncias de personal médico, no sólo por la falta de protección para ellos, sino de la falta de equipo y materiales para atender a los enfermos.
El sector público de salud ha sido incapaz de detener el avance mortal de este virus, registrando altas de tasas de mortalidad respecto a los pacientes hospitalizados.
Tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la tasa de letalidad es cercana al 50 por ciento, la más alta por cierto entre todas las instituciones públicas de salud.
Por supuesto, estamos considerando las cifras oficiales de la pandemia, las cuales, a decir de expertos en la materia, están subestimadas.
Tan solo la cifra de muertos por Covid en México se calcula pudiera ser hasta tres veces más la cantidad oficial.
¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué el coronavirus ha tenido una mayor letalidad en México en comparación con otros países?
Lo que pasó fue que, a diferencia de otros gobiernos que pusieron como su prioridad la vida y la salud de las personas, en este Gobierno de la República minimizó los efectos de la pandemia, ocasionando que se les saliera de control, con los resultados que el día de hoy tenemos.
La Organización Mundial de la Salud definió que, dentro de las medidas para poder contener el avance del virus, era que los gobiernos debían realizar la aplicación de pruebas masivas, para detectar, rastrear y aislar casos, y cortar la cadena de contagios.
Los gobiernos que realizaron una aplicación masiva de pruebas fueron los que más han tenido éxito para contener el avance del Covid-19, ahí están los casos como Corea del Sur o Nueva Zelanda.
En México esto no ocurrió. Hoy somos de los países que menos pruebas realizan respecto del tamaño de su población.
Cuando sucede un fenómeno como un sismo, una inundación o un incendio, el objetivo siempre debe de ser el cómo la autoridad poder salvar el mayor número de vidas humanas que sea posible.
Los mexicanos hoy se preguntan: ¿Por qué en el caso de la pandemia no fue así?
¿Por qué no se hizo el mayor esfuerzo para salvar el mayor número de vidas, a través de una política contundente para contener el virus?
Incluso, sabiendo las autoridades federales de los efectos del coronavirus en donde podrían ser más perjudiciales, dada la situación de comorbilidades que padece gran parte de la población, como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, ¿no era lógico darle la mayor prioridad a las políticas públicas, y en lo presupuestal a contener el coronavirus, para así evitar un mayor número de enfermos y de muertos?
El que la mayoría de las personas que han perdido la vida por el Covid-19 hayan sido personas de bajos recursos económicos, que viven en condiciones de hacinamiento, con bajo nivel de escolaridad y sin acceso a sistemas de seguro social, en pocas palabras, personas pobres, pone en entredicho la frase tantas veces fue repetida por los representantes de la cuarta transformación, que primero son los pobres.
La secuela trágica que dejarán las omisiones y errores de las políticas del Gobierno federal para atender la emergencia sanitaria, marcarán este sexenio, pero marcara toda una generación de mexicanos.
Además de la dolorosa pérdida de vidas humana, entre las consecuencias por la fallida política del Gobierno federal, está la reducción del bienestar de millones de personas.
Hoy hablaremos del cierre prolongado de la actividad económica por la pandemia provocó la pérdida de millones de empleos y de muchísimos, muchísimos cierres de pequeños negocios en el país, más de un millón de empleos formales se perdieron, empleos con prestaciones sociales.
Con la incipiente reactivación de la economía mexicana, se empieza a vislumbrar un panorama poco prometedor: No se recuperarán en el corto ni mediano plazos los empleos formales que hemos perdido y aumentará la ocupación informal, que carece, entre otras cosas, de seguridad social.
Millones de familias que perdieron sus ingresos, ahora tendrán que obtenerlos en un sector donde no tienen una estabilidad laboral.
Nuevamente estamos frente a otra decisión equivocada de este gobierno, que va a contracorriente de las recomendaciones de los organismos como la Comisión Económica para América Latina o incluso la propia ONU.
La decisión de no realizar transferencias monetarias a aquellos trabajadores que sufrieron una reducción en sus ingresos sigue siendo una necedad irresponsable.
No estamos hablando del rescate a grandes empresas de ricos, estamos hablando del rescate de personas que se quedaron sin trabajo, de personas que ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos hablando de rescatar esos pequeños negocios como la tiendita de la esquina.
Nuevamente resulta obligada la pregunta: ¿Qué no son prioridad para el gobierno los más desprotegidos?
Toda acción, en este caso, toda inacción tendrá su consecuencia.
La Coneval ha estimado en cerca de 10 millones el número de personas que engrosarán las filas de la pobreza y un número similar caerán en la pobreza extrema, ante la falta de una política social que ayude a mitigar los efectos de las crisis económica y sanitaria.
Cabe señalar que el aumento de la pobreza en México es un pronóstico que ha dado la CEPAL y la propia ONU.
Los avances alcanzados en el combate a la pobreza en los últimos años se irán por la borda en estos meses debido a la falta de una política social solidaria en estos momentos difíciles.
En México aún no es posible que los estudiantes regresen a la escuela de manera presencial, no se ha establecido un sistema de clases a distancia que dé certeza a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
Sin embargo, los hogares de escasos recursos carecen de los medios para mantener a sus hijos en las clases virtuales: 11 por ciento de los hogares de las zonas rurales, alrededor de 14 millones de personas, no cuentan con televisión y cerca del 90 por ciento de los hogares con menores ingresos no tienen acceso internet.
Lo anterior, junto con la complicada situación económica que padecen estas familias, anticipan una mayor deserción escolar en nuestro país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que, a raíz de la pandemia, en México poco más de 1.3 millones de adolescentes y jóvenes dejarán de estudiar, abandonando su pase al nivel medio superior y superior, en el presente ciclo escolar.
La educación es la única vía posible para poder aspirar a una mejor calidad de vida en el futuro.
¿Qué futuro les espera, pregunto yo, a esos miles de adolescentes y jóvenes?
La respuesta solo es una por parte de este gobierno: más desigualdad y más pobreza.
Como podemos observar, las malas decisiones del gobierno tienen los resultados devastadores en la vida de las personas.
Pero en el PAN, en el PAN pensamos que esto no se puede quedar así, no se puede quedar en solo minutos de silencio y condolencias.
Toda acción y comportamiento de los servidores públicos deben de tener consecuencias, máxime si esas acciones u omisiones se traducen en la pérdida de vidas humanas.
Recientemente, fuimos testigos de una explosión en Líbano que causó la muerte de cientos de personas y lesiones a miles. Se determinó que la explosión fue el resultado de la falta de vigilancia y adecuado confinamiento de una sustancia altamente explosiva, por parte de las autoridades. La consecuencia fue la dimisión del gabinete del gobierno en turno.
El Gobierno de la República no va a reconocer su responsabilidad por la catástrofe de la pandemia, pero las familias de las víctimas sí merecen saber la verdad.
Por eso, vamos a continuar en este Senado de la República, los senadores de Acción Nacional, impulsando la creación de una comisión de la verdad, independiente e imparcial, integrada por expertos en manejo de emergencias sanitarias, en nuestro país y del mundo, una institución de reconocido prestigio, que haga una evaluación exhaustiva sobre las políticas implementadas y la actuación de las autoridades durante la crisis sanitaria.
Vamos a seguir insistiendo en el Ingreso Básico Universal, para el apoyo a las familias que perdieron el empleo y de esos pequeños negocios que hoy han cerrado, y hoy muchos de ellos se fueron a la quiebra.
Vamos a seguir alzando la voz en Acción Nacional por los mexicanos y las mexicanas que más que nunca necesitan de nosotros.
Esto no es lucrar políticamente, esto es un asunto de rendición de cuentas, de transparencia, de justicia.
Los resultados hablan por sí solos: falló este gobierno a las personas que menos tienen; es tiempo de dejar las excusas del pasado y de dar resultados en el presente; es tiempo de verdaderamente que las cosas buenas en nuestro país sucedan.
Muchas gracias.
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